Por: Walter Aldana
Político social y alternativo
Aunque dolorosas, las decisiones gubernamentales se deben tomar; ahí se demuestra la casta, el carácter y el criterio de un gobernante. Me refiero a la aún tardía acción con relación a la investigación que abrió la Procuraduría General de la Nación, el pasado 20 de enero bajo el número E-202-029173, contra Julián Muñoz Imbachí, actual gerente de Emcaservicios, empresa departamental que administra recursos económicos para atender el saneamiento básico de varios municipios del Cauca.
Si partimos de que la moral pública se refiere a valores y normas que rigen y permiten juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, y que la ética estudia la relación con la moral pública y el comportamiento de las personas en una sociedad, clarificando actuaciones entre el bien y el mal, debemos entonces desentrañar lo sucedido.
La ley prohíbe a los funcionarios públicos participar en campañas electorales. Como todo ciudadano, el funcionario puede ejercer el derecho al voto, pero no puede ni debe utilizar su situación de poder para "presionar" decisiones a favor o en contra de un candidato o candidata, partido o movimiento, actuación que se denomina: constreñimiento al elector.
Rueda en redes sociales un audio donde el gerente, de manera velada y haciendo referencia al eslogan de campaña del candidato de "El equipo de la gente", invita a una serie de personas (se cree que funcionarios de la empresa que gerencia), para que le acompañen en la presente gesta electoral y agradece su participación.
Como dice Marlon Brando, en la película de Francis Ford Copola llamada El Padrino, muchos le decimos hoy a los gobernantes: "no insultes nuestra inteligencia". No nos crean tan despistados. Decir que esa grabación fue en otro escenario, es creer que no entendemos, lo que quizás genera mayor irritación en la población.
En una sociedad decente, los habitantes no son presionados por sus gobernantes, se respeta su postura política, no depende de ella la comida de sus hijos; son los méritos y capacidades físicas e intelectuales las que se valoran para su continuidad en el espacio laboral. Es más, el sistema de contratación no permitiría que bellacos obliguen a quienes de ellos depende su vinculación laboral
Es por ello que solicitar al Gobernador Elías la suspensión del mencionado funcionario no es descabellado, es garantizar que no se entrabe la investigación.
Que la investigación duerma el sueño “de los justos”, se convertiría en una nueva burla a la opinión pública y la comunidad que está expectante.
Por encima del querer del actual gobernante regional, debe estar el apego a la ley. Todo estímulo genera una reacción, y el funcionario lo sabe, y por sobre los jueces no deben estar los políticos.