El Estado debe honrar su palabra con exguerrilleros

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares


La violencia contra los exguerrilleros no cesa. Este fin de semana una ola de terror cobró la vida de cuatro (4) integrantes de FARC que le estaban apostando a la reincorporación. Uno de los sucesos tuvo lugar en la ciudad de Cúcuta, cuando hombres armados irrumpieron en el Hotel Diamante y abrieron fuego contra José Peña y Milton Urrutia Mora, el pasado 6 de septiembre. Como resultado del ataque, Arsenio Maldonado también falleció. A su vez, ese mismo día fue asesinado Jackson Mena, en el barrio Las Margaritas de la ciudad de Quibdó.


Estos asesinatos configuran un nuevo hecho victimizante contra la paz, pues los exguerrilleros que le están apostando a la implementación del Acuerdo no encuentran garantías de protección por parte del Gobierno Nacional. Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, desde el 24 de noviembre de 2016 —día de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón— a la fecha, se registra el asesinato de 110 exguerrilleros y 26 de sus familiares.


Según el registro de Sipares, las zonas del país con mayor índice de victimización son los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquia. Asimismo, los municipios más violentos para las personas en proceso de reincorporación son Ituango, El Charco y Tumaco.


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