«El Gobierno debe comprometerse con las víctimas»
Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El 28 de noviembre de 2018 comenzó el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, la cual tendrá un periodo de tres años, es decir, hasta el 2021, año en el que se espera sea entregado un informe que aporte al esclarecimiento de lo ocurrido en el más de medio siglo de conflicto armado, el cual quiere ser construido a través de la información y testimonios recogidos en este tiempo
No obstante, la Comisión ha tenido que sortear con las negativas del Gobierno Nacional, que en reiteradas ocasiones ha instado a que se modifiquen los organismos que fueron creados tras la firma del Acuerdo de Paz, que, como la Comisión de la Verdad, nacieron buscando que haya procesos que dignifiquen a las víctimas y aporten a la verdad, reparación y no repetición.
Justo haciendo un balance de lo que han sido esto dos años de trabajo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó a una audiencia el 8 de diciembre en la que además del comisionado de la verdad, Alejandro Valencia y el presidente de la entidad, Francisco de Roux, también fue citado a algún delegado/a del Gobierno Nacional, voceros que no llegaron a la reunión.
«Lamento profundamente la ausencia del Estado en esta audiencia, porque para la Comisión las audiencias constituyen precisamente este espacio para poder escuchar las posiciones, hoy hubiese sido una oportunidad para escuchar al estado colombiano. (…) Lamento profundamente la ausencia del Estado en esta audiencia, porque para la Comisión las audiencias constituyen precisamente este espacio para poder escuchar las posiciones, hoy hubiese sido una oportunidad para escuchar al estado colombiano», aseveró la comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena.
Además, ante esta ausencia también se pronunció el presidente de la Comisión de la Verdad, quien, a partir de esto también hizo otras alertas sobre el papel del Gobierno a respecto al trabajo del organismo: “la ausencia del Gobierno colombiano en esta reunión, para mí, es poner en evidencia la verdad política que nosotros estamos viviendo en el país”.
Las piedras en el camino del trabajo de la Comisión de la Verdad
Con lo que ha costado en el país construir relatos y llegar a conocer verdades diversas, en un país donde el negacionismo parece ser la batuta de la historia oficial, trabajar y defender los organismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplados en el Acuerdo no es tarea menor, pues éstos justo, han tenido que enfrentarse a unas dinámicas de violencia que continúan, y que además en el ámbito político han tenido que afrontar las negativas a implementar lo pactado en la Habana y en ese mismo sentido a respetar el trabajo de las entidades nacientes luego.
En relación con esto no es un hecho aparte que durante el mismo año que inició el funcionamiento de la Comisión, el representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Darío Pérez presentara el proyecto de Acto Legislativo 087, con el que buscaba prohibirle a la Comisión de la Verdad, a la JEP y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, acceder a “archivos de carácter reservado y de altísima sensibilidad o expedientes de carácter reservado”.
a Comisión de la Verdad ha tenido que sortear con las negativas del Gobierno Nacional, que en reiteradas ocasiones ha instado a que se modifiquen los organismos que fueron creados tras la firma del Acuerdo de Paz, que, como la Comisión de la Verdad, nacieron buscando que haya procesos que dignifiquen a las víctimas y aporten a la verdad, reparación y no repetición.. Fotografía: Pares.
Esto en su momento alertó a varios sectores, pues se advirtió que la iniciativa iba en contra de la esencia del trabajo y de los objetivos de estos organismos, por lo que finalmente, en octubre de dicho año, el congresista decidió retirar el proyecto, pues argumentó que reconoció que para la redacción de su propuesta se había basado en una noticia falsa.
Sin embargo, esta no fue la única interferencia al quehacer de la Comisión. Pues, aunque el proyecto no avanzó de otras formas se ha deslegitimado la función del organismo, y, asimismo, se ha puesto trabas para el acceso de la información, punto esencial para la construcción del informe que está a meses de ser entregado. “La Comisión de la Verdad ha sufrido estigmatización y sus miembros han sido señalados, lo cual pone en riesgo la actividad de las y los comisionados y de todo el equipo de trabajo de la entidad”, reseñó Alejandro Valencia.
Siguiendo esto, hay que señalar que en la audiencia realizada el pasado martes el comisionado Alejandro Valencia y el presidente de la entidad, Francisco de Roux, alertaron frente al organismo internacional que varias instituciones no han cumplido y no han demostrado voluntad de aportar a la verdad.
Desde la Comisión de la Verdad se resaltó que desde algunas instituciones estatales hay una “falta de respuestas, requerimientos adicionales imposibles de cumplir en lo que resta de existencia de la Comisión de la Verdad, o respuestas negativas a comunicaciones oficiales enviadas en las que se solicita el acceso y copia de documentos identificados como relevantes para el proceso de esclarecimiento”.
Estas entidades más precisamente son: el Ministerio de Justicia, Medicina Legal, el Inpec, la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF), el ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Por una parte, sobre el papel específico de la Fuerza Pública se puso en conocimiento que, por ejemplo, la Armada Nacional les ha negado el acceso a los inventarios documentales a cargo de la jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia argumentando que se trata de documentos amparados por reserva legal.
Por otro lado, se enfatizó en que “ante solicitudes a la Fuerza Pública sobre documentos específicos oficiales sobre determinada masacre, o sobre una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se ha dado respuesta con informes de contexto construidos a partir de información provenientes de fuentes abiertas, como prensa, Internet o libros académicos”. Siguiendo lo anterior, se señaló que incluso respecto a las interceptaciones ilegales por parte del Ministerio de Defensa se ha indicado que para acceder a dicha información la Comisión debe dirigirse a otra autoridad.
Asimismo, se aseveró que las Fuerzas Militares han tenido importante interferencia con lo denunciado, pues, por ejemplo, sus respuestas han estado guiadas en decir que no había información disponible acerca del tema. Y llamó la atención que algunas entidades han respondido que la información solicitada no existe y/o que ha sido destruida o incinerada. Lo anterior específicamente fue lo que ocurrió cuando se intentó reconstruir lo que pasó en cuatro masacres ocurridas en el Magdalena Medio entre 1987 y 1999 y la masacre de Tacueyó en el Cauca.