Por: Guillermo Segovia Mora
Abogado y politólogo
Hoy casi nadie discute que el voto o sufragio universal, libre, secreto y directo en elecciones transparentes y legítimas es el más poderosos instrumento ciudadano de participación, entre otros fines, para expresar preferencias políticas, apoyar propuestas acerca del rumbo que debe tomar un país y escoger a quienes deben orientarlo.
De acuerdo con la Constitución de 1991, carta rectora de nuestra institucionalidad: “El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos” (Art. 258). Para garantizar ese mandato, se crearon o adecuaron instituciones y mecanismos, y el Código Penal contempla varias conductas punibles si se incurre en desacato.
En la mayoría de las democracias, el sufragio universal ha sido una conquista tras siglos de exclusión de amplios sectores de la sociedad, puesto que en los albores de la democracia liberal ese derecho estuvo sujeto a la posesión de propiedades, niveles de escolaridad, mayoría de edad y otras formas de exclusión de los analfabetos, los pobres y las mujeres. Las luchas de las sufragistas fueron heroicas en Inglaterra, España y Argentina, solo por mencionar algunos países.
Colombia hace parte de esa historia. Las constituciones posteriores a la independencia impusieron el voto censitario, solo podían ejercerlo los hombres mayores de edad, casados, que supieran leer y escribir y que poseyeran propiedades. Estaban impedidos esclavos, analfabetas, mujeres y la gente sin bienes materiales.
La Constitución de 1853 reconoció el derecho al voto a los mayores 21 años, propietarios y casados, y a los descendientes de esclavos, e impuso la votación directa y secreta para elegir presidente, vicepresidente y otras dignidades. De forma efímera e irrealizada, al parecer por primera vez en el mundo, el Estado de Vélez (hoy Departamento de Santander) reconoció el derecho al voto a la mujer. En 1856 el conservador Mariano Ospina Rodríguez fue el primer presidente de Colombia elegido con el sistema de sufragio universal, reforma de corta duración en medio de las constantes guerras civiles.
La Constitución liberal de 1863 facultó a los estados federales para establecer sus leyes electorales, y la de 1886, “La Regeneración” conservadora de Núñez y Caro, impuso la restricción de saber leer y escribir –con la mayor parte de la población analfabeta- y tener ingresos anuales de más de quinientos pesos, o propiedades con valor superior a mil quinientos pesos.
Las sangrientas guerras civiles de 1860-62 y de 1899-1902 o “Guerra de los Mil Días”, tuvieron como causa disputas electorales por aquello de que “el que escruta elige”. La elección directa de presidente de la República, restringida a quienes supieran leer y escribir, tuvieran una renta anual de trescientos pesos o propiedad raíz de mil pesos, se estableció en 1910. El sufragio universal masculino se consagró en la reforma constitucional liberal de 1936.
En 1954, la Asamblea Constituyente de la dictadura de Rojas Pinilla, tras varios años de acción pública de varias lideresas, y contra el criterio machista predominante acerca de la inferioridad de la mujer y el tradicional estigma de que se trataba de una avanzada izquierdista, reconoció el derecho al voto a la mujer, ejercido por primera vez en el plebiscito de 1957 que, tras el derrocamiento civil de la dictadura, aprobó la creación del acuerdo bipartidista (liberal-conservador) del Frente Nacional.
El voto se consolidó como mecanismo de validación electoral de la alternación presidencial entre liberales y conservadores, como forma de apaciguamiento de la Violencia de los años 50. Un pacto de carácter excluyente, al dejar por fuera opciones políticas de otro signo, que influyó en el alzamiento armado y llevó a líderes de izquierda como el padre Camilo Torres a promover el abstencionismo activo. Épocas en que los partidos dominantes impusieron la “dictadura del bolígrafo” mediante la cual los directivos imponían candidatos y dignidades.
Como gran paradoja de la democracia colombiana que, no obstante su carácter a veces más formal que real, es considerada una de las más sólidas y estables de América, en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 se produjeron anomalías que validan la comisión de un fraude por parte del bipartidismo contra el exdictador y líder populista Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular. Esos hechos justificaron la creación del insurgente Movimiento 19 de Abril, en el que militó el actual candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.
En 1975 se estableció la mayoría de edad y el derecho al voto a los 18 años. En las elecciones presidenciales de 1990 se utilizó por primera vez la tarjeta electoral, facilitada por la autoridad electoral, en reemplazo de la sesquicentenaria papeleta a cargo de los propios partidos, vigente desde 1853, que facilitaba el fraude electoral y fue causa de varios de los conflictos civiles y la Violencia de los años 50.
En 2004 se adoptó el voto electrónico, que como muchas de las innovaciones en la materia sigue siendo parcial, como deficitario y sinuoso es el sistema electoral. En los comicios presidenciales de 2018 se produjo la mayor votación de la centroizquierda en su tortuosa participación electoral, llevando a Gustavo Petro a la segunda vuelta, a pesar de las desventajas implícitas en un sistema electoral adverso y alianzas y apoyos cuestionados de su adversario.
En la recta final de las elecciones presidenciales de 2022 se enfrentan, con posibilidades, Federico Gutiérrez, el candidato vergonzante y de forma conveniente distanciado del desprestigiado gobierno Duque y su gestor Álvaro Uribe; Sergio Fajardo, quien quedó atrapado entre ante el desafío de audacia para cambiar y el supremacismo ético; Rodolfo Hernández, incierta novedad de talante autoritario y poco escrupuloso, fabricada en una buena estrategia publicitaria; y Gustavo Petro, quien, consciente de las dificultades de su apuesta ante las resistencias impuestas por el establecimiento, trazó una estrategia electoral osada y ganó la posibilidad de imponerse por interpretar las angustias y la crisis nacional, en una propuesta de cambios orientada por la alianza étnico popular y de izquierdas Pacto Histórico y apoyada por una amplia convergencia política.
Sin ser una reacción excepcional en la historia, frente a la erupción de alternativas, la actual andanada desde las fuerzas y figuras del establecimiento y su gobierno contra la candidatura de Gustavo Petro, reflejan la angustia de una república señorial construida sobre la violencia y el privilegio como derecho, sin reparar siquiera en que esas actuaciones contravienen el espíritu democrático y pluralista de la Constitución de 1991 y constituyen flagrantes violaciones al régimen disciplinario, en el caso de los funcionarios, y además, junto con los particulares, al Código Penal, por configurar delitos como constreñimiento al elector, acoso laboral o pánico económico.
Voceros de negociantes han calumniado al candidato, distorsionado a interés sus propuestas, ofrecido sabotajes y ultimado a sus empleados. Se denuncian atentados fallidos, compra masiva de votos y la Registraduría es acusada de forma risible de alentar un fraude por quienes la manejan, en contra de ellos mismos. A pocas horas del evento electoral, aún se rumoran intentos de “guerra sucia” para desprestigiar a Gustavo Petro, que parece blindado contra cualquier infamia.
Circulan cláusulas contractuales condicionantes y hasta una “Guía para sobrevivir a la extrema izquierda” que induce al temor, tergiversa las propuestas de Petro y orienta el sabotaje económico a través, entre otras fórmulas, del desfinanciamiento del país vía colocación de activos en el exterior, diversificación globalizada del patrimonio, Bitcoin, desvío a paraísos fiscales, migración de empresas y emigración digital y humana. Los principales medios de comunicación guardan las apariencias para, entre líneas, sembrar dudas y resistencia.
En ese escenario, surge contundente el poder del voto. En el cierre de su campaña, el domingo 22 de mayo, en una Plaza de Bolívar rebosada como nunca antes, Gustavo Petro y la candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, por primera vez en la historia de Colombia una mujer afrodescendiente, llamaron a los ciudadanos a liberarse y ejercer su soberanía para respaldar la propuesta de cambio. Petro acudió a la figura del bolígrafo, en ocasiones anteriores símbolo del manejo de los gamonales, para indicarle al electorado que ahora será distinto: frente al tarjetón, la elección estará en sus manos. Y ojalá se respete.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.