El impacto devastador del Plan Pistola y el reclutamiento de menores en Colombia

Por: Arnold Cruz- Experto invitado*

En el complejo panorama de la violencia en Colombia, dos prácticas especialmente alarmantes reflejan la brutalidad y el alcance de los grupos armados ilegales: el denominado "Plan Pistola" y el reclutamiento forzado de menores. Ambas estrategias no solo perpetúan el conflicto armado, sino que también tienen consecuencias sociales profundas que demandan atención urgente. Se asesina a los miembros de la Policía Nacional y aparejadamente, se realiza el reclutamiento del menor sicario a las fuerzas ilegales.

Según investigaciones recientes, los grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN han implementado estrategias para reclutar menores mediante promesas falsas y pagos económicos.

Por un lado, el "Plan Pistola" es una táctica utilizada por grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN para atacar a miembros de la Fuerza Pública. En lo que va del año, esta estrategia ha dejado un saldo trágico de decenas de uniformados asesinados mediante emboscadas y actos sicariales, cuyo objetivo es debilitar la institucionalidad y sembrar el miedo. El Gobierno ha respondido con recompensas millonarias y un endurecimiento de las operaciones militares, pero el impacto en la moral de las fuerzas y la seguridad de las comunidades sigue siendo crítico.

Por otro lado, el reclutamiento de menores como sicarios o combatientes representa una de las más graves violaciones a los derechos humanos. En regiones históricamente golpeadas por la violencia, estos grupos aprovechan la pobreza extrema y la falta de oportunidades para captar a niños y adolescentes, ofreciéndoles dinero, armas y falsas promesas de poder. Estas víctimas, lejos de encontrar un futuro, quedan atrapadas en un ciclo de violencia y explotación que destruye su desarrollo personal y sus vidas.

En algunos casos, los menores son usados directamente en el "Plan Pistola", recibiendo pagos que los enganchan a dinámicas criminales imposibles de abandonar. Este uso de sicarios menores de edad es una manifestación cruel de cómo los grupos armados instrumentalizan la vulnerabilidad para garantizar su supervivencia y expansión.

El impacto de estas tácticas no solo es inmediato, sino que genera consecuencias a largo plazo en las comunidades afectadas: pérdida de confianza en las instituciones, fragmentación social y generaciones marcadas por el trauma. Si bien se han implementado políticas para prevenir el reclutamiento forzado y enfrentar a los grupos armados, los esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.

Es urgente que el Gobierno y la sociedad en su conjunto fortalezcan las estrategias de prevención, atención y reparación. Programas integrales que combinen educación, empleo y reconstrucción del tejido social son esenciales para ofrecer alternativas reales a los menores en riesgo y devolverles a las comunidades la paz que se les ha arrebatado.

La violencia no puede seguir siendo el lenguaje que define el presente de Colombia. Acabar con el "Plan Pistola" y el reclutamiento de menores es un deber moral y político que no admite excusas ni dilaciones. Actuar ahora no solo salvará vidas, sino que también abrirá la posibilidad de un futuro más digno y justo para todos.

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*Arnold Cruz Mendoza, Abogado con especialización en Gobierno y Gestión Pública Territorial, con formación complementaria en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, atención a personas privadas de libertad, reparación de víctimas del conflicto armado, acción integral contra minas antipersonal, género y seguridad. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz. Restitución de tierras. Desarrollo rural. Privados de libertad, Víctimas del Conflicto Armado.