«El glifosato es un crimen contra las comunidades»

Por: Laura Cano. Periodista Pares.

El pasado mes de mayo un juez del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto ordenó suspender provisionalmente la primera audiencia pública del trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea, la cual estaba convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para ser realizada el 27 de mayo.

No obstante, esta fue aplazada tras atender una tutela que presentaron varias organizaciones y campesinos/as, parte de ellos/as pertenecientes a la Asociación de Cacaocultores del Municipio de Policarpa, Nariño, quienes argumentaron que se vulneraría su derecho a la participación, pues se tenía prevista realizarla de forma virtual. Situación similar se presentó meses después, en agosto, cuando la fecha prevista había sido en el mes de septiembre, sin embargo, de nuevo se solicitó fuera corrida, pues no había garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general, conforme a los parámetros de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017.

A pesar de los llamados a que se garantizara la participación de las comunidades que se verían impactadas por el regreso de las aspersiones aéreas, hace algunas semanas se informó que desde la ANLA y la Policía Nacional se planteó la realización de la audiencia pública el próximo 19 de diciembre y que conjuntamente se llevarían a cabo 17 reuniones informativas previas, las cuales se estuvieron realizando entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de forma virtual y en algunos espacios presenciales.

Sin embargo, se ha seguido resaltando que esta nueva convocatoria, al igual que las anteriores, tampoco propende por la participación de la comunidad, por lo que diversas organizaciones entre ellas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, han pedido formalmente al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto que suspenda nuevamente la diligencia.

Lo anterior argumentando varios puntos, por ejemplo, en que el haber convocado a la audiencia desconoció las órdenes emitidas por el Juzgado, el cual indicó, entre otras cosas, que las entidades relacionadas debían informar con cinco (5) días de antelación las actuaciones que se desplegarán para rehacer las tres audiencias informativas, sin embargo, aunque eso hace parte de las alertas que se hacen, las reuniones previas ya se realizaron.

“La Policía Nacional-Dirección Antinarcóticos, el pasado 06 de noviembre, envió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la Propuesta metodológica tendiente a rehacer las actuaciones, sin avisar al Juzgado, obviando así su obligación de informar cada actuar previamente. No se trata de enviar una simple copia de una actuación administrativa, sino de comunicar el plan detallado del paso a paso de cómo se cumpliría la orden judicial”, se afirmó desde el CAJAR.

A esto se suma que, aunque las aspersiones aéreas se realizarían en 104 municipios de 14 departamentos, solo se gestionaron 17 espacios presenciales – que pueden tener un aforo de máximo el 50%- para la participación del público relacionado, no obstante, éstos solo representan el 6.24% de los espacios que debería haber, teniendo presente la cantidad de zonas que se pretenden intervenir.

Por su parte, Jenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), hace unos días aseveró, como se informó desde Semana, que: «Las comunidades rurales siguen denunciando que no tienen acceso al expediente de la información que va ser consultada. En cuanto al tema indígena, no se han hecho las correspondientes consultas previas, aclarando que sí procede este procedimiento porque se hizo un cruce de información entre las zonas que estarían sometidas al programa de fumigaciones con las zonas que están siendo solicitadas por resguardos indígenas para ser constituidas como tal y se encontró que hay un traslape enorme y no accidental como lo han querido hacer ver».

Ante esto Pares habló con Alirio Uribe Muñoz, abogado y defensor de Derechos Humanos, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y exrepresentante a la Cámara por Bogotá.

Pares: En este momento, ¿cuál es el panorama que hay respecto al debate de las aspersiones aéreas?

Alirio Uribe Muñoz: Estamos en esto hace 15 años. Ese proceso de licenciamiento ambiental en 2017 se paró y se prohibió hacer aspersiones aéreas; se suspendió porque hacía daños a la salud y al medio ambiente. Cuando llega en el 2018 Duque al Gobierno hace una audiencia en la Corte y le pide que vuelvan a autorizar las aspersiones. Paralelamente a eso la Policía Nacional y su dirección antinarcóticos iniciaron un proceso para modificar la licencia ambiental con el ánimo de que se retomaran las aspersiones. En el marco de eso se tiene que hacer una audiencia pública para que las comunidades participen; me refiero a comunidades indígenas, campesinas, afros, para que éstas estén en la discusión de los impactos que esta actividad trae para ellos y ellas.

Como nos cogió la pandemia, se convocó desde el ANLA una primera audiencia el 27 de mayo y luego el 1 de septiembre, esas se suspendieron porque hicimos tutelas contra el ANLA, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el de Medio Ambiente y la Policía Nacional. En esas tutelas finalmente el Tribunal Administrativo de Nariño dijo que en efecto se estaba violando el derecho a la participación de las comunidades, la consulta previa de los pueblos indígenas y el derecho a la información.

Ahora, nuevamente, sin que haya pasado la pandemia y con los mismos vicios de la convocatoria de mayo y septiembre, se sigue insistiendo en citar a una audiencia pública el 19 de diciembre en la que los mismo problemas que han sido denunciados siguen estando presentes.

Un principal problema es que se insiste en hacer la audiencia de forma virtual, retransmitiéndola en 16 salas de otros municipios, pero sin garantizar, por ejemplo, la conectividad de las comunidades. Aquí no se trata de socializar, se trata es de participar. Se tiene que tener presente y no se puede dejar de analizar que en muchas áreas rurales, donde la aspersión tendría efectos, no hay conexión estable, el servicio de energía es intermitente o por horas.

Adicional, hay que señalar que se está desconociendo el derecho a la consulta, cuando de los 104 municipios es lo que se quiere realizar aspersiones, por lo menos, en 54 hay presencia de grupos étnicos que deberían tener derecho a la consulta. Lo que estamos diciendo al Juzgado, es que como se suspendieron las audiencias de mayo y septiembre, también se suspenda esta.

Pares: ¿Cuál es el riesgo para procesos como la implementación del PNIS con que desde el Gobierno se siga insistiendo en estas iniciativas?

A.U.M: Lo que quiere hacer el Gobierno es terminar rápidamente el proceso de licenciamiento ambiental para que se pueda prontamente hacer aspersiones. Los aviones ya están parqueados, la Policía ya tiene comprado el glifosato, ya tienen un coronel de aspersiones áreas nombrado, ya están listos. Lo que decimos es que tienen que cumplir con los autos y fallos de la Corte Constitucional, así como con los del Juzgado.

Finalmente, lo que se implica con todo esto es el incumplimiento al Acuerdo de Paz, más específicamente el punto cuatro. Lo que en este momento debería estar siendo priorizado es la política de la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades, que ofrezca planes de desarrollo alternativos, de proyectos productivos, etc., para que esas 400.000 familias que viven de sembrar coca, se puedan dedicar a otra cosa. Esa debe ser la prioridad. Si eso fracasa, bien sea porque no hay acuerdos con las comunidades, o porque las comunidades incumplen, ahí sí operaría la segunda política que es la erradicación forzada, que también necesita una consulta previa y una concertación; las aspersiones aéreas hacen parte de esas erradicaciones forzadas.

Lo que ha hecho Duque ha sido desfinanciar los PNIS; han congelado ese programa, solo entraron 100.000 familias y no han permitido que las otras familias que querían ingresar lo hicieran. Paralelamente lo que han hecho es aumentar los grupos de erradicación forzada, pasando de casi vente a alrededor de cien. Todo eso hace parte de ese juego del Gobierno, pues mientras todo esto pasa el ministro de Defensa sale a decir mediáticamente que la forma de parar las masacres, los asesinatos sistemáticos, etc., es fumigando.

Lo que no parecieran ver es que estas aspersiones son una guerra química, son crímenes contra las comunidades; generan desplazamiento forzado, afectaciones físicas y ambientales. Además, es un proceso costosísimo que nos sirve para nada.

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