Por: Juan Manuel Velandia, Asistente de Investigación
Línea Democracia y Gobernabilidad
En 2020 el actual registrador, Alexander Vega, junto al gobierno de Iván Duque, presentó ante el Congreso Nacional una nueva reforma al Código Electoral con mensaje de urgencia, el cual fue declarado como inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-133/22. Sin embargo, el registrador hizo caso omiso a la decisión de la Corte, y en agosto del 2022 volvió a presentar, con el apoyo del gobierno de Gustavo Petro, el mismo Código Electoral con algunos cambios mínimos.
Esta fue la primera reforma clave que radicó el gobierno Petro, la cual ha estado inmersa en diversas controversias. Por un lado, la reforma llegó con mensaje de urgencia debido a que el proyecto se tenía que expedir antes de las elecciones de 2023, sin embargo, el gobierno tuvo que retractarse, ya que una de las razones por las cuales la Corte Constitucional tumbó la pasada reforma fue porque ese mensaje incurría a una ausencia de un debate amplio, trascendente y participativo. Por otro lado, la iniciativa presentaba varias inconsistencias e irregularidades dentro del Código, lo que hizo que algunos congresistas estuvieran de acuerdo con la Corte Constitucional afirmando que este proyecto se debe discutir sin afanes, por tal motivo su discusión tuvo que reanudarse hasta este año.
Ahora bien, es importante recordar que la actual reforma al Código Electoral debe de haber cumplido los cuatro debates para convertirse en Ley antes del 20 de junio de 2023, que termina la legislatura, puesto que al ser una Ley estatutaria no puede discutirse en sesiones extras.
Siguiendo esto, después de ocho meses de su presentación, la iniciativa, que busca la regulación del derecho a las atribuciones de la organización electoral y la transparencia en procesos de elecciones, entró nuevamente a la discusión hasta el pasado mes de abril, luego de que la Comisión Primera del Senado aprobara la reforma en su primer debate. Cabe resaltar que la discusión presentó grandes trabas, pues senadores como Ariel Ávila (Alianza Verde), Humberto de la Calle (Centro Esperanza), Paloma Valencia, María Fernanda Cabal (Centro Democrático), David Luna (Cambio Radical), Alejandro Chacón (Partido Liberal) y María José Pizarro (Pacto Histórico), no estuvieron de acuerdo con algunos puntos clave de la reforma e hicieron la radicación de proposiciones modificatorias y de archivo para artículos específicos, en total fueron aprobados 271 artículos de los 277 que tenía el proyecto.
Luego de que la reforma pasara su primer debate en la Comisión Primera del Senado en abril, la discusión continuó este martes 16 de mayo en la plenaria del Senado para su segundo debate, el cual logró sortear con 55 votos a favor y 2 en contra. La iniciativa tuvo como ponentes centrales a los senadores Germán Blanco, del Partido Conservador, y Alejandro Vega, del Partido Liberal.
Los puntos clave que se aprobaron en la plenaria, fueron:
Voto electrónico mixto (Aprobado): se trata del artículo 242 que instauraría medios tecnológicos en todas las etapas del proceso electoral para las votaciones de Autoridades, Corporaciones Públicas y Mecanismos de Participación Ciudadana (Plebiscito, Referendo, Cabildo Abierto). El día de ayer se aprobó y empezaría a regir a partir del año 2029. Este no sería obligatorio, sino que se haría de forma progresiva. Este punto es uno de los más polémicos, ya que desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hemos señalado los diversos problemas que presentan el funcionamiento del Software Electoral y sus auditorías en cada elección, pues no existen ciertas garantías que deriven en el correcto funcionamiento de esta votación.
Jornada de votación extendida (Aprobada): se trata del artículo 61, el cual indica la extensión de la jornada de votación hasta las 5:00 p.m. Este artículo no tuvo mayor problema en la votación.
La autenticación de identidad (Aprobada): el artículo 134 establece que la Registraduría sería la encargada para determinar las condiciones y características de la seguridad de la cédula.
La recategorización del cargo de registrador municipal (Aprobada): indica que el registrador municipal pasaría del nivel técnico al nivel profesional.
Sin embargo, hubo puntos polémicos que no fueron aprobados, como el empadronamiento, según el cual ciudadanos serían multados con medio salario mínimo si no le informaban a la Registraduría su cambio de domicilio. La senadora Paloma Valencia en su cuenta de personal de Twitter publicó que fue una de las que votó a favor del hundimiento de este punto polémico, el senador Ariel Avila, también en su cuenta de Twitter, afirmó “que este punto era un riesgo de seguridad para las personas debido a que se les obligaba a exponer su información personal”.
La reforma al Código Electoral tiene el tiempo justo, pues aún le faltan los últimos dos debates en la Comisión Primera de la Cámara y en la Plenaria de la Cámara, estos dos últimos debates deben de llevarse a cabo antes del 20 de junio.
Aunque la reforma va superando los debates, queda claro que esta ha sido altamente cuestionada, empezando por su máximo ponente, Alexander Vega, quien no cuenta con una buena imagen.
Vega inició su carrera como magistrado del Consejo Nacional Electoral de la mano del ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, investigados por sus relaciones con Odebrecht. También se le cuestiona presuntamente por estar implicado en el caso de Odebrecht en Colombia, según la Fundación Paz & Reconciliación. Esto ha influido a que la Registraduría haya perdido gran parte de su confiabilidad, junto a los hechos históricos que Pares ha señalado a lo largo de los periodos electorales.
Para concluir, desde la Fundación Paz & Reconciliación se sigue haciendo el llamado a la necesidad de una reforma institucional antes de una reforma al Código Electoral, que también es necesario. Sin embargo, es pertinente realizar primero una reforma al órgano electoral de Colombia con el mismo objetivo del proyecto que fue hundido en esta legislatura que buscaba la despolitización del Consejo Nacional Electoral. Este era un proyecto clave, ya que también buscaba desconcentrar el poder de la Registraduría Nacional, por tal motivo la Fundación sigue mantenido su postura e invitación a no seguir votando y apoyando la misma reforma al Código Electoral que ya fue hundida por la Corte Constitucional.