El mes de la ciudadanía rural

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia


La ciudadanía es tal vez uno de los conceptos que mayor atención ha tenido en los estudios políticos. Este interés permanente se debe, por un lado, a la fascinación histórica que se tiene con el sistema democrático y, en él, al ciudadano como su célula básica; y, por el otro, a la dinámica de las luchas que se han dado entorno a la ampliación de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las personas.


La ciudadanía se ha convertido en una especie de membresía o título político que les brinda a las personas la oportunidad de acceder a unos derechos básicos como la educación, la salud o la prestación de otros servicios sociales. Derechos que, idealmente, deberían ser iguales para todos los habitantes de los territorios, pero que en la práctica se entregan de manera desigual, tanto entre los Estados nacionales como al interior de ellos.


Los derechos a los que tiene acceso un habitante de un país desarrollado no son los mismos que tiene una persona de un país tercermundista; así como los derechos a los que puede acceder una persona que vive en las grandes ciudades –en países como Colombia– no son los mismos que tiene a su alcance alguien que habita en la ruralidad. Es decir, el acceso a los derechos de la ciudadanía es diferenciado; depende de los lugares donde se habita: los derechos de los habitantes urbanos son más amplios o, al menos, más factibles de ser garantizados que para el caso de poblaciones rurales.


Esta disparidad nos debe llevar a reconocer que el ejercicio de la ciudadanía, en países como los latinoamericanos, es mejor para el habitante de las ciudades –de la clásica polis– que para el habitante rural. La población que vive en el campo no logra tener una ciudadanía plena, no puede acceder a los derechos de bienestar social a los que tienen acceso sus contrapart