Por: Oscar A. Chala
investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
El gobierno ha llegado al cenit de su período. Más allá de las conclusiones de los balances que se han realizado al respecto, es posible hacer una cronología de la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro a través de tres grandes escenas, que narran los retos y los problemas que ha tenido este gobierno para consolidar su programa de gobierno, para mover su agenda legislativa y para contener los efectos de los escándalos que han surgido alrededor de sus funcionarios más cercanos.
Primera escena: Entre el Acuerdo Nacional y las marchas opositoras
Fuente: El Espectador.
Los primeros pulsos del gobierno Petro tras la apertura de la segunda legislatura del Congreso se concentraron en profundizar las negociaciones con parlamentarios, mientras el contrapunteo entre las marchas opositoras y a favor del gobierno se mantuvo de manera constante. Sólo entre agosto de 2023 y agosto de 2024, hubo 5 marchas convocadas por la oposición, mientras que el gobierno contestó también con 5 movilizaciones, dos de ellas coyunturales a la elección de nueva Fiscal General.
La mayoría de las manifestaciones de la oposición se presentaron entre agosto y octubre de 2023 y entre marzo y abril de 2024. El gobierno convocó a defender las reformas en septiembre de 2023 y en julio de 2024, cuando en plaza pública sancionó la recién aprobada reforma pensional. Las marchas de febrero de 2024, con ya se enunció, se enmarcaron en presionar a la Corte Suprema para que eligiera a la nueva Fiscal General.
Aunque ya se había rastreado desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que el gobierno se plegaría a la presión que podían ejercer sus bases sociales como herramienta para movilizar su agenda de reformas en el legislativo y para defenderse eventualmente de cualquier amenaza que observara en contra de su gobernabilidad, solo fue hasta el 15 de marzo de 2024, en medio de un discurso en el simbólico monumento de Puerto Resistencia, Cali, que Petro comenzó a hablar de la idea de “poder constituyente” y aterrizó los intentos de radicalización democrática en un concepto que siguió siendo vago, pero que proyectaba la movilización social hacia cualquier forma de transformación institucional si las reformas no eran aprobadas por los canales constitucionales, como fue enunciado ya en esta nota.
De allí surgió el miedo por parte de las bancadas de los partidos en el congreso y de los grandes gremios económicos de que Petro cambiara las reglas de juego y se abocara a una Asamblea Nacional Constituyente.
Por otro lado, Petro anunció en su discurso ante el Congreso el 20 de julio de 2023 que convocaría a un Acuerdo Nacional para concertar sus principales reformas con los partidos políticos y la sociedad civil, como respuesta a la ruptura de su primera coalición de gobierno, fragmentada tras la crisis política de abril de 2023, cuando Petro expulsó a la mayoría de sus ministros de centro en un primer remezón ministerial.
No obstante, este Acuerdo se congeló en la práctica porque el gobierno decidió, por un lado, plegarse a las calles como estrategia de presión, pero también porque las negociaciones particulares con miembros de las bancadas de los partidos independientes que antes hacían parte de su coalición resultaron mucho más eficientes y se tradujeron en apoyos y votos a sus proyectos de reforma.
Así es como a corte del 16 de diciembre de 2023, las tres reformas sociales (laboral, pensional y salud) sobrevivían en el Congreso, con la reforma a la salud habiendo sido aprobada en segundo debate de Cámara el 5 de diciembre y con la pensional con una buena parte de su articulado votado para evitar ser archivada por trámite.
Igualmente, el gobierno logró un avance tímido con los gremios empresariales en la construcción de ese Acuerdo Nacional tras la famosa “reunión con los cacaos” el 21 de noviembre de 2023 que ocurrió en la Casa de Huéspedes de la Presidencia en Cartagena, y que se tradujo en la inversión en algunos proyectos sociales productivos y una agenda de desarrollo económica ligada a la defensa del medio ambiente y la educación. No obstante, este avance ha sido lento, y más allá de algunas iniciativas, el choque entre Petro y los gremios económicos sigue estando latente.
Sólo fue hasta la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior en julio de 2024 que el gobierno volvió a revivir la idea de un gran Acuerdo Nacional, con base en la experiencia de negociación que permitió la aprobación de la reforma pensional y con las gestiones de la exministra Aurora Vergara en consolidar un articulado consensuado con la oposición y los independientes de la Comisión Primera de Senado para la aprobación de la Ley Estatutaria de Educación.
No obstante, ambas experiencias denotaron que ese Acuerdo Nacional puede generar disensos y choques al interior de las bases sociales del gobierno, quienes ya salieron a manifestarse (en el marco del “poder constituyente”) para tumbar lo negociado frente a la reforma educativa, y quienes demostraron que no están tan abiertas a ceder en sus puntos fundamentales con las bancadas políticas del Congreso.
Segunda escena: Entran Olmedo López y Sneyder Pinilla con varios carrotanques de la UNGRD a un bar...
Fuente: El Espectador.
Aunque ya el gobierno venía cargando desde mediados de 2023 con el lastre que había dejado el escándalo de Laura Sarabia y la pérdida de varios maletines con dinero, que llevaron a la muerte del coronel de la policía, Óscar Dávila y revelaron posibles irregularidades en la financiación de la campaña de Petro tras varias confesiones de Armando Benedetti, el 22 de febrero de 2024 estalló el escándalo por sobrecostos de más de 20 mil millones de pesos en la adquisición de 40 carrotanques por parte de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo (UNGRD), revelado por W Radio y El Tiempo, que posteriormente llevó a que Andrés Idárraga, el secretario de transparencia de la Presidencia, indagara al respecto y denunciara el 29 de febrero siguiente a Olmedo López, quien era director de la Unidad y fue reemplazado en su cargo por el exconcejal Carlos Carrillo.
Posteriormente, en marzo de 2024, salió a la luz que también existieron sobrecostos en la adquisición de maquinaria para algunas regiones, donde se identificaron que 63 mil millones de pesos fueron destinados a varios municipios que son bastiones políticos relacionados con Carlos Andrés Trujillo, senador conservador cercano al gobierno.
La crisis desatada por las irregularidades salpicó a la Comisión de Crédito Público del Congreso, desde donde se aprobaron créditos por más de 3.500 millones de dólares al Ministerio de Hacienda y cuyos congresistas han sido cuestionados por ser beneficiarios de contratos entregados desde la UNGRD a cambio de votos a favor de las reformas del Congreso. Además, también resultaron involucrados los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a quienes también se les acusa de recibir 3.000 y 1.000 millones de pesos respectivamente para mover las agendas de reforma del gobierno en las sesiones plenarias de cada cámara.
Congresistas salpicados en el caso de la UNGRD. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Juan Diego Muñoz (Alianza Verde); Julio Chagüí (Partido de la U); Wadith Manzur (Conservador); Liliana Bitar (Conservador); Karen Manrique (Curules de Paz); Iván Name (Alianza Verde); Julián Peinado (Liberal); Andrés Calle (Liberal); Juan Pablo Gallo (Liberal).
Fuente: El Espectador.
Del mismo modo, varios ministros del gabinete fueron acusados de participar en la trama de corrupción. Presuntamente fueron Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y Carlos Ramón González, exdirector Nacional de Inteligencia, quienes dieron la orden para pagar los sobornos y gestionar los contratos a funcionarios de menor rango de los ministerios salpicados y de la UNGRD.
Los dineros de los sobrecostos, junto con los de los contratos adjudicados, fueron utilizados para cubrir los presuntos sobornos entregados a los congresistas y el dinero que se adquirió con prestamistas para poder cubrirlos.
Este escándalo se suma a las investigaciones contra Ricardo Roa y otros miembros de la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022, en la que presuntamente se superaron los topes de gastos de campaña e ingresaron dineros provenientes de fuentes ilegales, luego de que Nicolás Petro, hijo del presidente, fuera capturado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras haber recibido dineros del contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, también conocido como El Turco Hilsaca, y de Manuel Santander López Sierra que estaban destinados para la campaña presidencial.
Asimismo, como consecuencia del choque entre Laura Sarabia —en aquel momento jefa del despacho presidencial— y Armando Benedetti —en aquel momento embajador plenipotenciario de Colombia ante Venezuela—, se revelaron varios audios en los que el exsenador indicó que había conseguido 15 mil millones de pesos para la campaña, que tampoco fueron reportados en los libros contables de las mismas.
Junto a ello, también el Consejo Nacional Electoral tiene un proceso abierto contra la campaña presidencial, luego de que presuntamente no se reportaran varios gastos relacionados con el alquiler y uso de una aeronave para la campaña, a cargo de la empresa SADI S.A.S., así como también se reportó el pago a testigos electorales que tampoco fue reportado en campaña.
Finalmente, también la campaña Petro está cuestionada por el ingreso de 500 millones de pesos por parte de una donación realizada por FECODE, de la que no se conoce su destinación específica en las cuentas de campaña.
Por estos casos, el presidente tiene una investigación abierta en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Frente a la agenda anticorrupción, el gobierno ha quedado en deuda. Aunque planteó la construcción de una Mesa Técnica de Coordinación para la Lucha contra la Corrupción luego del escándalo de los carrotanques de la UNGRD, no ha consolidado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, ni se ha cartografiado el mapa de impunidad en el país. No obstante, según Transparencia por Colombia, el gobierno ha movido en el Congreso el proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción.
Así mismo, Transparencia ha indicado que, aunque la mayoría de las iniciativas de anticorrupción del gobierno se encuentran en avance (33 iniciativas) y en su mayoría son pertinentes (1,57 puntos de 2), su eficacia es corta y no logran reducir los riesgos de la incidencia de la corrupción.
Tercera escena: De la caída de la reforma a la salud a la salvación de la pensional.
El momento más álgido de la agenda legislativa en este segundo año lo vivió el gobierno entre abril y junio de 2024, en el momento de cierre de la segunda legislatura, cuando dos de las reformas sociales que se han convertido en centrales para el gobierno tuvieron su trayecto final, en la que una terminó siendo aprobada por unanimidad en plenaria de Cámara, mientras que la otra terminó siendo archivada posterior a que un bloque de independientes y opositores le haya ganado la partida a la bancada de gobierno en Comisión Séptima de Senado.
Fuente: Noticias Al Día.com.
Tanto la aprobación de la reforma pensional como la caída de la reforma de la salud denotó que la posibilidad de un bloqueo político es poca (aunque latente), y que la agenda legislativa del gobierno se mueve totalmente con negociaciones que suelen ser frágiles, pero que se sostienen en el tiempo y que han soportado, por ahora, la presión social de la oposición.
Desde el gobierno, la presión social sí incidió en la agenda legislativa con el retiro de apoyos a la Ley Estatutaria de Educación previamente pactada con la oposición y los independientes, lo que implica que el gobierno si va a dejar que en el marco del “proceso constituyente” parte de la agenda legislativa sea refrendada en las calles por las bases sociales.
La fotografía que dejan el trámite de las tres reformas sociales es que el gobierno mantiene sus apoyos dentro de los partidos independientes, en los que ha solventado los votos de verdes y liberales que no acompañan al gobierno, así como también contrarrestan los intentos de la oposición por bloquear el trámite de las reformas a través de la ruptura de quórum y del ausentismo. Tal y como está enunciado en el análisis legislativo de Congreso del informe de segundo año publicado por la Fundación, en el congreso el gobierno tiene 53 votos fijos, mientras que en Cámara el gobierno tiene 110.
Fuente: Pares
Con respecto a los tiempos del legislativo, existen graves brechas en el trámite de proyectos de ley, demorándose la aprobación y el tránsito entre comisiones y plenarias incluso más de un año, tal cual sucedió con la reforma pensional, o con tránsitos que ocupan la mayor parte del tiempo de las legislaturas (4 a 6 meses), como la reforma a la salud.
La causa principal que genera estos retrasos son las negociaciones con los congresistas, junto con el pulso político de las bancadas quienes suelen proponer ponencias alternativas, de archivo o proposiciones al articulado, que han ralentizado el trámite de las mismas. Esto deja en perspectiva que los tiempos del gobierno en esta nueva tercera legislatura para tramitar los proyectos de ley restantes es corto, y que en realidad los tiempos dan para que el gobierno pueda mover dos o tres proyectos.
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