Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC denunció el asesinato de tres personas indígenas asesinadas el pasado jueves 17 de octubre de 2019 en los departamentos de la Guajira, Quindío y Nariño, pertenecientes a los pueblos Wayú, Embera Chamí y Awá (Oneida Epiayú, Constantino Ramírez y Lilia Patricia García, respectivamente). Justamente, Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena, solicitó la presencia de la ONU —específicamente de la Relatora de las comunidades indígenas de la ONU— en Colombia. Precisamente Arias se refirió a un acompañamiento internacional ante la pobre acción por parte del Gobierno Nacional para atender la situación que enfrentan las comunidades indígenas en Colombia.
Así las cosas, el panorama está compuesto por una andanada de violencia en contra de los procesos sociales que adelantan los liderazgos indígenas en territorios que están cooptados por actores armados y que generan asesinatos, amenazas, confinamientos y desplazamientos.
El Consejo Regional Indígena del Cauca denuncia el genocidio que se presenta contra los pueblos indígenas en Colombia y la actitud del actual gobierno que «parece no darse por enterado que su finalidad es proteger la vida e integridad de todos los colombianos y colombianas, ya que, según reafirma todos los días, su única preocupación es la de proteger la inversión y la ganancia de los grandes capitales.»
Otra de las voces que se levantan ante la situación de victimización es, justamente, la de la Organización Fuerza Mujeres Wayúu quienes han rechazado categóricamente los últimos asesinatos registrados. De hecho, le han solicitado al gobierno nacional que atienda las denuncias que, con anterioridad manifiestan, con lo que respecta a las amenazas que reciben las lideresas. Para la esta organización de Derechos Humanos resulta vital que el gobierno Duque reconozca la dimensión que representan las amenazas que, lamentablemente, se traducen en asesinatos al no ser atendidas.
Un gobierno nacional sin reacción
«El gobierno colombiano parece ser complaciente con las acciones violentas contra nuestras comunidades y procesos organizativos, lo cual estaría fortaleciendo dinámicas contrarias a nuestros procesos, promovidas desde la institucionalidad, como el paralelismo organizativo, las normas contra los resguardos y territorios tradicionales, el incumplimiento de los acuerdos y el señalamiento público a nuestras organizaciones y liderazgo, entre otras.» señaló el CRIC a través de un comunicado.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, en el último año los pueblos indígenas han sido objeto de graves vulneraciones a los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos. Ante el recrudecimiento del conflicto en diferentes regiones como el Chocó, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, como el Cauca entre otros, el pasado 9 de agosto la ONIC en cabeza de la Asamblea Nacional de Autoridades, declaró la Situación de Emergencia Humanitaria, Social y Económica en todos los Pueblos Indígenas de Colombia.
Ahora bien según datos del SIPARES, de los 28 departamentos en que se registran hechos victimizantes en contra de líderes y lideresas; el departamento del Cauca es el que mayor índice de asesinatos registra con un 17.1%. Lo sigue Antioquia con 15.4%, Nariño con 9.4%, Norte de Santander con 7.4%. y Chocó con 6.7%; siendo estos cinco departamentos los más violentos para los procesos y liderazgos sociales.
Asimismo, la situación para los y las líderes indígenas, según cifras SIPARES, no es para nada alentador. Son el segundo liderazgo más victimizado en Colombia, concentrando un 14.3% de los asesinatos a líderes y lideresas. Ahora bien, este preocupante panorama genera mayores incertidumbre debido a que no se identifica más del 86% actores perpretadores no han sido identificados. La incapacidad de este gobierno para atender la difícil situación de derechos humanos, es una de las grandes consignas de los liderazgos indígenas.
Un pulso perdido
Cabe recordar que, según el informe ‘Más Sombras que luces: la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque’, una de las grandes incertidumbres que arroja este gobierno en materia de seguirdad tiene que ver con la expasión y consolidación de actores Armados ilegales en el país. Estos datos efectan directamente los liderzgos indigegenas pues, de los actores perpetradores, el Clan del Golfo concentra la identificación del 6% de los asisinatos a lideres y lideresas sociales, el ELN el 4% y Grupos aRmados postFarc cerca del 3%.
Un ejemplo de ello tiene que ver con el Clan del Golfo que operan en 276 municipios en el país y, del total —durante el gobierno Duque—; se logró expandir en 26 municipios. El ELN, por su parte, consolidó presencia en 136 municipios, expandiéndose durante el gobierno Duque en 35 municipios. Es decir, el gobierno Duque no fue capaz de evitar que en 61 municipios estos actores armados operaran. En lo correspondiente a los grupos armados postFARC, esta investigación indica que operan en 85 municipios en Colombia.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»
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