El gobierno de uno o de varios: el caso EPM

Por: Germán Valencia. Columnista Pares.


A principios de agosto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, junto al gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón, hicieron pública la decisión de entablar una solicitud de conciliación a los consorcios diseñadores, constructores e interventores de Hidroituango. La solicitud la realizaron por una cifra de 9.9 billones de pesos, que se constituye en la suma más alta realizada por una entidad pública a agentes privados en el país.


Al hacer pública esta solicitud, tanto el alcalde como el gerente en EPM, aludieron razones de protección del patrimonio público. Consideraron que tenían que proceder a demandar a estos consorcios atendiendo a razones legales y éticas. Dado que, como representantes legales de la empresa, estaban obligados a poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación el detrimento patrimonial en el que se está incurriendo con el proyecto Hidroituango desde el 28 abril de 2018.


Un día después, los ocho miembros de la Junta Directiva de EPM, integrada en su mayoría por directivos de grandes empresas privadas de la región, presentaron su renuncia masiva e irrevocable. En la carta de dimisión los empresarios manifestaron estar en desacuerdo con el proceder del alcalde y su gerente. En especial, con la propuesta realizada, en julio pasado, de cambiar el objeto social de la empresa y, en agosto, de demandar a los constructores de Hidroituango. Todas ellas acciones donde no se consultó a la Junta o se pasó por encima las recomendaciones que hizo.


Entre la solicitud de conciliación a los consorcios y la renuncia de la Junta, la noticia que mayor impacto creó en la ciudadanía fue la segunda. Para la mayoría de las personas el tema de la demanda revestía poco interés: primero, porque preveían acciones de este tipo por parte del alcalde, ya que en campaña Daniel Quintero había realizado fuertes críticas al manejo que se le estaba dando a la crisis con Hidroituango y, por tanto, se esperaba que tomara acciones como estas.


sí, mientras que las empresas aseguradoras y calificadoras de riesgo, como Fitch Ratings y Moody’s, le ponen cuidado a EPM por el tema de Hidroituango, la ciudadanía y la opinión pública está atenta a la estructura de gobernanza y al respeto de las normas y las tradiciones en la administración de lo público. Imagen: Pares.

Segundo, porque la ciudadanía, en su mayoría, no comprendía muy bien los plazos con que debía actuar el alcalde y su gerente, debido a la cercanía de la caducidad de la acción legal; y porque desconocía que muchas de las empresas demandadas son antioqueñas, los consorcios están compuesto, entre otros, por importantes empresas paisas como Integral, Soligral, S.A., Conconcreto, Coninsa-Ramón H y Camargo Correa.


Y tercero, porque confiaban en que las instituciones de control y protección de la empresa públicas operen. Al ser EPM es una empresa municipal, la ciudadanía suponía que todas las organizaciones gubernamentales tienen los ojos puestos en ella, por ejemplo, las comisiones de regulación, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría, las contralorías y las Veedurías, entre otras, e históricamente esta han atendido los problemas de las empresas estatales y han actuado en la ley.


De allí que el interés de la ciudadanía está puesto en la renuncia completa de la junta directiva de EPM. Esta renuncia colectiva causó preocupación y críticas. Preocupación por que la forma de gobierno corporativo, que ha sido habitual en la administración de lo público en la ciudad, aparentemente entró en crisis. En Medellín, la ciudadanía está acostumbrada a ver cómo varias personas se ocupan de la gestión de sus grandes empresas. Como pasa con la emblemática empresa Metro, Ruta N, varias universidades y la red de museo, entre otras.


A su vez, la opinión pública, entre ellos académicos y representantes de los gremios económicos, han presentado críticas a la decisión del alcalde. La población piensa que el alcalde no está teniendo en cuenta las recomendaciones de las juntas directivas y que actúa como déspota en mandado local. Lo cual está provocando que renuncien los directivos, como sucedió, en la misma semana, con Ruta N, cuyas razones de renuncia fueron muy similares.


En interés ciudadano y la opinión pública se sitúa en la crisis por la que pasan las estructuras de gobernanza de la ciudad. Considera que los modelos de gestión, que tradicionalmente operan, están entrando en riesgo. Así lo deja ver la renuncia masiva de la Junta Directiva de EPM y Ruta N. Sobre todo, con EPM, la empresa pública más importante y de mayor tradición para Antioquia; que aporta para la inversión social al municipio 1.5 billones anuales, cuyos activos la ubican en el segundo lugar después de Ecopetrol; y que tiene presencia en muchas regiones del país y en el contexto latinoamericano.


Así, mientras que las empresas aseguradoras y calificadoras de riesgo, como Fitch Ratings y Moody’s, le ponen cuidado a EPM por el tema de Hidroituango, la ciudadanía y la opinión pública está atenta a la estructura de gobernanza y al respeto de las normas y las tradiciones en la administración de lo público. Mira con preocupación lo que está sucediendo. Una situación que recuerda la clásica discusión que tuvieron los griegos frente al tipo de gobierno que debían darse en sus polis.


Los teóricos de la política han discutido por siglos cuál es la mejor forma de gobierno: sí la de uno, de varios o de muchos. Autores como Aristóteles o Polibio mostraron como frente al manejo de lo público no se puede decir con seguridad cuál es la mejor forma de gobierno. Pueden existir monarcas benevolentes, aristócratas sabios o sistemas democráticos donde prima la participación y la buena consulta. Aunque también pueden hallarse gobiernos tiranos, oligarquías corruptas o pueblos enteros que subyugan a las minorías.


Es decir, los cientos de estudios comparados y la inmensidad de casos trabajos han servido para mostrar que lo determinante en los resultados no es la forma de gobierno sino el actuar de sus los dirigentes. De allí que es necesario establecer, proteger y revisar, de manera continua, las normas de juego que dan origen a la gobernanza institucional.


Esta forma de acción resulta siendo una de las mejores estrategias para blindar a las organizaciones de los riesgos que puede correr con el vaivén de los políticos nombrados periódicamente; de la configuración de las juntas directivas, donde a veces priman los intereses privados sobre el general; de las decisiones que tomen las juntas administradoras, donde pueden premiarse por anticipado a proveedores o contratistas; y de evaluar los resultados que tienen las empresas, que muchas veces no son los mejores.


De allí que las empresas de interés público deberían ser gerenciadas o tener juntas que sean ajenas, lo más posible, a los vaivenes políticos. Juntas que idealmente sean autónomas, tanto al poder de los políticos de turno como a los grupos de interés privados que se pueden beneficiar.


En conclusión, si las estructuras de gobierno de las organizaciones de interés público están presentando problemas lo más conveniente es que se revisen las normas de juego. Es necesario que las normas que les dan origen y las regulan se discutan públicamente, de forma abierta, para que la ciudadanía, los políticos y la academia se manifieste. Se requiere evaluar las normas y si es conveniente proceder a su cambio, así las nuevas normas, que deben ser discutidas públicamente, se conviertan en acuerdos construidos colectivamente. Instituciones que salgan del debate y la discusión, propias de gobiernos transparentes y democráticos.