Por: Esteban Salazar, investigador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
Dentro del paquete reformas que se presentaron para reestructurar el sistema político y electoral del país, se están planteando propuestas polémicas y que han suscitado el debate público debido a los riesgos que pueden generar en el contexto nacional. Una de ellas, la de implementar la segunda vuelta para elecciones a alcaldías en ciudades con poblaciones superiores a 100.000 habitantes, fue analizada por el subdirector de Pares, Ariel Ávila. Otra de las propuestas es la que pretende unificar las elecciones locales y nacionales, además de ampliar el periodo de los mandatos.
Esta última ya cursó el primer debate en Cámara de Representantes, como Proyecto de Acto Legislativo 105 de 2018 “por el cual se unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el período de mandato”, acumulado con el proyecto de acto Legislativo 140 de 2018 “por el cual se reforma el artículo 261 y se dictan otras disposiciones”.
La ponencia fue presentada por los representantes a la Cámara Jaime Rodríguez Contreras (Cambio Radical), Juan Carlos Rivera (Conservador), Jorge Eliecer Tamayo (la U) y Juan Carlos Wills (Conservador). El texto propuesto plantea específicamente la modificación del Artículo 261 de la Constitución Política, mediante el cual las elecciones de Presidencia, Congreso (nacionales), y de gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos (locales), se harán dentro del mismo año; aunque en fechas distintas, con el objetivo de unificar periodos.
De ser aprobado en plenarias y los debates que le siguen, las elecciones para presidente y vicepresidente se harían el segundo domingo de mayo y tomarán posesión el 7 de agosto, y la de corporaciones públicas (Congreso, asambleas, concejos y JAL) y alcaldías y gobernaciones, el segundo domingo del mes de marzo y se posesionarán el 20 de julio. Esta propuesta tiene riesgos importantes, pues, como ha sido alertado por diversos informes de Pares, las maquinarias clientelares operan de forma diferente, según se trate de puestos uninominales o de corporaciones públicas. Esto es así, toda vez que las elecciones en periodos distintos obligan a que la competencia electoral sea de carácter diferenciado en elecciones nacionales y elecciones locales.
Por lo general, el mercado electoral en las campañas a Congreso y Presidencia se comporta mediante mecanismos de negociación en el que los Clanes y élites nacionales deben acudir a los autoritarismos subnacionales con quienes acuerdan los apoyos y votos, a cambio de lo participación en los puestos estratégicos para la determinación del presupuesto y la contratación. Esto con el objetivo de que las regiones accedan a la “mermelada” y los proyectos estratégicos para llevar inversión a los territorios, puesto que son las élites nacionales las que determinan gran parte de estos rubros. Estas negociaciones suelen ser más complejas en las elecciones locales, porque las clientelas son más amplias y diversas en cuanto la cantidad de candidatos, posibles coaliciones y porque estas no terminan operando en función de la lógica del gobierno central.
En este sentido, unificar los periodos a Presidencia, y Congreso y locales, y votarlas en diferentes fechas pero el mismo año, no solo abarataría los costos de campaña para los corruptos, sino que también enfocaría los cálculos políticos en mecanismos clientelares para fortalecer los Clanes y/o candidatos en una sola elección. Asimismo, esto podría generar una recentralización del poder político, administrativo y financiero en el sistema político-electoral del país, pues esto resultaría en una alta dependencia de los candidatos electos a entes territoriales frente a los congresistas de sus partidos.
Lo anterior se explica porque mediante la unificación de periodos de todos los cargos de elección popular, la injerencia de los alcaldes y/o gobernadores en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) sería mucho mayor, con la particularidad de que esta gestión estaría fortaleciendo aún más a los congresistas de estas regiones, dado que son los determinantes en las comisiones tercera y cuarta para aprobar el presupuesto. Además, los planes de desarrollo municipal resultarían desarrollándose al mismo tiempo que el PND, lo que no necesariamente se traduzca en una articulación armoniosa sino en mecanismos de centralización de decisión sobre el gasto y la inversión pública en las regiones y municipios de país.
En suma, es complejo proyectar que, bajo las particularidades políticas y financieras del país, al hacer coincidir periodos habrá una mayor alineación entre el PND y los planes de desarrollo locales, máxime si se tiene en cuenta que estos deberán ser elaborados al mismo tiempo, impidiendo sus coincidencias. Actualmente, este problema está subsanado justamente porque los alcaldes se eligen después de aprobado el PND.
Por otro lado, la unificación de periodos generaría una modificación a la Ley de Garantías, porque según como está en este momento esta regiría por 13 meses consecutivos, no como ocurre actualmente que, para elecciones nacionales duró 9 meses, y se da un lapso de 9 meses para hacer contratación entre una y otra elección. Sin duda alguna, esto generaría afectaciones a la contratación pública y la ejecución presupuestal.
Por último, una tercera propuesta presentada por la representante Juanita Goebertus (Partido Verde), podría significar un riesgo mucho mayor. Además de unificar periodos (con elecciones en fechas distintas), Goebertus propone la ampliación de los mismos, tanto para presidente, alcaldes, gobernadores y corporaciones públicas, así como para el Fiscal General, a 5 años. Se trata de las modificaciones a los artículo 132, 190, 249 y 261. Esto generaría un desequilibrio de poderes complejo, relacionado con la Rama Judicial, pues no se modifica el periodo de elección de magistrados, lo que generaría, además, una hipertrofia en el Ejecutivo.