El juicio político a los alcaldes

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares.

Al 2021 le madrugaron varios grupos de ciudadanos en Colombia: al menos 35 comités promotores de revocatoria –desde el 4 de enero y hasta el 25 del mismo mes– se han acercado a las diversas registradurías municipales a solicitar el inicio de procesos para poner fin a los mandatos populares. Entre los procesos más sonados están los de Bogotá, con la alcaldesa mayor Claudia López, y los de Medellín y Cartagena, con los alcaldes Daniel Quintero y William Dau.


La razón de tal madrugón se encuentra en la normatividad que reglamenta el uso de este tipo de mecanismos de participación ciudadana: la legislación colombiana establece que sólo transcurrido doce meses, a partir de la posesión del mandatario local o regional, se podría iniciar procesos revocatorios de mandato. Y estas deben solicitarse por dos razones: o por el incumplimiento del programa de gobierno o por la insatisfacción de la ciudadanía.


En términos prácticos las revocatorias se consideran juicios políticos. Actos populares donde los ciudadanos le solicitan al Estado realizar una consulta para retirar de sus cargos públicos a alcaldes y gobernadores elegidos por votación. Es un mecanismo de participación inspirado en el artículo 103 de la Constitución Política de 1991 y reglamentado a través de la Ley 134 de 1994, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y la Resolución 4073 de 2020 –esta última ordenada por la Corte Constitucional en agosto del 2018–.


En el país la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral –CNE–son los organismos encargados de recibir y tramitar este tipo de peticiones ciudadanas. De allí que una vez recibida la solicitud –como ocurrió en l