En cuestión de semanas podrá ser una realidad la firma de los acuerdos entre Gobierno y FARC, sin embargo, ya no bastará con que todo este acordado entre las partes. Con el más reciente anunció de la Habana es claro que la negociación quedó restringida a la refrendación de los acuerdos; La responsabilidad de cerrar una guerra de más de cincuenta años está en manos de la ciudadanía, la cual recibe el mandato de la paz o de la continuidad de la guerra con grandes sesgos de información.
Los protocolos sobre el cese al fuego entre el Gobierno Nacional y las FARC fueron recibidos con una importante dosis de incertidumbre. A pesar del anuncio de 35 reglas que comprometen a las partes para no realizar acciones que pongan en riesgo el cese definitivo al fuego y otra serie de acciones conjuntas y compromisos unilaterales que buscan blindar el acuerdo sobre el fin del conflicto, el Gobierno y las FARC no logran aumentar la confianza hacia el proceso de paz. Se esperaba que este anuncio fuera un mensaje de seguridad hacia la sociedad colombiana no solo la rural, sino la urbana, la cual parece no entender la dimensión de los acuerdos y los beneficios inmediatos del fin de la guerra con las FARC.
El fin de las hostilidades y la movilización de la guerrilla hacía las zonas de concentración representaba una de las mayores garantías para llevar a cabo la campaña del plebiscito. Pero el Congreso de la República no lo quiso así, y con la inclusión del artículo 5 en el acto legislativo para la paz, quedo consignado que todo lo acordado operara una vez haya refrendación popular. La Delegación de las FARC manifestó que no habrá traslado de la tropa hasta que no haya ley de amnistía, y esta sólo estará lista cuando el presidente haga uso de sus facultades especiales, es decir luego de que sean refrendados los acuerdos. Mientras no existan garantías jurídicas para las tropas de las FARC no habrá movilización hacía las zonas, es decir, los protocolos del cese al fuego solo se pondrán en marcha una vez se haya celebrado el plebiscito, el artículo 5 del acto legislativo conlleva a que los protocolos para el cese al fuego y de hostilidad bilateral, así como el cronograma para el fin del conflicto presentado el 23 de junio sólo se pueda llevar a cabo cuando gane el “SI”.
Y aun cuando esto pueda parecer absolutamente comprensible, la coyuntura nos muestra que son más los riesgos que las oportunidades que esto representa. El primer efecto que tiene esto es que la campaña del plebiscito se hará con las FARC no concentradas y en armas, elemento que podrá ser utilizado por los spoilers o enemigos de la paz para entorpecer el proceso, desde ya nos debemos preparar para recibir denuncias sobre posible proselitismo armado por parte de las FARC a favor del plebiscito, este riesgo se habría podido eliminar si se ofrecían garantías para la concentración, la primera de ellas la ley de amnistía.
Segundo, la concentración y el inició de los protocolos de dejación de armas eran la muestra más fuerte para desmitificar el proceso, la voluntad de la guerrilla de las FARC es evidente, de acuerdo a los cronogramas establecidos, la preparación del plebiscito y su campaña coincidían de manera paralela con el inicio del proceso de dejación de armas, este era el mensaje más contundente para quienes se aferran a la idea de que la negociación está atada únicamente a la Habana, la necesidad de mostrar acciones en Colombia era quizá la principal urgencia para desbaratar los argumentos de quienes no quieren la paz.
Se vuelve a perder una oportunidad de mostrar al país los beneficios y la rigurosidad con la que se ha avanzado en la mesa de negociación. Con esta decisión se abren las oportunidades para que los promotores del no consoliden mensajes desvirtuando las cualidades de los acuerdos.
Los retos para los promotores del si ahora son mayores, el gobierno nacional tendrá que poner en marcha proyecto de ley de amnistía con mensaje de urgencia para que su trámite tarde entre tres y cuatro semanas y no entorpezca los cronogramas de la paz. Estas acciones ofrecerán las garantías necesarias para que los protocolos de seguridad de las FARC y se permita la movilización a las zonas veredales una vez firmado el acuerdo y no luego de su refrendación, no se puede perder la oportunidad de la paz, y estas acciones deben fortalecer no sólo la confianza al interior de la mesa sino enviar un mensaje certero a la ciudadanía el cual pueda desvirtuar los ataques a la paz.
*Coordinador línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación
Columna de opinión publicada en Colombia2020
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