Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- presentó los resultados de la tasa de desempleo para el 2020, el año en el que las alarmas desde muy temprano se prendieron, pues las restricciones de movilidad ponían en riesgo la estabilidad laboral de muchos/as, sumado a que las personas con empleos informales (que para octubre de 2020 el porcentaje era 48,5%) fueron las primeras en verse afectadas, pues en la mayoría de los casos el no poder salir significaba no tener una fuente de ingresos para gastos básicos.
Así, al cumplirse casi un año de decretadas las primeras medidas restrictivas a causa del Covid-19 se conoce que durante el año pasado la tasa de desempleo llegó al 15,9% en 2020, lo que significa un aumento de 5,4 puntos porcentuales más frente al 10,5 % de 2019. Hay que resaltar que este indicador para las 13 principales ciudades del país fue de 18,2%, en las que a diciembre se habían perdido más de 900.000 empleos.
Adicionalmente, un de los factores que finalizando año demostró ser uno de los que mayor atención requiere es la brecha de género en términos laborales, pues para el 2020 las mujeres sufrieron más el golpe del desempleo que los hombres, pues la brecha entre hombres y mujeres pasó de 5,4 puntos a 7.7% en un año, a lo que se agregó que para muchas en este periodo se duplicaron las labores, pues además de responder por sus trabajos, también debieron asumir labores de cuidado en el hogar, que a su vez en muchas familias se multiplicaron.
A este panorama se suma que otros de los grupos poblacionales más afectados fueron los jóvenes, pues de la casi 3.75 millones de personas que están en desempleo, 1.1 millones tienen menos de 25 años. Asimismo, uno de los sectores con mayores efectos negativos fue el comercio, donde durante la pandemia hubo una pérdida de cerca de 5.000 empleos.
Todo este escenario se ha visto agudizado, además, con las constantes medidas restrictivas que se realizaron en los últimos meses del año, que además continuaron en varias ciudades del país durante enero de 2021, lo que además se ve atravesado por la falta de mecanismos que ayuden a mitigar eficazmente las consecuencias económicas que deben asumir a quienes se les impide salir a sus diversas labores formales o informales.
Lo anterior ha llevado, por ejemplo, a que en algunas ciudades la gente salga a las calles ante la imposibilidad de quedarse en casa, ya sea a realizar algunas labores informales, o a manifestarse ante la falta de ayudas que garanticen que los aislamientos se puedan cumplir con los mínimos de bienestar.
Hoy todo esto no parece ser muy diferente, aún no hay establecida una renta básica, aunque en ella se viene insistiendo por lo menos desde marzo de 2020, y aunque se entregan algunas ayudas económicas como el Ingreso Solidario de $160.000 mensuales por familia, estas han demostrado ser insuficientes ante el gasto mensual que se debe asumir mes a mes en un hogar.
Así, al cumplirse casi un año de decretadas las primeras medidas restrictivas a causa del Covid-19 se conoce que durante el año pasado la tasa de desempleo llegó al 15,9% en 2020, lo que significa un aumento de 5,4 puntos porcentuales más frente al 10,5 % de 2019. Hay que resaltar que este indicador para las 13 principales ciudades del país fue de 18,2%, en las que a diciembre se habían perdido más de 900.000 empleos. Imagen: Pares.
A esto se suma que entre un y venir las vacunas todavía no han iniciado a ser puestas, mientras que en el país hay a la fecha 82.654 casos activos de Covid-19 y el número de muertes a causa del virus ya superó las 54.000. Con esto el cuestionamiento de muchos/as es cuál será el panorama laboral para este año, pues si bien el virus es una preocupación, para un amplio número de la población colombiana el saber cómo solventar un arriendo, la alimentación, los servicios públicos también lo es.
Ante este contexto y los informado recientemente por el DANE desde Pares hablamos con Iván Jaramillo, abogado egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, quien también es docente de la Universidad del Rosario e integrante del Observatorio Laboral de la misma institución.
Pares: Respecto a las recientes cifras presentadas por el DANE, ¿cuál es la lectura que se hace desde el Observatorio?
Iván Jaramillo: Entre junio y julio los índices de desempleo ya habían llegado a índices muy preocupantes, en ese momento se habían alcanzado 20 puntos de desempleo oficial. A pesar de que las cifras, sobre todo en diciembre que es un periodo de especial análisis, mostraron una reducción de desempleo, se sigue estando en un nivel preocupante porque se ha probado que definitivamente esto depende mucho de las políticas sanitarias y económicas y del éxito de reactivación en materia de empleabilidad.
A esto se suma que si se ven los resultados con detenimiento se encuentra una fuerte presión hacia la informalidad para la recuperación de empleos perdidos. Luego, hay todo un desafío por recuperar la ocupación, pero garantizando el trabajo digno.
Pares: Desde que iniciaron las medidas restrictivas se advirtió que los/as trabajadores informales iban a ser uno de los sectores más afectados. Con este panorama de desempleo, ¿se podría decir que hubo un aumento de quienes debieron emplearse de esta manera?
I.J: Aumentaron dos indicadores que no son de fácil lectura: la informalidad y la inactividad, donde están muchos grupos poblacionales especialmente vulnerables como jóvenes, quienes duplican la tasa nacional; mujeres y personas con alguna condición de discapacidad.
Para estas personas se encontró que aumentaron las barreras al momento de encontrar un empleo. Así que definitivamente hay una presión hacía la informalidad que debería estar siendo corregida con rutas que garanticen la formalidad y ojalá una intervención de las políticas activas para favorecer la adscripción hacia el trabajo con derechos.
Pares: ¿Los datos dados por el DANE se acercan a lo que se tenía previsto en materia laboral para el 2020? Teniendo en cuenta el contexto del Covid-19.
I.J: Técnicamente cuando inició el cuatrienio del presidente Iván Duque se tenía como meta reducir el desempleo en digito para nuestro país y llevarlo al promedio regional de 7.8% que era en lo que estaba para ese momento.
Sin embargo, entendiendo que estamos en un periodo de crisis económica y sanitaria, está muy por encima de lo previsto, aunado al crecimiento negativo de la economía, del PIB, lo que pone sobre la mesa la urgencia de implementar estrategias de reactivación y de recuperación en el escenario de la pospandemia, después de periodos de cierres muy fuertes, sobre todo de marzo a julio en donde el aislamiento fue obligatorio.
Pares: Desde que inició la pandemia se estableció la necesidad de una renta básica para mitigar los efectos sociales que el virus trajo consigo, pero también para una reactivación económica. Al momento no hay renta básica. ¿Desde el observatorio cuáles son esos mecanismos que consideran urgentes implementarse para buscar salidas a esta crisis?
I.J: Las principales consideraciones que nosotros tenemos son, por un lado, completar el Programa de Apoyo de Empleos Formales – PAEF –. Segundo, tener un complemento de todas las medidas de protección del empleo con amortiguadores sociales que permitan tener tanto respuestas ante situaciones de crisis, como a altos índices de desempleo; de eso Colombia carece, en el país no hay un seguro de desempleo completo, que favorezca la reincorporación del trabajador al empleo formal. Esa carencia es histórica.
Adicionalmente, creemos que hay que pensar una renta básica de emergencia, pues es la única medida que puede garantizar el éxito de las medidas de distanciamiento para la contención del virus. Ojalá esta llegara a ser vitalicia y universal que son las características de una verdadera renta básica.
Pares: Teniendo en cuenta lo sucedido durante el año pasado, ¿qué se puede prever en materia laboral para el 2021?
I.J: Es una pregunta compleja porque esto está ligado al crecimiento económico. Por ejemplo, todas las previsiones indican que vamos a estar en un 3 y 5% de crecimiento este año. Queremos ver eso porque esas cifras a depender mucho de la recuperación de los niveles de empleabilidad, de la ampliación del PAEF y de la implementación de garantías e incentivos hacia el trabajo formal.
Ojalá cualquier tipo de reforma no busque la formalización a la baja, es decir, deteriorando derechos para que más gente entre, sino que sea buscando las formas para la protección laboral se extienda a un mayor número de personas, pues lamentablemente nuestro país es caracterizado por la informalidad; tenemos una formalidad sobre el 35%. Entonces, ojalá, en este escenario de la reactivación haya un contexto propicio para las medidas de corrección de las disfuncionalidades históricas.
Pares: Por otra parte, ¿cuáles fueron las afectaciones principales durante el año pasado para las personas con contratos laborales u otro tipo de relaciones contractuales?
I.J: La medición que tenemos indica fundamentalmente dos cosas. Primero, que hubo un deterioro de los ingresos para los trabajadores porque la totalidad de derechos en el trabajo fueron reorientados a dar vacaciones durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio, reducciones de salarios, todo eso significó un golpe fuerte para los ingresos de los trabajadores, lo que ha repercutido y va a repercutir en la dificultad en la reactivación.
Hay una situación de afectación muy fuerte por vía de reducción de contratos, de suspensiones de contratos; que fueron luego utilizados para la terminación de estos y baja de monto de indemnización, por ejemplo.
Pares: Ustedes identificaron una población mayormente afectada laboralmente por la pandemia. ¿Qué medidas urgen para reducir estos efectos?
IJ: Ahí hay todo un desafío para recomponer la poca atención que se le ha dado a las labores de cuidado. Ya hay en el PAEF una visión de género, que además estimula la contratación de mujeres haciendo más bondadoso el subsidio para la nómina.
Además, debería estarse pensando tramitar seriamente todas las políticas que se están impulsando en el Congreso, así como se debería estar analizando como se implementan rutas preferenciales a partir de las políticas activas que tiene el país para que las mujeres rompan el techo de cristal, pues esa desigualdad que ha habido históricamente afecta ampliamente los escenarios laborales.
La pandemia demostró que independientemente de la tendencia de los Gobiernos, el papel del Estado ahora tiene una nueva demanda de redescubrimiento del bienestar. A nadie se le debería ocurrir en un periodo como en el que estamos no financiar ni subsidiar la oferta de empleo, pues esto es indispensable en la búsqueda de los factores económicos, laborales y sociales. El bienestar común debe ser el eje rector de todas las políticas económicas y de salubridad.