Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
[…] “Al contrario de lo que se cree, en Macayepo no hubo una masacre al estilo de la de El Salado o la de Chengue, ejecutadas en la plaza principal y al son de tamboras y vallenatos. Fue una matazón que dejaba cuerpos destrozados con motosierra en los caminos a medida que Cadena amasaba su capital con ganado robado. Todo amparado. Todo desfigurado.” […] Las anteriores líneas hacen parte de una crónica escrita por Alfredo Molano Bravo en uno de sus viajes al corregimiento de Macayepo, en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar). Precisamente, entre el 12 y 16 de octubre del año 2000 arribó un grupo de más de ochenta paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quienes con macanas, piedras y motosierras asesinaron a 16 campesinos, según cifras del informe ‘¡Basta Ya!’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNHM). Hecho que generó a su vez un desplazamiento forzado de las comunidades.
El pasado 25 de febrero de 2021 el país conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó al exsenador Álvaro Alfonso García Romero —conocido como ‘Gordo García’— quien se encuentra condenado a 40 años de cárcel, entre otras cosas, por hacer uso de dineros públicos para la conformación de grupos paramilitares y por su responsabilidad como uno de los determinadores de la masacre de Macayepo. De acuerdo con el comunicado 023 del Tribunal Especial; el papel del Gordo García “será clave para ayudar a desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo.”
El Gordo García, en 1997, participó de una reunión en la que se unificaron grupos paramilitares para darle vida al Bloque Héroes de los Montes de María. El encuentro se dio en una finca conocida como ‘Las Canarias’, propiedad de Miguel Nule Amín quien fue gobernador del departamento de Sucre y padre de los condenados Miguel y Guido Nule. Miguel Amín también fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 28 años de cárcel por la planeación de la masacre de Macayepo.
¿Qué puede venir con este caso?
La decisión de la JEP —de aceptar a García Romero— se reviste de importancia bajo el panorama colombiano en el que la profundidad de las heridas del paramilitarismo no sólo continúa haciendo mella por los hechos perpetrados a lo largo y ancho del territorio nacional; sino, también, por cuenta de la impunidad. Este escenario de impunidad ha sido el lastre del proceso de Justicia y Paz que impidió que el país conociera cuáles fueron los grandes responsables detrás de las acciones del paramilitarismo. Personalidades de la política nacional, del empresariado y de la Fuerza Pública que continúan bajo la sombra del silencio.
Así las cosas, al país no le queda más confiar en el ofrecimiento del ‘Gordo Romero’ en aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante la JEP. De acuerdo con el comunicado el Tribunal Especial: “García Romero está en condición de entregar verdad sobre “los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos». A este plan, además, se suma el programa de reparación a las víctimas con el que también deberá cumplir el compareciente que ahora será escuchado por la Jurisdicción.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó a García Romero debido a que éste “se valió de su condición de Senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal.” Asimismo, según lo expresado por el Tribunal Especial “el congresista obtuvo un favorecimiento electoral de las AUC y después, una vez alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo, aprovechando su investidura en dirección a la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar.”
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De acuerdo con Esteban Salazar, coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación— PARES, hay mucho detrás del papel del Gordo García en lo que se configuró como un pacto criminal entre gamonales de Sucre y los paramilitares. Según el investigador, el García Romero tuvo un claro impacto nacional a través de su papel legislativo pues fue representante a la Cámara desde 1978 hasta 1998 y senador entre el 98 y 2006. En su paso por el Congreso, por ejemplo, es recordado su papel para el favorecimiento a grandes terratenientes. García Romero votó más de una vez —indebidamente— para hundir la aplicación de la reforma agraria del entonces presidente Virgilio Barco.
La JEP señala esta noticia como una avanzada por las Garantías de No Repetición. Precisamente, detrás de la acción paramilitar hay quienes se beneficiaron del despojo de la tierra y hoy continúan acaparándola y sacando provecho de su uso. Según el informe que le entregó la Fundación Forjando Futuros a la Comisión de la Verdad; el 83% de los casos de despojo tuvo a los paramilitares como perpetradores.
A su vez, es importante señalar que el Gordo García fungió como senador en el periodo de 2002 a 2006 bajo las banderas del entonces ‘Partido Colombia Democrática’. Partido surgido en 1985 y que fue liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su primo Miguel Uribe, condenado por concierto para delinquir en lo que se denominó parapolítica. De ese partido, también, es recordado William Vélez —excongresista cercano a Uribe— quien se dice apoyó a Pablo Escobar en su carrera política. De él se recuerda cuando presentaba a Escobar como “el futuro del Partido Liberal”.
Para Esteban Salazar, la clave en el comunicado de la JEP radica en que el Tribunal Especial “no va a interferir en las sanciones, sentencias o procesos que estén activos en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el ingreso de García Romero a la JEP va a ser bajo la condición de Agente de Estado para aportar Verdad y No Repetición, pero no podrá salir de la cárcel.
García Romero, según Salazar, estuvo gobernando en cuerpo ajeno a través de su hermana Teresita García Romero y sus dos periodos en el senado desde 2010 a 2018. Teresita perdió su curul en 2018 tras graves irregularidades en su reelección en 2014. Incluso, según lo advierte el investigador querían continuar en el Capitolio; esta vez a través de Juliana María Escalante, quien aspiró al senado de la República por el Partido Cambio Radical en las pasadas elecciones.
Dentro del prontuario criminal del ‘Gordo García’ se encuentra el asesinato de la maestra de San Onofre, Georgina Narváez. El exparamilitar alias ‘Pitirri’ ha señalado la alianza de García con el paramilitar Alias ‘08’ para matar a la maestra. Georgina fue testigo del fraude electoral que le permitió a Erick Morris —candidato del Gordo García— ser elegido.
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<<Meter la tropa a la finca>>
Se trató de una sangrienta encomienda la que le hicieron al Bloque Héroes de los Montes de María, comandado por Rodrigo Mercado conocido con el alias de ‘Cadena’. A través de una conversación sostenida vía telefónica entre Álvaro Alfonso García Romero ‘El Gordo García’ y Joaquín García Rodríguez —captada incidentalmente por la Policía Nacional –SIPOL- el 6 de octubre de 2000— se conoció la prueba reina que develó los determinadores de la masacre de Macayepo.
García Rodríguez, reconocido ganadero de la región y también financiador de grupos paramilitares, le solicitó al Gordo García el ingreso de grupos paramilitares a los corregimientos de Pajonalito y El Aguacate con la intención de ‘recuperar unos animales hurtados’. La conversación que también salpicó al entonces gobernador de Sucre Miguel Nule Amín se dio diez días antes de ser perpetrada la masacre. Aquí esa conversación que descansa en el documento SP709-2019:
Álvaro García: Ah, mira, eso sí puedo hacer lo siguiente, Joaco: yo me puedo ir mañana a las ocho a la brigada y puedo pedirle incluso al gobernador que me colabore para eso, oye.
Joaquín García: O sea, la idea… yo no sé si Nule [Miguel Nule Amín] ha hablado contigo -pausa-, pero lo que pasa es que Nule quiere meter la tropa a la finca y la idea no es meter la tropa a la finca, la idea es meter la tropa por la parte de atrás, que es por donde sacan el ganado, que es por los lados del Aguacate, por el lado de Pajonalito, por esos sectores, ¿me entiendes?
Álvaro García: Yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy, pero es fácil tomarla en diez días.
Joaquín García: Bueno, la verdad lo que interesa es que la tropa la metan pa´ allá, no es que la estén metiendo dos días y la saquen pa´ acá afuera.
Álvaro García: Esa propuesta la puede hacer el gobernador, ¿oyes?
Joaquín García: Ojalá me ayudes tú en eso, viejo, porque es que…
Álvaro García: Eso dalo por un hecho, yo mañana estoy con el coronel» (…)
Joaquín García: …estos míos y me dicen que, ellos siempre con la disculpa de los manes esos verdes, yo no se ese man verde, será que no hay forma de tocarlo como para que se abra pa…
Álvaro García: de todas maneras, ese man se va dentro de un mes.
Joaquín García: yo le estoy diciendo que den un nombre para ver a quien se pone allí, pa que.
Álvaro García: yo le dije a él.
Joaquín García: No pa´ que ayude. Yo le dije: ‘Mira, nosotros no necesitamos aquí un tipo que nos ayude, pero sí que no joda, o sea, que se haga el loco, para ver si esta gente funciona, porque ellos y´que van para Macayepo mañana».
Álvaro García: Tú sabes que se lo he dicho.
Tal como lo establecieron las autoridades competentes fue por El Aguacate por donde ingresaron los paramilitares para perpetrar la masacre. Además, de quedar el registro del lugar en el que iban a hacer el ingreso; cuando Álvaro y Joaquín hablaban de “un man verde” —de acuerdo con el portal de Verdad Abierta— se estaban refiriendo al entonces comandante de Policía de Sucre, Rodolfo Palomino. Según el portal, el coronel Palomino fue trasladado a los diez días de esta conversación. Hasta ese momento ejercía un papel de operativos en contra de paramilitares, según señala Verdad Abierta.
De acuerdo con las investigaciones el Gordo García tenía fuertes influencias en la Armada Nacional. Eso lo sabía y lo usaba Joaquín García. Incluso, en su momento la Corte Suprema compulsó copias para abrirle una investigación en contra del coronel de la Armada, Hernando Alfonso Jama Arjona.
De acuerdo con el fallo “[…] en su calidad de comandante (e) de la Primera Brigada de Infantería de Marina con asiento en la zona, pudo facilitar la incursión paramilitar mediante el desplazamiento de las tropas hacia otros sectores de la región, pese a contar con información oportuna y confiable a través de la cual se le avisó del plan criminal y de su desarrollo […]”. De acuerdo con el documento SP709-2019 de la Corte Suprema de Justica “se promovió una operación violenta a partir del hecho demostrado del hurto del ganado de propiedad de Joaquín García Rodríguez y del acusado MIGUEL ÁNGEL NULE AMIN.”
“Según lo narraron Úber Enrique Bánquez Martínez, alias eJuancho Dique», Luis Francisco Robles Mendoza, alias «Amaurgy, Yairsitio Mesa Mercado, alias «El Gato» y el propio Edwar Cobos Téllez, alias «Diego Vecino», durante la cruzada paramilitar el grupo estuvo acompañado por un personaje apodado «El diablo», quien se encargó de señalar a los campesinos que hacían parte de la guerrilla y eran sus colaboradores, siendo ejecutados en el acto a garrote y piedra”, precisa el documento.
Sala señaló que “ello confirma que existía, como siempre, una directriz fundamental encaminada al exterminio de todo aquel que de alguna manera se le vinculara con los grupos guerrilleros, lo que no obsta para que el motivo desencadenante de esa concreta acción lo fuera el hurto de ganado infligido a los ganaderos.”
Macayepo hizo parte de las masacres para hacerse con el control de los Montes de María
Este bloque operaba en los corregimientos del departamento de Bolívar y Sucre. Hecho que sucedió mientras los paramilitares continuaban su avanzada por hacerse al control de los Montes de María como corredor estratégico hacia la Costa Atlántica desde el sur del departamento de Bolívar. También, por supuesto, por el acaparamiento de la tierra de unos pocos.
Según dejó constancia el portal Verdad Abierta, en esta zona hacían presencia “cerca de 300 guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc bajo el mando de ‘Martín Caballero’, quienes desde 1998 libran una guerra territorial” contra los paramilitares comandados por alias ‘Cadena’.
Es preciso recordar que la región de los Montes de María fue escenario de las peores atrocidades cometidas por la mano paramilitar vinculada a la clase política, gamonales de la región, ganaderos y Fuerza Pública. Esta región está ubicada en la Serranía de San Jerónimo de la Cordillera Occidental, justo, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Compuesta por quince municipios: siete (7) de Bolívar (El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, El Guamo, María La Baja, Zambrano y Córdoba) y ocho (8) de Sucre (San Onofre, Toluviejo, Chalán, Coloso, Morroa, Los Palmitos y Ovejas).
Mucho hay en juego hoy por hoy en los procesos de verdad. La restitución de tierras sigue siendo una lucha para el campesinado colombiano, con un especial énfasis en esta región. Tras las masacres desplegadas por los paramilitares por la región de los Montes de María; la tierra fue concentrándose en más contadas manos. La crueldad paramilitar llegó a unas tierras que vivían de cultivos de aguacate, plátano, ñame y ganadería.
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El horror, como lo relató Alfredo Molano que se evidenciaban en asesinato de un pastor de una Iglesia adventista ordenado por alias ‘Cadena’; “porque predicaba la resistencia e impedía que la gente huyera hacia El Carmen o hacia Sincelejo. Lo mataron con una maza de moler maíz y prohibieron llorarlo y enterrarlo. El cuerpo quedó tirado al lado del templo. Ese día mataron también, y de la misma manera, a dos campesinos.”
Después de la ruta trazada por la violencia paramilitar, escribió Molano, “[…] El gobierno de Uribe creó las Zonas de Consolidación, mientras varias poderosas empresas compraban tierras a campesinos desplazados y, sobre todo, a campesinos endeudados con los bancos cuyas fincas estaban a punto de ser rematadas. Los registros de deudores fueron feriados entre negociantes inmobiliarios que redimían la deuda y se quedaban con el predio. (…) la gran mayoría han sido agregados para formar haciendas dedicadas a cultivos de palma, teca o pastos […]”
Claridades
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP deja claro que “la decisión adoptada mediante esta resolución no modifica la competencia ni el control de las sentencias proferidas contra ÁLVARO ALFONSO GARCÍA ROMERO en cabeza de la jurisdicción penal ordinaria, esto es, siguen teniendo plena eficacia y validez. En consecuencia, su pena continúa siendo ejecutada por el juez encargado de la vigilancia del cumplimiento de la sentencia.”