El debate silenciado sobre el sistema pensional

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia


Estamos en un momento clave de la política colombiana. Durante el primer semestre de 2022 el conjunto de personas que aspiran llegar a la Presidencia de la República están intentando persuadirnos sobre lo conveniente que sería para el país apoyarlos con nuestro voto y, si queremos, también motivar a otros para que lo hagan en las urnas.

Cada candidato o candidata trae en sus manos un conjunto de temas con los que buscan seducirnos y ponernos a hablar con propuestas políticas. La mayoría de ellos nos plantean temas de interés general, como el desarrollo de energías renovables para afrontar el cambio climático, mayores inversiones en educación y cultura o la urgencia de reformas a los sistemas tributarios o de pensiones.

En esta exposición de propuestas llama la atención cómo durante los debates y después de ellos han aparecido una serie de asuntos cuyos dolientes han salido de inmediato a reaccionar. En especial, vemos cómo, antes de la consulta partidista del 13 de marzo, se generó una lluvia de críticas, advertencias y contraargumentos a la propuesta que varios de los integrantes del Pacto Histórico han realizado sobre una posible reforma del sistema pensional colombiano.

Sorprende cómo este tema pensional ha tenido tanta importancia para los empresarios y los representantes gremiales, como la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) –que aglutina a las únicas cuatro Administradoras de Fondos de Pensión (AFP)– y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Al punto de ocupar grandes franjas en sus emisiones centrales de noticias –de los que son propietarios– a escuchar prestigiosos economistas que defienden el sistema actual privado de pensiones.

Estos grupos de interés han salido a la esfera pública a advertir sobre lo inconveniente que sería para el país tocar los dineros de los fondos privados. En su argumentación muestran con detalle, lo conveniente que fue la reforma que realizó la Ley 100 de 1993, y lo importante que ha resultado contar con grandes capitales para hacer las inversiones privadas que el país ha requerido. Además, al final, le piden a la ciudadanía que les permitan a los fondos privados continuar, pues son jóvenes con solo 30 años, que necesitan avanzar y consolidarse.  

Pero en su argumentación, olvidan estratégicamente señalar las críticas que se le hacen a los fondos privados, y pasan sin nombrar asuntos que es necesario conocer, como las demandas que hay por inconstitucionalidad ante el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre la manera cómo se gestionan los más de 350 billones de pesos que administran.

Las grandes asociaciones de fondos y entidades financieras guardan silencio cómplice sobre la demanda de nulidad, admitida por el Consejo de Estado el 19 de septiembre de 2016, contra el Decreto 1385 de 22 de junio de 2015 y las violaciones a normas superiores que hacen sin pudor los grandes administradores de fondos de pensiones y que ponen en riesgo el patrimonio de cerca de 17 millones de trabajadores en el país.

Según esta demanda de nulidad, el Decreto 1385 permite los autopréstamos. Admite que los recursos de los fondos de las AFP autofinancien a las mismas empresas que los administran. Según el artículo 5 permiten que los fondos privados “destinen al menos dos terceras (2/3) partes de los aportes de sus inversionistas a proyectos de infraestructura, bajo el esquema de asociaciones público privadas (APP)”.

Lo que significa que la junta directiva de las AFP –como Porvenir– le preste los ahorros de sus cotizantes a empresas de su mismo conglomerado económico –como Corficolombiana cuyo dueño es el Grupo Aval–, con el objetivo de que realicen inversiones de infraestructura –como la Concesión Ruta del Sol–, proyectos que, como sabemos, tienen relaciones con socios corruptos –como Odebrecht–.  Otro ejemplo, podría ser el caso de la AFP Protección, que está habilitada para prestar recursos a Odinsa, que desarrolla la renovación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Esta situación que ya había sido advertida y regulada desde 1994 por el Decreto Ley 656. Allí se dice que “Las sociedades que administren fondos de pensiones, sus directores, administradores y representantes legales deberán abstenerse en general de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran”, indicación que fue, por supuesto, violada por el Decreto 1385 de 2015, una norma posterior y de menor poder.

Así, queda evidenciado que muchas normas en Colombia están hechas a la medida e intereses de los grupos económicos. Y que las que no lo están son olvidadas, no se aplican o se leen de otra forma. Como, por ejemplo, la composición de las juntas directivas de los fondos en la que deberían estar los afiliados a las AFP, y no extraídos, postulados y nombrados por la propia industria financiera, y que luego son capturados para aprobar las inversiones de los fondos en grandes proyectos.

O el olvido en que tienen las AFP a la disposición que ordenó la Ley 100 en el tema de inscripción del fondo pensional en la Bolsa de Valores de Colombia con el objetivo de democratizar la participación o propiedad accionaria en un negocio tan lucrativo. Donde, a la fecha, solo la AFP Protección tiene su acción inscrita.

En conclusión, como ciudadanía debemos estar muy atentos al vaivén de la agenda temática que está apareciendo en las propuestas de las y los candidatos a la Presidencia. Sobre todo, a las reacciones de los diversos actores sociales y del mercado, pues allí se puede apreciar los intereses ocultos que se tocan. Uno de ellos, sin duda, la cuestión pensional que resulta fundamental para nosotros, pues con él se aborda un asunto público sobre el derecho de los trabajadores, la protección de los adultos mayores y el buen vivir. Un tema que despierta muchos intereses entre los grupos económicos, donde buscan no ser afectados y de allí que guarden silencio frente a muchos asuntos.

Ante eso debemos decir: bienvenido el debate sobre el sistema pensional en el se aborden cuestiones como el esquema de pilares, edad de pensión, combinación o competencia entre sistema de reparto o de ahorro individual; pero, igualmente, los graves problemas en la administración de los fondos privados. De esta forma, los temas de la agenda pública no quedarán sesgados o silenciados por el oligopolio financiero y mediático del sector privado, sino que serán una rica arena política para discutir temas que nos interesan y afectan a todos.