Por: Dennis Arley Huffington. Investigador Regional Pares-Pacífico
Varios informes de las organizaciones sociales sobre la situación humanitaria en Buenaventura en el último año, las dos Alertas Tempranas y los diez Informes de Riesgo de Inminencia de la Defensoría del Pueblo, prendieron las alarmas de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alcaldía Distrital, medios de comunicación y líderes de los consejos comunitarios ante la violación de derechos contra las comunidades asentadas en los ríos, zona carreteable, playas y zona urbana; lo que propició que la última semana del mes de enero se realizara una misión humanitaria para la verificación de los riesgos en algunas de las zonas rurales del Distrito.
En el 2019 los homicidios en Buenaventura registraron un aumento del 25% con relación al año anterior, según la Policía Nacional son tres años seguidos aumentando, así mismo, los casos de desaparición forzada presentaron un incremento del 50%. Estos eventos del deterioro de la seguridad están estrechamente relacionados con los reacomodamientos de los grupos armados y con la disputa territorial que se presenta en el Distrito. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 007-19 sobre el casco urbano y 079-18 sobre las cuentas de los ríos de Buenaventura.
Desde el muelle turístico de Buenaventura 40 personas delegadas de organizaciones internacionales, nacionales, medios de comunicación y ministerio público, atendieron el llamado y salieron en tres grupos. Foto: Dennis Arley Huffington.
La Misión Humanitaria Buenaventura 2020
Desde el muelle turístico de Buenaventura 40 personas delegadas de organizaciones internacionales, nacionales, medios de comunicación y ministerio público, atendieron el llamado y salieron en tres grupos:
El primero, los convocantes, de los cuales hicieron parte el Proceso de Comunidades Negras – PCN –, la Alcaldía Distrital y NOMADESC.
El segundo grupo conformado por los participantes, integrados por el Programas Somos Defensores, el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, la Fundación Paz y Reconciliación oficina PARES-Pacífico, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca – ASOM, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC, Grupo de Académicos en Defensa del Pacífico, el Consejo Comunitario del Río Naya, el Consejo Comunitario Río Calima, el Consejo Comunitario del Río Cajambre, la Asociación de Territorios Ganados al Mar, Hearth Alliance, Consorcio Mapa, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Mujeres Indígenas y Negras Volviendo Juntas a la Raíz, Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales y Guardia Cimarrona,
Y, el tercer grupo de acompañantes compuesto por Telepacífico, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos – MAPP OEA –, la Defensoría del Pueblo regional pacífico y la Procuraduría General de la Nación.
Comunidades asediadas por los grupos armados
La misión tuvo su inicio con un recorrido desde el casco urbano de Buenaventura hacia la cuenca del río Naya, una comunidad compuesta por 22.814 habitantes dividida en Alto Naya, Medio y Bajo Naya y Bajo Naya. Sus principales veredas son: La Concepción, San Francisco y Puerto Merizalde, organizadas como Consejo Comunitario de la cuenca del río Naya.
En el 2019 los homicidios en Buenaventura registraron un aumento del 25% con relación al año anterior, según la Policía Nacional son tres años seguidos aumentando, así mismo, los casos de desaparición forzada presentaron un incremento del 50%. Foto: Dennis Arley Huffington.
Posteriormente se realizó un recorrido por la cuenca del río Yurumanguí, conformada por 13 veredas: El Encanto, Barranco, Primavera, Veneral, Papayo, San Miguel, San Jerónimo, El Queso, San José, San Antonio, Águila, San Antoñito y Juntas, donde conviven alrededor de 3.000 habitantes, organizados mediante la autoridad territorial del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí.
La tercera cuenca de verificación fue la del del Consejo Comunitario Río Cajambre, con 3.589 habitantes y compuesto de 18 veredas: Barco, Aragón San pablo, San Isidro, Vicente, Chorro, Silva, Fragua, Guapisito, Boca del Brazo, Playita, Guayabal, Timba, Timbita, Punta Bonita, Pital, Ordoñez, El Mico y El Coquito.
Seguido de la cuenca del río Raposo dividido en habitan 13 veredas: Santa Ana, Murillo, Bello Horizonte, Cocalito, Guadualito, Tigre, Bella Vista, Auca, Peña Blanca, Calle Honda, San Antonio, San Francisco, Caimito y Cacoli, donde habitan 2.500 personas. Finalmente, Bajo Calima, que compone el Corregimiento numero 1 de Buenaventura y cuenta con una población aproximada de 7.000 habitantes.
Los hallazgos de la misión
Mediante comunicado conjunto entre las organizaciones delegadas, la misión verificó “la violación de normas internas y protocolos internacionales que garantizan los derechos étnicos territoriales en cinco (5) ríos de la zona rural de Buenaventura y las condiciones de vulnerabilidad a causa del profundización del conflicto a raíz de la presencia del ELN, las Disidencias de las FARC, grupos paramilitares, Armada Nacional, y actores de guerra no identificados que ponen en riesgo la vida de la población civil, generando desplazamiento forzado, confinamiento, desintegración comunitaria y cultural, riesgo de reclutamiento, abuso sexual violento, especialmente a mujeres y niñas” (Misión Humanitaria Buenaventura 2020).
La comunidad del río Naya atraviesa una situación compleja, integra una ruta del narcotráfico que une el norte del cauca con Jamundí actualmente disputada por el ELN, las disidencias de las FARC, carteles colombianos y los carteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa. Además, la comunidad enfrenta el miedo de sufrir un irreversible daño ambiental sobre sus territorios por 5 concesiones mineras que advierten se han otorgado en el alto del río violando la normatividad existente que protege los territorios colectivos.
Yurumanguí se concibe como un ejemplo de resistencia y resiliencia por parte de su comunidad, tiene el honor de seguir siendo un territorio libre de cultivos ilícitos y de consumo de drogas. Como consecuencia, la comunidad vive en constante riesgo producto de las amenazas de los grupos armados ilegales contra sus líderes.
Cajambre es una comunidad dedicada principalmente a agricultura, raspar caña, y comercialización de viche. A diferencia de Yurumanguí, en sus territorios hay presencia de cultivos ilícitos en la parte alta del río rodeados de minas antipersonas. El territorio lo disputan principalmente el ELN, las disidencias de las FARC y grupos no identificados.
Raposo es la cuenca con mayor riesgo según la Defensoría del Pueblo y lo verificó la misión. Ha habido enfrentamientos entre los grupos pos-FARC y el ELN, además la reciente amenaza de las AGC/Clan del Golfo de entrar a disputar el control territorial del río. Sumado a ello, la Armada Nacional hace presencia en medio de la población, lo que representa un alto grado de peligro para la población civil, teniendo en cuenta que en el conflicto armado no se respeta el principio de distinción del DIH.
El Bajo Calima estuvo bajo el control de las FARC hasta su desmovilización producto de los acuerdos de paz. Sin la antigua guerrilla, pasó a ser un territorio en disputa entre el ELN y las AGC/Clan del Golfo, pues representa la entrada al casco urbano de la ciudad desde el interior del país.
La coca en el Bajo Calima: a pesar de que se verificó la existencia de cultivos ilícitos en sus territorios, las comunidades del río Calima no reconocen la coca como un problema, en el sentido que no se encuentran grandes extensiones de sembrados debido al control social de la comunidad mediante el rechazo a esta práctica, igualmente, por la supreviviencia de una economía campesina con cultivos tradicionales como la papa china, el plátano, la yuca, entre otros.
La voz de las cuencas de los ríos
‘Las cuencas de los ríos también somos Buenaventura’, es el llamado que hace la comunidad de las cuencas del Naya, Yurumanguí, Cajambre y Raposo al gobierno nacional por el abandono, la situación de vulnerabilidad e inseguridad en el que se encuentran.
A pesar del alto riesgo en materia de seguridad y la forma como ha escaldo el conflicto armado en estos territorios, las voces de la comunidad se levantaron durante la Misión Humanitaria para pedir al gobierno nacional mayor atención sobre sus territorios.
Demandan mejora en las infraestructuras de los centros educativos; en Puerto Merizalde, vereda de la cuenca del río Naya se comenzó la construcción de un colegio que nunca se terminó, uno de los llamados es a culminar la obra que beneficiaría a más de 1.000 niños y jóvenes. Al centro de salud, le hace falta equipamientos y personal médico que garantice el servicio optimo a la comunidad.
A pesar del alto riesgo en materia de seguridad y la forma como ha escaldo el conflicto armado en estos territorios, las voces de la comunidad se levantaron durante la Misión Humanitaria para pedir al gobierno nacional mayor atención sobre sus territorios. Foto: Dennis Arley Huffington.
La comunidad de Cajambre hace un llamado para activar en sus veredas alternativas productivas debido a que estas son limitadas; que se mejore el centro de salud “que prácticamente no existe”. Afirman que afortunadamente cuentan con sabedores de medicina tradicional, pero, ante situaciones de emergencia no pueden ser tratadas de esa forma.
En Cajambre la lancha médica encargada de trasladar los pacientes hasta el casco urbano de Buenaventura se encuentra deteriorada, y la lancha del consejo comunitario no puede transitar fuera de la cuenca por amenazas por parte de grupos armados ilegales. Además, expresaron que no cuentan con un transporte para que los niños se dirijan al colegio de manera segura, lo hacen en canoas, lo que representa un peligro para ellos la mayor parte del año que el río está crecido. Y, debido a la situación de seguridad que se vive en la zona, los docentes no están teniendo dificultades para llegar a dar las clases.
En Raposo la situación no es mejor, a la inseguridad se suma la falta de infraestructuras adecuadas para educación y salud, los constantes robos de motores y pertenencias a las lanchas que transitan por los ríos.
Reclamos al Ministerio Público y las autoridades
La comunidad del río Calima por su parte demandan mayor compromiso de la Procuraduría y otras entidades del estado en la exigencia del cumplimiento de derechos y acuerdos con las comunidades, específicamente en el sentido de hacer uso de su papel sancionatorio disciplinario con los funcionarios que recurrentemente se niegan a dar buen término a las demandas y derechos de las comunidades.
También manifestaron una sensación de invisibilidad como comunidades rurales, reflejada en la ausencia de su participación en el diseño de los planes de prevención y contingencia y en la construcción de la política pública con enfoque étnico; a lo que proponen sea realizado mediante la figura de “consulta al tejido social”.
Finalmente, las comunidades de las cinco (5) cuencas de ríos que hicieron parte de la Misión Humanitaria hicieron el llamado enfático al gobierno nacional del presidente Iván Duque en respetar e implementar los acuerdos de paz firmados con las FARC y retornar los diálogos con el ELN para buscar una salida negociada a la guerra. Para ellos, significaría un parte de tranquilidad y una luz de esperanza para que retorne la paz a sus territorios que el conflicto armado les arrebató.