Por: José Roberto Acosta Ramos, aliado PARES
De acuerdo con las cifras oficiales de desempleo, al cierre del pasado mes de agosto el número de colombianos con una ocupación, formal o informal, fue de 22.1 millones, frente a los 22.7 millones de personas que tenían ocupación en agosto del año pasado. Se destruyeron 562.000 ocupaciones en el primer año cumplido de la actual presidencia del uribismo en el gobierno.
En este primer año de gobierno el ejército de desempleados pasó de 2.3 millones de personas a una cifra de 2.7 millones de almas. Cifra récord en la historia del país. Lo llamativo de este deterioro del mercado laboral es que son cada vez menos las personas que están dispuestas a ofrecer su mano de obra, es decir, se ha presentado una curiosa reducción de la Población Económicamente Activa, que pasó de 13.9 millones de personas en agosto del año 2018, a un récord de 14.6 millones. Y lo anterior a pesar del choque demográfico que ha significado la migración venezolana que el DANE también ha empezado a medir.
Las anteriores cifras oficiales confirman que el galopante aumento del desempleo no tiene como causa fundamental y determinante la migración venezolana pues, para validar esa tesis, por lo menos se debería observar un aumento de la población económicamente activa por cuenta de la mayor participación de oferta de mano de obra de inmigrantes, pero las cifras con corte a agosto pasado confirman que eso no es así.
Según el DANE, el choque demográfico ha sido de 1.641.000 venezolanos durante los últimos cinco años, de los cuales más de la mitad han llegado desde mayo del año pasado. De los venezolanos que han venido a radicarse en Colombia, 1.050.000 ofrecen su mano de obra, habiendo logrado trabajos aceptables 222.000 inmigrantes, 627.000 en la informalidad y 201.000 en el desempleo.
Esta nueva población permanente ha generado presiones sobre los servicios públicos de educación y salud, en el cual solo registran afiliación y aporte el 18,7% de los inmigrantes, poniendo a prueba nuestro sistema de seguridad social, y por ese canal, a nuestra finanzas públicas, obligando a una “flexibilización” de la regla fiscal adaptándose a las nuevas circunstancias demográficas.
Las cifras del DANE tambien ilustran sobre la calidad de la mano de obra inmigrante. De los venezolanos que han inmigrado a Colombia, el 29% reportan no tener ningún nivel educativo, 25% apenas formación básica primaria, 7% secundaria, 25% educación media y solo el 8% educación superior y postgrado; así que su aporte a la economía en cuanto a capital humano es muy limitado.
En su mayoría, los venezolanos ocupados ganan entre medio y un salario mínimo al mes, sin embargo, su aporte a la demanda agregada de la economía se ha reflejado en el sostenido incremento del gasto de los hogares a nivel nacional que reporta la firma Raddar, y que en el pasado mes de agosto contabilizó $58,1 billones, creciendo el 6,3% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado y convirtiéndose en el mejor dato de los últimos 44 meses. Según Raddar la migración se suma como factor dinamizador del gasto, junto con la expansión del crédito bancario y el aumento de las remesas de colombianos en el exterior.
Las cifras muestran que, por calidad de trabajo y remuneración, Colombia no ha sido generosa con los venezolanos, dados los problemas estructurales de nuestro mercado laboral que ni siquiera puede atender a la población local. Su presencia en nuestro país también explica el ajuste al alza del producto interno bruto en el primer semestre de este año, gracias a la nueva demanda de alimentos por parte de los migrantes.
Pero este choque positivo en el consumo puede ser pasajero, ya sea porque muchos siguen de largo hacia otros países o porque difícilmente su ingreso podrá aumentar, provocando un estancamiento en los índices de crecimiento a partir de ahora y golpeando aún mas la ya deprimida confianza del consumidor.
Estas preocupantes cifras del mercado laboral empiezan a ser utilizadas para propuestas, que de tiempo atrás se han querido imponer por un grupo de comerciantes, y que esta semana son promulgadas por su gremio representado por FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes) proponiendo la posibilidad de salario mínimo diferencial o por regiones, de tal suerte que se pueda pagar menos en Quibdó o Mocoa que lo que se reconoce en Bogotá como salario mínimo.
El riesgo de este tipo de propuestas es que se empiece a nivelar por lo bajo la exigua remuneración de los trabajadores y que, en lugar de beneficiar la creación de empleos en zonas de poco desarrollo económico, se dé pie a pauperizar aún el precario sueldo mínimo en Colombia.
También propone FENALCO la remuneración por horas, con lo cual lograrían bajar sus costos laborales en detrimento de los trabajadores que mediante aplicaciones tecnológicas se estarían viendo sometidos a trabajar al destajo. Ya Colombia es el país con peor índice de balance entre vida-trabajo (Ver @theworldindex) con un dato 0.9, debajo de México con 1.1, Turquía con 3.1, Chile con 5.0, Sur África con 5.5, Estados Unidos con 6.0 y Reino Unido con 6.4, entre muchas otras naciones.
Lo más grave ante este preocupante panorama, es que las perspectivas no parecen mejorar, no solo porque el deterioro del mercado laboral es una tendencia mundial, sino porque el actual gobierno parece desentenderse de los problemas económicos al concentrarse en agendas que van, desde intervenir en la política de Venezuela, hasta azuzar a los desmovilizados a que vuelvan al monte por cuenta de un discurso polarizante que hasta el propio Banco de la República ha calificado de perjudicial para el crecimiento económico.
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