El gobierno de uno o de varios: el caso EPM

Por: Germán Valencia. Columnista Pares.


A principios de agosto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, junto al gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón, hicieron pública la decisión de entablar una solicitud de conciliación a los consorcios diseñadores, constructores e interventores de Hidroituango. La solicitud la realizaron por una cifra de 9.9 billones de pesos, que se constituye en la suma más alta realizada por una entidad pública a agentes privados en el país.


Al hacer pública esta solicitud, tanto el alcalde como el gerente en EPM, aludieron razones de protección del patrimonio público. Consideraron que tenían que proceder a demandar a estos consorcios atendiendo a razones legales y éticas. Dado que, como representantes legales de la empresa, estaban obligados a poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación el detrimento patrimonial en el que se está incurriendo con el proyecto Hidroituango desde el 28 abril de 2018.


Un día después, los ocho miembros de la Junta Directiva de EPM, integrada en su mayoría por directivos de grandes empresas privadas de la región, presentaron su renuncia masiva e irrevocable. En la carta de dimisión los empresarios manifestaron estar en desacuerdo con el proceder del alcalde y su gerente. En especial, con la propuesta realizada, en julio pasado, de cambiar el objeto social de la empresa y, en agosto, de demandar a los constructores de Hidroituango. Todas ellas acciones donde no se consultó a la Junta o se pasó por encima las recomendaciones que hizo.


Entre la solicitud de conciliación a los consorcios y la renuncia de la Junta,