El ELN desatado
- Laura Bonilla
- 8 oct 2024
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Por: Laura Bonilla

Este fin de semana ocurrieron dos masacres en el Catatumbo. En el corregimiento de Los Balcones, municipio de Convención, el ELN informó a los funcionarios públicos que participaban en un evento sobre la implementación de medidas de reparación colectiva que no podrían regresar al territorio. Literalmente, vetaron la presencia estatal, la misma cuya ausencia paradójicamente reclamaban en las mesas de diálogo. Es un círculo vicioso y perverso que parece no tener fin: en todas las mesas de paz se exigen acciones para la paz, la justicia y el desarrollo en los territorios, pero es la presencia armada la que, una y otra vez, impide que estas acciones se materialicen.
El ELN ha decidido desatar una ofensiva militar. Sin embargo, dada la naturaleza de la violencia organizada actual, esta ofensiva se centrará en atacar objetivos civiles y en confinar a la población. Si durante los primeros años de la década de 2000 el desplazamiento forzado fue el drama humanitario más notorio, en esta nueva oleada violenta, la combinación de confinamiento, reclutamiento forzado y extorsión es lo que predomina. Lo evidencian los atentados en Arauca, las masacres en el Catatumbo y el constante asesinato de líderes sociales en el Cauca. A esto se suma la presión constante sobre las Juntas de Acción Comunal, un fenómeno no nuevo, pero que ha sido exacerbado por la crisis de la economía cocalera y la competencia entre grupos armados. Ahora hay más actores armados, pero los recursos son limitados.
Además, la escisión pública del Frente Comuneros del Sur afectó gravemente al ELN, más de lo que esperaban. Que una facción regional haya adquirido el mismo peso político que ellos, que pretendían ser los únicos en una mesa de negociación interminable, los ha colocado en una encrucijada sin posibilidad de victoria. Aunque su estrategia de presión podría permitirles mantener posiciones relevantes y, quizás, su anunciada "guerra de resistencia" complique aún más las acciones del gobierno, sea para combatirlos o negociar, cada día pierden la representación que afirman tener. Si bien la opinión pública nunca ha sido su prioridad, su legitimidad territorial y representatividad, que tanto presumen, se sostienen principalmente en la violencia selectiva.
El panorama actual no es favorable, ni para el país ni para el ELN. A pesar de todas las críticas, la mesa de diálogo representaba su mejor escenario, incluso con los constantes reclamos al gobierno por incumplimientos obvios (28 acuerdos en dos años es una cifra irreal y casi absurda en la que cayeron tanto gobierno como ELN). Continuar en los diálogos ofrecía una salida mucho más viable a un costo menor. Mantenerse en la mesa les daba una oportunidad que difícilmente otro gobierno volverá a ofrecer en 2026. Pero al alejarse, caen nuevamente en el círculo vicioso de "existir para resistir", condenando cualquier posibilidad de aportar a la transformación territorial a la que tanto han llamado. Cada vez el territorio llama a la transformación, pero sin ellos.
El ELN, probablemente la última guerrilla de un ciclo de violencia que llega a su fin —aunque, lamentablemente, para dar paso a otro, como suele suceder en Colombia— no tendrá otra opción como la que tuvo con este gobierno. Sus propias fracturas internas se volverán aún más graves en el futuro cercano. La soberbia de un ELN descontrolado y de varios de sus mandos nacionales les impide ver que cada vez les resulta más difícil mantener el control territorial en la mayoría de sus zonas de influencia. Además, se verán obligados a negociar con otros actores armados, incluso aquellos que ellos mismos han etiquetado como paramilitares, como ha ocurrido recientemente con el Frente 33 para frenar el avance de “Los Pelusos” en el Catatumbo. En el peor de los casos, se enfrentarán cada vez más con grupos como el Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo, que hoy en día cuenta con muchos más recursos que ellos.
Finalmente, es muy probable que, tarde o temprano, la estrategia militar y de seguridad en Colombia se adapte a enfrentar grupos armados más pequeños y difíciles de detectar. El próximo gobierno podría optar por una política de no negociación sin que eso implique una confrontación abierta o una guerra total. De hecho, no sería una idea descabellada, dado que en muchas regiones es la propia población la que está reclamando que la paz se construya directamente con ellos. Con la gente, no con los grupos armados.
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