El peligro de denunciar a los políticos corruptos en Cúcuta

Por: Redacción Pares

Foto tomada del: El Tiempo

Una semana después de que su amigo Jaime Vásquez, quien compartía con él la coherencia de denunciar la corrupción imperante en Cúcuta a través de redes sociales, fuera asesinado, Francisco Cifuentes entendió que ya no podía estar más en la ciudad. Una de las costumbres cucuteñas es aprovechar el antejardín de cada casa para sacar unas mecedoras y ponerse a conversar. Así lo hizo Cifuentes con su hermana una tarde de mayo del 2024 en su casa en el barrio Torcoroma 3. Entonces vieron que un motorizado parqueó su Yamaha frente a la casa. En algún momento creyeron que era un domiciliario perdido buscando una dirección. Cuando se ubicó a pocos metros de la pareja el hombre se llevó la mano a un bolso y sacó de ella una pistola. Los reflejos de la hermana de Cifuentes, quien trabaja en una agencia de seguridad privada, lo salvaron. La mujer se levantó, forcejeó con el asesino quien disparó tres veces. Una de las balas se incrustó en Sasha, la perrita de la familia quien murió en el acto. La mujer estuvo a punto de quitarle el arma al hombre quien salió corriendo hasta su Yamaha. Al otro día Francisco Cifuentes abandonó la ciudad.

A Jaime Vásquez lo mataron el domingo 14 de abril en el barrio La Riviera de Cúcuta. Otro de los rituales de la ciudad es ir a comer pasteles de garbanzo a un lugar llamado Pastelucho. El lugar estaba lleno. Había bajado la guardia, no tenía escoltas a pesar de que las amenazas lo estaban azotando. Entonces un hombre, conocido como “El Cojo” se bajó de su moto y sin quitarse el casco lo acorraló hasta adentro del local donde le disparó en el piso. Las imágenes de su asesinato quedaron registradas en las cámaras de seguridad. Dos días antes, a través de su red social favorita, Facebook live, Vásquez había hecho su última denuncia: “Les sugiero a los sabios que embargaron los carros que echen atrás los procesos administrativos porque el lunes los vamos a demandar”.

Vásquez tenía en la mira, según Verdad Abierta, a la Asamblea Departamental “por haber otorgado al Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte Santander (Ifinorte) la facultad de crear una empresa de economía mixta llamada AP System S.A.S, para que ejecutara procesos de carácter tributario. Sin embargo, según la Ley 1386 de 2010, esto es ilegal. En ella se prohíbe la entrega a terceros de la administración de tributos y sólo las entidades públicas pueden encargarse de la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los aspectos relacionados con las obligaciones tributarias”.

La alusión a los carros era por un embargo que, a todas luces, sería ilegal. Su video concluía con una advertencia al actual alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo: “Ojo, Jorge Acevedo, porque los de AP System están haciendo cola para entrar a la Alcaldía. Ojo, ¿no?”.

Por lo menos desde el 2020 se tenía evidencia de que al veedor ciudadano lo querían asesinar. Ese año se descubrió un plan para matarlo. El centro de sus denuncias recaía en, acaso, el político más poderoso del departamento, el actual gobernador William Villamizar, cuyos nexos llegan hasta el ex sub director de la UNPGD, el oscuro Sneyder Pinilla. Una vez se supo de asesinato el primero en reaccionar fue el propio gobernador quien, incluso, ofreció una recompensa para dar con el paradero de los asesinos. Una actitud que para algunos fue catalogada como de cínica.

Denunciar a políticos corruptos es, en Cúcuta, un oficio de alto riesgo. En el 2003, mientras el paramilitarismo campeaba victorioso por los barrios de la ciudad, fue asesinado en el barrio Ceiba II el asesor jurídico de la alcaldía Alfredo Enrique Flórez. En medio de la alta popularidad que gozaba como alcalde, Suárez Corzo parecía un intocable. Flórez venía haciendo varias denuncias contra el alcalde lo que le costó la vida. El ex alcalde fue condenado a 27 años de cárcel por este homicidio perpetrado en asocio con paramilitares. Ese mismo año, en octubre, fue asesinado el defensor de derechos humanos Pedro Durán también por denunciar la corruptela política. Sólo hasta el 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, su ministro Rivera, en un acto realizado en la Asamblea de Cúcuta, pidió perdón en nombre del Estado Colombiano, por el crimen del veedor ciudadano: “Me permito hacer un reconocimiento de responsabilidad y presentar disculpas a su familia y, del mismo modo, un reconocimiento a la memoria de Pedro Duran Franco, activista político perteneciente a Directorio Liberal de Cúcuta y Norte de Santander y a la organización civil Red de Veeduría de Colombia, con sede en Bogotá”.

En el año 2001, mientras salía de la Universidad Libre de Cúcuta, donde era rector, el defensor del pueblo Iván Villamizar Luciani, quien denunció, meses antes de que sucediera la masacre de La Gabarra, el horror paramilitar, también fue asesinado.

Todos estos asesinatos vuelven a cobrar vigencia en una ciudad que, tal y como se describió este lunes 8 de julio en el Reporte Coronell de la W Radio vuelve a estar “azotada por el sicariato”. En la entrevista dada a Daniel Coronell Francisco Cifuentes nombró a los políticos William Villamizar, Wilmer Carrillo -quien en el departamento tiene un lugar historial en materia de manejos públicos en infraestructura- y denunció a Hugo Vergel, gerente de Aguas Kapital, por darle, presuntamente, un mal manejo a la distribución del líquido en la ciudad.