Por: Alejandro Jiménez, Investigador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
En lo corrido del año 2016, aun cuando ya era previsible el carácter irreversible de la suscripción de un acuerdo de paz entre la otrora guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, había un sinsabor generalizado en algunas regiones del país por los posibles brotes de violencia. En estos lugares aún era inimaginable la desaparición por completo del silbido de las balas, las incursiones armadas en asentamientos rurales y urbanos; una de estas zonas era el Catatumbo.
Para ese momento, en medio de tertulias y de algunos intercambios con amigos y conocidos, algunos de ellos avezados defensores y defensoras de Derechos Humanos de la región, coincidíamos en que la conflictividad existente en el Catatumbo sería una piedra en el zapato para la consolidación de esa paz territorial, cacareada desde el nivel central mientras se guardaba aún la gran brecha entre las decisiones del nivel central frente a lo territorial, en las que el Estado aún no lograría llegar para consolidar su deuda histórica con las comunidades de garantizar el pleno goce de sus derechos.
La extensión de cultivos de uso ilícito sumado a la alimentación de otras rentas ilegales, la existencia de conflictividades territoriales de carácter intercultural entre indígenas y campesinos, las tensiones entre modelos de desarrollo como la explotación primaria de recursos no renovables vs. la producción campesina agroalimentaria, las agresiones y la impunidad contra líderes sociales y, tal vez la más compleja, la creciente actividad bélica de las estructuras del Frente de Guerra Nororiental del ELN y del reducto del Frente Libardo Mora Toro del EPL, ya se preveían como grandes obstáculos para la consolidación de la paz en la región. A pesar de la disminución de la violencia del conflicto armado, la desactivación armada por parte de las estructuras del Frente 33 de las FARC no serían más que un pequeño aliciente ante el convulsionado panorama, ya que existía el gran miedo de un copamiento territorial violento a raíz de posibles disputas por las rentas ilícitas. Todo esto junto era la receta para que el futuro del postconflicto en la región se mostrase bastante endeble y esquivo si el Estado Social de Derecho no lograba, por un lado, dar cumplimiento a lo pactado y, seguidamente, su consolidación territorial con medidas que trascendieran el plomo y la bota militar.
Pues así sucedió. Dos años después, y pasados 16 meses de la firma del Acuerdo de Paz, esos espectros que suscitaban temores previos a la refrendación y posterior implementación del acuerdo de paz ya pasaron a ser una realidad latente ante la negligencia estatal en el cumplimiento de lo pactado en esta región: en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, el 9 de septiembre del 2017 se firmó el primer pacto colectivo y cuatro días después llegaron más de 200 hombres del ESMAD escoltando a los erradicadores, suscitando un choque entre fuerza pública y campesinos manifestantes; de otro lado, más de 300 familias campesinas fueron sacadas de la vereda La Cooperativa Saphadana en Convención después del ultimátum de la comunidad Barí, luego de haberles permitido asentarse durante diez años en su territorio ancestral tras la violenta arremetida paramilitar en la zona[1]; además, casos de victimización como la desaparición del líder comunal Henry Pérez siguen en la impunidad y, así mismo, las agresiones contra líderes sociales de la región continua, entre estos se han registrado 4 atentados y 5 homicidios.[2] A su vez, para algunos integrantes de la otrora guerrilla de las FARC su suerte también ha estado al filo de la navaja, toda vez que en San Calixto y El Tarra han sido asesinados 2 de sus excombatientes.
De otro lado, la afectación a la población civil por parte de los grupos armados, legales e ilegales, transita en la constante infracción al principio de distinción del DIH, escenario que no es novedoso durante el desarrollo del conflicto armado interno colombiano, pero preocupa que la vida e integridad de los civiles siguen siendo consideradas como el centro de gravedad de las partes en combate, entendido como el objetivo donde se debe atestar el golpe decisivo en materia política y militar. Esto ha conllevado a múltiples violaciones de los Derechos Humanos con ocasión de algunos operativos realizados por la Fuerza Pública y en razón de la atípica guerra desatada entre ELN y EPL. Entre algunos hechos relevantes a destacar se encuentra lo sucedido en inmediaciones a la base militar en el corregimiento de Orú en marzo del 2017, cuando se presentó una manifestación de personas de las comunidades de Pachelly, Versalles y Orú luego de la detención de unos presuntos contrabandistas de gasolina; las exigencias a los militares era la liberación de estas personas, lo cual fue disipado por las balas de la fuerza pública que acabaron con la vida de un hombre y dejaron heridos a otros dos. Por su parte, la Fuerza de Tarea Vulcano se refirió al hecho como un ataque realizado por parte del EPL, banalizando su responsabilidad ante la agresión contra la población civil.
De otro lado, la reciente oleada de confrontaciones entre miembros del ELN y el EPL desatadas desde el 14 de marzo, han dejado a más de 20.300 personas con afectaciones humanitarias de 35 veredas de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Sardinata, San Calixto y Teorama; más de 12.500 personas con restricciones a la movilidad y al acceso a bienes y servicios básicos de agua, salud, educación y alimentación.[3] A esto se suma la incursión de militantes del ELN en el corregimiento de Filo El Gringo para dar con el paradero de milicianos, colaboradores y familiares del EPL.
En medio del marasmo que aún hoy se percibe frente a las nuevas oleadas de violencia tras 16 meses de la firma del acuerdo de paz con las FARC, iniciativas y organizaciones campesinas, comunales, indígenas y sociales de paz del Catatumbo aún claman por una atención y gestión de las conflictividades por parte del Estado para cerrar el capítulo de la violencia. Es un clamor de paz generalizado que se escucha como un eco en distintos parajes de la Colombia profunda, lugares donde los ciclos de violencia se resisten a desaparecer, justo donde el Estado aún no ha logrado consolidarse como autoridad reguladora de la vida y de las conflictividades sociales, ni como ente garante del goce efectivo de derechos y de exaltación de la vida y la dignidad humana en el marco de la construcción de paz.
Aún así queda mucho camino y mucha más esperanza para lograr una Paz Completa.
Nota: Al cierre de esta edición, se conoció sobre el secuestro de cuatro personas en la cabecera municipal de Teorama; las víctimas son Arturo Baene, Ronald Montejo, Leonardo Pallares y Yulbreider Pallares. Se presume que fueron plagiados por integrantes del ELN.
Fotos: Alejandro Jiménez (2016)
[1] La comunidad campesina de aproximadamente 2000 personas se desplazó hacia el sector de Caño Tomás, lugar donde se instalaron en refugio humanitario. Amparados por la sentencia T-052 de 2017 para la resolución de conflictos territoriales, las comunidades exhortaron al gobierno nacional para que la Mesa Consultiva entre el pueblo Barí y el campesinado sesionara de manera extraordinaria, en razón de darle trámite a la crisis desatada en ese lugar.
[2] Mediante el observatorio de violencia política, la Fundación Paz & Reconciliación registra este dato desde el 24 de noviembre hasta el 3 de abril.
[3][3] Cifras proporcionadas por reporte humanitario de OCHA y UMAIC del 26 de marzo.