Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares
El polémico fiscal Gabriel Jaimes estudiará el caso de la exministra Karen Abudinen, quien recientemente dejó su cargo, como cabeza del MinTIC, debido al escándalo por un contrato de aproximadamente 1 billón de pesos otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados. El objeto de este contrato era llevar internet y conectividad a zonas apartadas del país: cerca de 7.000 centros digitales serían construidos en zonas rurales. Sin embargo, retrasos en las obras condujeron a que se revelara que el consorcio habría presentado documentos falsos en el proceso de contratación (Te podría interesar: “Karen Abudinen: otra ficha del Gobierno que cae en medio de escándalos”).
En el reciente informe “El escándalo de MinTIC y los Clanes de Norte de Santander”, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) reveló, entre otras cosas, que tan solo una de las cuatro empresas que hacen parte de la Unión Temporal tendría experiencia en el área de las comunicaciones: Novotic (anteriormente conocida como Funtic. No obstante, en 2020, la Contraloría General de la República señaló irregularidades en proyectos otorgados a esta empresa.
Otro de los puntos centrales expuestos por Pares tiene que ver con las complejas redes de corrupción a nivel regional (en la que clanes políticos estarían involucrados). Entre las personas con cuestionamientos, se señaló que Emilio Tapia, quien había sido condenado en 2015 por su participación en el ‘Carrusel de la Contratación’, presuntamente sería el dueño en cuerpo ajeno de ICM Ingenieros, otra de las empresas que conforman el consorcio Centros Poblados. Precisamente, en el marco de este escándalo, el pasado 20 de septiembre, Emilio Tapia fue capturado por el CTI de la Fiscalía.
Y en esta historia, a la que le aún faltan muchos hilos por desenredar, se suma ahora que el fiscal Gabriel Jaimes ha sido designado para estar a cargo de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía, el pasado 18 de agosto, por Erick Urueta, presidente de la Veeduría de la Rama Judicial en Cartagena. En esta denuncia de 10 páginas, se solicita que se investigue a la exministra Karen Abudinen por su presunta responsabilidad en las irregularidades del proceso de contratación con la Unión Temporal Centros Poblados. De modo que será Jaimes quien tome la decisión respecto a si se abre un proceso formal contra Abudinen o si se archiva el caso.
Pero, ¿quién es Gabriel Jaimes Durán? Es la mano derecha del fiscal General Francisco Barbosa y, recientemente, ha saltado a las primeras planas de la opinión pública debido a que fue designado como fiscal en el caso del expresidente Álvaro Uribe. En este proceso, el ente acusador investiga si Uribe, a través de terceros (su abogado y un miembro de su partido), ejerció presión sobre dos testigos para que se abstuvieran de hacer declaraciones en su contra. La Corte Suprema de Justicia adelantaba esta investigación hasta que Uribe decidió renunciar a su curul en el Senado y, como consecuencia, el alto tribunal perdió la jurisdicción sobre el caso. A diferencia de la posición de la Corte, el fiscal Jaimes determinó que no había mérito para continuar las investigaciones y que el expediente debía archivarse.
Esta decisión, así como la propia designación de Jaimes como fiscal (quien, además, habría sido hombre de confianza de Alejandro Ordoñez en la Procuraduría), debido a la cercanía de Barbosa con el presidente Iván Duque, ha sido fuertemente cuestionada por distintos sectores, y se ha señalado que Jaimes, en su argumentación para solicitar la preclusión del caso en contra de Uribe, habría omitido pruebas de la Corte Suprema de Justicia.
Frente a este nuevo capítulo de escándalo MinTIC que parece abrirse, Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, señala que, el hecho de que la responsabilidad de la investigación en contra de Abudinen recaiga en alguien que ha sido fuertemente cuestionado por haber solicitado la preclusión del caso Uribe “sigue minando la confianza en la Fiscalía y en la justicia colombiana, porque no se le puede decir a la ciudadanía que hay garantías cuando el señor es la mano derecha de Barbosa, que perteneció al gobierno Duque”. De acuerdo con Garzón, la designación de Jaimes para adelantar las investigaciones de esta denuncia parece sumarse a las tantas causas que deterioran la confianza en el funcionamiento del sistema democrático del país: “La crisis institucional tiene consecuencias: que la gente crea que las actuaciones no son legítimas ni confiables mina más la democracia colombiana.”
Además, Garzón trae a colación un hecho particular en este caso: “es preocupante que la Fiscalía no haya abierto una investigación por mérito propio, sino que un ciudadano haya tenido que interponer esa denuncia, porque lo que hemos sabido por la prensa que reveló el caso es que fue bastante evidente el engaño, y la misma ministra reconoció que tenían que haber manos dentro del Ministerio ayudando para que eso saliera”.
Con todo este panorama esbozado, la pregunta que queda en el aire es: ¿será el fiscal Jaimes un garante de que haya transparencia en las investigaciones contra Karen Abudinen? Los próximos hechos que ocurran en el marco de este proceso ofrecerán la respuesta definitiva, pero, por ahora, las expectativas no parcen ser muchas.