El plazo y una equivocación

Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares

El Gobierno de Iván Duque y, principalmente, su partido, el Centro Democrático, han tomado dos grandes decisiones frente al modelo de justicia transicional creado en el marco del proceso de paz. El acuerdo creó la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual es la encargada de revisar y juzgar todo lo ocurrido durante el conflicto armado. La primera decisión del Gobierno y la coalición en el Congreso es limitar las acciones de la JEP, torpedearla y paralizarla. La segunda acción es irla desgranando y al final convertirla en el tribunal para que juzgue a la exguerrilla de las FARC.

Sobre el primer asunto, hace poco más de una semana, a última hora, a pupitrazo limpio, sin lugar a discusiones y con las costumbres de la vieja clase política, el Congreso nacional y las mayorías del Gobierno aprobaron el presupuesto nacional. La Cámara de Representantes o Cámara baja ya había aprobado las cuentas y luego, en el Senado, no se discutió nada. La mayoría gubernamental hizo que se votara de inmediato con al argumento de que ya la Cámara lo había hecho todo. Obviamente, en medio del articulado de la Ley de Presupuesto se metieron los populares “micos”, que son aquellos artículos que camuflan impactos institucionales que no son declarados ni discutidos abiertamente. Uno de esos “micos” es el artículo 133. Afirma que el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz será administrado por el Ministerio de Hacienda, lo cual viola la autonomía de poderes. Pero, además, los ingresos se otorgarán sala por sala, es decir, el Gobierno financiará las salas que quiera y las que no quiera las bloqueará.

Además de bloquear la JEP financieramente, la han ido desgranando. Por un lado, durante la reforma constitucional que la creó se sacó, por medio de una proposición en el Congreso, a los famosos “terceros”; es decir, todos los empresarios, políticos y civiles que se beneficiaron del conflicto armado y que fueron determinadores de graves crímenes. Ahora, se presentó un proyecto de ley para sacar a los militares y dejar la JEP para que solo juzgue a los exguerrilleros de las FARC. Hace unos días, el proyecto de ley se hundió en la Comisión Primera de Senado. Inmediatamente, la senadora Paloma Valencia, quien pertenece al Centro Democrático, anunció un referendo para lograr sacar a los militares de la JEP y crearles un modelo paralelo para que los juzgue.

El problema con todo esto es que el partido de Gobierno está provocando un verdadero cataclismo y está llevando a sus socios a un salto al vacío. La explicaci