El reclutamiento forzado: una amenaza que no cesa contra niños, niñas y adolescentes

Por: Laura Cano

Periodista – Pares


Hace algunos meses, Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, afirmó que “el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una práctica utilizada por los grupos ilegales, que nunca se detuvo a pesar del acuerdo alcanzado con la guerrilla de las Farc”. Lo anterior es un hecho: no solo ha quedado en evidencia en lo que fue el 2020 y en lo que ha sido del 2021, sino que, además, se ha agudizado debido a algunas restricciones a raíz de la pandemia de covid-19.


Sobre lo anterior, institucionalmente también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo. En abril, este organismo de control publicó un informe en el que señalaban varias cosas al respecto. Una de ellas era que, durante el 2020, la entidad emitió 46 alertas tempranas en las cuales se identificó el riesgo del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.


Adicionalmente, se identificó que hay 188 municipios con alerta por este tipo de victimizaciones, es decir, cerca del 18% del territorio nacional está atravesado por esta problemática. En este sentido, hay que señalar que, durante marzo y septiembre del 2020 (meses en que se mantuvieron las medidas de aislamiento más exigentes), la Defensoría del Pueblo recibió 83 denuncias de casos de reclutamiento de menores en diferentes territorios del país.


Sobre estos datos hay que anotar que el 80% de los casos reportados se presentaron en zonas rurales y que las víctimas son menores entre los 8 y los 18 años. El 33% de estas víctimas fueron menores de 14 años y un 59% fueron niños (49 casos). Además, según la información presentada por el organismo, 20 pertenecen a comunidades indígenas y 2 a comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, en el informe se agregaba que “En el año 2021, se han emitido 5 alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Estas cinco alertas se concentran en los departamentos de Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada”.


De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, los grupos que amenazan a las y los menores son numerosos. Entre ellos estarían las disidencias de las Farc, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el EPL. Además, esta victimización tendría relación con grupos como La Mafia, Los Niches, Los Cobra, Los Espartanos y La Local, así como con la llamadas Águilas Negras, Los Rastrojos, La Constru, Los Pachenca, La Oficina, El Mesa, La Oficina del Valle de Aburrá, La Unión, Las Chatas, Los Costeños, Los Pachelly, entre otros.


Por otra parte, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) registró, durante el 2020, 79 eventos de vinculación por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que afectaron, por lo menos, a 222 menores. Esto significa, además, que hubo un aumento de 8 eventos y cerca de 22 víctimas respecto a lo registrado durante el 2019. Adicionalmente, y en concordancia con lo publicado por la Defensoría del Pueblo, según Coalico, Antioquia es el departamento en el que se registran más hechos relacionados a este tipo de victimización, pues de los 79 eventos, 18 tuvieron lugar en esta zona del país.


Bajo Cauca, una zona de alto riesgo para los menores


Como se mencionaba, una de las zonas donde las alarmas están constantemente encendidas es Antioquia, en especial la región del Bajo Cauca Antioqueño, ubicada en el nororiente del departamento, donde se encuentran los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza. Por otra parte, siguiendo la información de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en su Perfil Socioeconómico de las Subregiones de Antioquia publicado en 2019, en el Bajo Cauca hay cerca de 312.331 habitantes, de los cuales, aproximadamente, el 52,7 % tiene menos de 25 años.


Lo anterior es importante mencionarlo, pues justo en esta región se viene agudizando la problemática relacionada con la vinculación de niños, niñas y adolescentes a estructuras armadas. Además, esta zona es el epicentro de múltiples violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por ejemplo, el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta que, durante el 2020, 3.340 personas en los seis (6) municipios del Bajo Cauca fueron desplazadas. La mayoría de estos desplazamientos ocurrieron a causa de los constantes enfrentamientos que sostienen el Clan del Golfo y los Caparros.


Sobre los grupos mencionados, hay que decir que han venido ganando poder en el territorio, por lo menos, desde principios de 2017 con la reconfiguración de las Estructuras Armadas Ilegales (EAI) en la subregión del Bajo Cauca. Esto ha sucedido a causa de “los espacios vacíos dejados por la guerrilla de las FARC que posibilitó el acceso y control de las cadenas productivas de las economías ilegales. Como por la desconexión entre la comandancia de las AGC en el Urabá con las franquicias que tenía negociadas con los herederos de los extintos Bloques Central Bolívar y Mineros de las AUC, representados principalmente por el Bloque Virgilio Peral Arenas (BVPA) o como se conocen ahora ‘Caparrapos’. Por último, por la entrada de un nuevo oferente en el mercado del narcotráfico en la subregión, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que rompió con la hegemonía de las AGC apoyadas por el Cartel de Sinaloa”, señalaba la investigadora Ximena Sierra en su artículo “El Bajo Cauca Antioqueño: tres años de guerra y dolor”.


Justamente, el Clan del Golfo y Los Caparros son las estructuras armadas que en esta región vienen agrandando sus filas, a través del reclutamiento, con el objetivo de tener la capacidad de participar en el enfrentamiento en el que se encuentran tanto por controlar el territorio, como por las rentas mineras y por las rutas del narcotráfico.


Se informaba a través del portal de Verdad Abierta que, en esta zona, los métodos empleados por estas estructuras criminales para el reclutamiento de menores son seducir, cooptar y presionar: “Estos grupos van seduciendo a los pelados con trabajos los fines de semana: se los llevan a cobrar las extorsiones o a ‘panfletiar’ por las veredas o los ponen de ‘campaneros’ para que vigilen la entrada de personas extrañas o Fuerza Pública. Les dan un pago y lo siguen vinculando hasta que el pelado se tiene que salir de estudiar para irse con ellos”, señaló un funcionario de la Defensoría del Pueblo consultado por Verdad Abierta.


“Esta situación en el Bajo Cauca tiene relación con una garantía de derechos de los menores que no ha sido plena, por lo que hay una responsabilidad gubernamental en términos de la eficacia y eficiencia de las instituciones para salvaguardar a las comunidades; hay deficiencias en temas educativos, de salud, laborales, por lo que los actores armados ilegales aprovechan esta situación para amenazar, controlar y determinar el comportamiento de la comunidad. Todo esto atravesado con la persistencia de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, lo que también confluye en todo este panorama”, expuso Julia Castellanos Medina, investigadora del Observatorio de Niñez y Conflicto de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico).


Además, acentuando la situación, no hay que olvidar que el cierre de las escuelas, dadas las restricciones por la pandemia de covid-19, también ha sido otro detonante de esta problemática. Esto debido a que para muchos y muchas menores este espacio terminaba siendo un escenario de protección que, al ya no estar presente, deja a muchos niños y niñas al frente de situaciones como violencia intrafamiliar y la constante amenaza de la presencia de actores armados en esta región que habitan. “Esto supuso unos riesgos muy altos para las y los menores, quedando más vulnerables a las dinámicas de los actores armados. Que la sociedad haya estado encerrada durante este periodo, permitió que los actores tuvieran más control territorial y, además, fueran menos visibles en sus acciones. En ese periodo se dieron nuevamente reclutamientos masivos en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, en donde efectivamente los grupos hacían uso de la seducción económica, e incluso con sustancias psicoactivas para reclutar a los menores, o, por otra parte, a través de la amenaza o la cooptación a la fuerza”, adiciona Castellanos.


Las historias detrás del reclutamiento


En agosto de 2020, Wilmar Román Mona, de 18 años, y Luis Mateo Quintero, de 21, vivían junto a sus familiares en la ciudad de Medellín: Mateo (el menor de la casa) junto a sus dos hermanas y su mamá, y Wilmar, por su parte, con su madre, Janeth Correa, y sus dos hermanas mayores.

A pocos días de cumplir años, Mateo decidió ir a Montería. Para ello, tomó una mula que realizaba esa ruta. Mientras que Wilmar, como cuenta Janeth Correa, su madre, “se fue a visitar un amigo acá en Medellín, pero solo a visitarlo y de un momento a otro apareció en Montería sin ropa, sin nada”.


Estas historias se suman a las otras tantas que durante el último año se han conocido de jóvenes que viajan en este tipo de vehículos, de donde son bajados a la fuerza y luego son llevados a integrar los grupos armados ilegales con presencia en el Bajo Cauca, zona en la que los retenes para reclutar menores se han vuelto parte del paisaje.


Hay que recordar que hace tan solo un par de meses en Tarazá, Antioquia, a través de un operativo de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, se pudo realizar el rescate de dos menores de edad de 13 y 17 años reclutadas por Los Caparros. Recientemente, también se dio el rescate de uno de los ocho jóvenes que habían sido reclutados en febrero de 2021 en esta región, bajo la misma modalidad, cuando viajaban desde el Eje Cafetero hacia la Costa Atlántica.