El Senado de la ilegalidad

Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad


El martes 28 de septiembre, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia daba a conocer la apertura de una investigación preliminar a cuarto senadores por el escándalo del contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).


Esta investigación preliminar se abrió en respuesta a dos denuncias de veedurías ciudadanas. La primera de ellas fue interpuesta por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común. Esta denuncia se realizó en contra de los senadores Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amín.


La otra denuncia la realizó Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia RED VER, quien también afirmó que hubo participación en el caso del MinTIC de los senadores Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amín, junto con Daira de Jesús Galvis y Antonio Luis Zabaraín.


Este posible nuevo caso de corrupción, que involucra a senadores del periodo 2018-2022, se suma a una lista de hechos que hacen cuestionar la idoneidad de los perfiles de las personas que llegan a la cámara alta del Congreso.


Ya lo anunciaba la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en 2018, cuando señalaba que 18 senadores se posesionaban con cuestionamientos judiciales o por corrupción. Para la última legislatura de este Congreso, la lista ya asciende a 32 personas del Senado investigadas, acusadas o sentenciadas.


El Partido de la U: el más cuestionado


De los 14 senadores y senadoras que se eligieron por el Partido Social de Unidad Nacional, 9 tienen cuestionamientos.


El caso más sonado es el de Eduardo Enrique Pulgar, sentenciado en junio del 2021 por tráfico de influencias, cohecho y violación de topes electorales. Colaborando con la justicia, acusó al senador José David Name de testaferrato.


Por su parte, la Fiscalía le imputó los cargos de celebración indebida de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades a José Ritter López, en 2018, por irregularidades en contratación cuando fue alcalde de Palmira, Valle del Cauca.


En cuanto a José Alfredo Gnecco, más allá de su cuestionable círculo del ‘Clan Gnecco’, en 2018, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno afirmó haber recibido un soborno del senador por 150 millones de pesos para dilatar un proceso que tenía adelantado en la Corte Suprema de Justicia.

También ese mismo año se le abrió una investigación preliminar a Miguel Amín y a Maritza Martínez por un presunto tráfico de influencias en el Sena, al existir presuntas irregularidades en el manejo de personal y de contratos por prestación de servicios.


Aunque hayan renunciado al partido, los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti llegaron al Congreso por el Partido de la U y le salieron cuestionamientos a cada uno.

Roy Barreras fue denunciado en 2019, ante la Fiscalía y la Corte Suprema, por presuntamente apropiarse de recursos públicos de la ESAP. Sumado a esto, en 2020, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema por una red de corrupción con dineros para el postconflicto. A través de este entramado se negociarían dádivas a cambio de asignaciones presupuestales.


Armando Benedetti fue elegido senador teniendo investigaciones por parapolítica, por un caso de corrupción en el magisterio de Córdoba y por el escándalo de Odebrecht. Este año se le sumó una adicional con la investigación preliminar por el caso MinTIC.


No sobra mencionar que Johny Moisés Besaile se posesionó como senador con investigaciones por el escándalo de Odebrecht, parapolítica y extorsión.


Cambio Radical no se queda atrás


De los 16 senadores elegidos por el partido Cambio Radical, 8 tienen cuestionamientos. Arturo Char, quien se desempeñó como presidente del Senado en la legislatura 2020-2021, es investigado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral y fuga de presos, al ser señalado por la prófuga exsenadora Aída Merlano. Según la excongresista, Char le habría ayudado a escapar de las autoridades en 2019 y, también, habría participado en el entramado para la compra de votos en el Atlántico.


Por su parte, Luis Eduardo Díaz Granados fue vinculado al entramado de corrupción conocido como ‘Operación Quirófano’. Según declaraciones en el 2020 de Jhon Alexander Colmenares, condenado por corrupción en el sistema de salud, Díaz Granados habría participado en esta red en la que altos cargos de la Superintendencia Nacional de Salud elegían ciertas EPS a cambio de dádivas. La Fiscalía compulsó copias sobre este proceso a la Corte Suprema de Justicia.


Didier Lobo Chinchilla, miembro del ‘Clan Gnecco’ en el Cesar, fue sancionado en el 2021 por la Procuraduría General de la Nación debido a sobrecostos en un contrato, para el suministro de paquetes nutricionales, en el municipio de La Jagua de Ibirico.


En cuanto a Edgar de Jesús Díaz, tiene abierta una investigación en la Fiscalía por peculado y celebración indebida de contratos por el contrato 2083 de 2009 que suscribió mientras era gobernador de Norte de Santander.


En lo concerniente a Fabián Castillo, se encuentra investigado por la Fiscalía ante una aparente compra de votos en el departamento de Magdalena.


Temístocles Ortega llegó al Senado con varios cuestionamientos por desviar, presuntamente, recursos públicos a la campaña de Óscar Campo, y por su relación con Leonidas Bustos, acusado de participar en el ‘cartel de la toga’. Para 2019, se conoció que Carlos Bermeo le hizo campaña y realizó donaciones a Ortega.


La senadora Daira de Jesús Galvis ya llegaba con un proceso por concierto para delinquir por haber recibido, presuntamente, apoyo político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2004 y 2006. A este proceso se le suma la investigación preliminar ya mencionada por el caso de Centros Poblados.


La joya de la corona se la lleva Richard Aguilar Villa, capturado el 28 de julio por una serie de irregularidades en varios contratos suscritos durante su periodo como gobernador de Santander (2012-2015). La investigación era adelantada por la Corte Suprema, pero con la renuncia a su curul pasó a manos de la Fiscalía.


El Partido Conservador también tiene la mitad de sus senadores cuestionados


El caso más sonado es el de Aída Merlano, condenada por concierto para delinquir y delitos electorales, en el marco de un sistema de compra de votos en el Atlántico. Fue destituida e inhabilitada por 10 años.


Laureano Acuña Acosta es otro de los congresistas salpicados por el caso Aída Merlano. Ya Pares denunciaba, en 2018, sus cuestionamientos por el sistema de compra de votos en el Atlántico. Posteriormente, fue mencionado por Merlano como uno de los tres responsables de compra de votos.


También por presunta compra de votos, Miguel Ángel Barreto fue demando ante la Corte Suprema en 2019, siendo investigado por corrupción al sufragante, constreñimiento al elector y concierto para delinquir.


Juan Samy Mehreg llegaba al Senado siendo cuestionado por las investigaciones contra su hermano Habib Mehreg, y en 2019 fue salpicado por unos audios que lo vinculaban a una investigación por el escándalo de corrupción de basuras en Dosquebradas, Risaralda.


Entre las personas que ya llegaron al Senado con investigaciones adelantadas en su contra están Myriam Alicia Paredes, por presuntos malos manejos en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE); Juan Diego Gómez, salpicado por el escándalo de Odebrecht; y Nora María García, por sus presuntos vínculos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).


Centro Democrático y el Partido Liberal aportan su cuota


En el 2018, la senadora María Fernanda Cabal fue denunciada, ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente incurrir en el delito de constreñimiento al sufragante. Esto al encontrarse que un contratista les pidió a profesoras de jardines infantiles en Kennedy votos por Cabal a cambio de renovar sus contratos. De esta investigación fueron condenados colaboradores de su campaña, pero Cabal no tuvo que responder ante la justicia.


Siguiendo los escándalos por compra de votos, José Obdulio Gaviria, ya investigado por parapolítica, fue vinculado en 2020 a una presunta compra de votos para Iván Duque, en La Guajira, para las elecciones de 2018. Por la misma razón, el senador liberal Mario Castaño es investigado tras las declaraciones de José Salas, quien le habría conseguido 3.212 votos en Tolima.


En el 2021, fue reactivado el caso por parapolítica en contra de Lidio García. A Julián Bedoya Pulgarín, tras una denuncia realizada por Pares, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por irregularidades en el uso de su investidura, además de haberse anulado su título como abogado, el cual está rodeado de diversas irregularidades. El otro senador liberal investigado es Luis Fernando Velasco, involucrado en el escándalo de Fonade, en el que se habrían adjudicado contratos a cambio de coimas.


El caso emblema del Centro Democrático se trata de Álvaro Uribe, que con una gran cantidad de procesos abiertos, fue por el litigio que tiene con Iván Cepeda que comenzó una investigación en su contra por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. Este proceso llevó a su renuncia al Senado y a que fuera imputado.


Todos los casos acá mencionados contribuyen al descrédito y falta de confianza que se tiene frente el Congreso de la República. La investigación preliminar a cuatro senadores por el caso de Centros Poblados se suma a una lista en la que casi el 30% de los senadores electos en 2018 tienen cuestionamientos, procesos o fueron detenidos.