Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional
Línea Investigación en Democracia y Gobernabilidad
El pasado 28 de junio la Juez Séptima Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías determinó medida de aseguramiento en contra del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, por presunto interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
La decisión se tomó luego de considerar que el alcalde participó en las etapas de trámite, aprobación, realización y liquidación de un contrato para la adquisición de productos alimenticios que habría sido presuntamente direccionado de manera indebida en favor de un aportante de su campaña a la alcaldía.
El cuestionado contrato
El contrato 0698 suscrito entre la alcaldía de Neiva y la Asociación de Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) tenía por objeto la “adquisición de productos alimenticios básicos para ser entregados como suministro del PAE complementario vulnerable de las diferentes sedes educativas oficiales, urbana y rural de Neiva para mitigar la pandemia del COVID-19”, por un total de $5.250.000.000 de pesos.
De esta forma, el contratista se comprometía a entregar 105.000 kits alimentarios para preparar en casa durante tres meses. Como establecía el contrato, había un compromiso de realizar un anticipo del total del contrato por$1.575 millones antes de su ejecución.
La ejecución de dicho contrato fue asignada a Asoformando, cuya sede quedaba en Tumaco y de la cual un concejal del municipio, Haiden Otoniel Vergara, aparecía como socio fundador y revisor fiscal. Por su parte, el contrato de interventoría 703 del contrato fue asignado a la Fundación Colombia Florece, cuyo representante legal era Miguel Alfonso Banguera, quien habría sido el gerente de la campaña de Otoniel Vergara.
Frente a esta asignación, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que “los elementos de prueba dan cuenta de que el alcalde, supuestamente, quiso favorecer a un contratista que tenía su centro de funcionamiento en un punto distante a Neiva porque quería retribuirle el apoyo y financiación que le habría brindado a su campaña política”.
Esto, en razón a unas interceptaciones realizadas por la Fiscalía en las que Otoniel Vergara sostuviera que apoyó financieramente la campaña de Gorky Muñoz a la Alcaldía de Neiva en 2019, a cambio de recibir retribuciones contractuales.
El acuerdo se habría realizado con la intermediación de Juan Carlos González, coordinador de la campaña de Gorky Muñoz en 2019, con quien Otoniel Vergara acordó aportes por más de $200 millones a la campaña a cambio de quedarse con contratos del PAE.
Por estos hechos les fueron imputados los delitos de violación del régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades, e interés indebido en la celebración de contratos a Gorky Muñoz, al secretario de Educación de Neiva, Giovanny Córdoba Rodríguez, a los asesores jurídicos de la Alcaldía de Neiva, Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo, a los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, y al concejal de Tumaco Haiden Otoniel Vergara Quiñones.
Las irregularidades encontradas por la Contraloría
Con respecto a la ejecución del contrato de suministro No. 0698 de 2020, la Contraloría General de la República registró diferencias en las entregas respecto a los beneficiados del derecho focalizados y los reportados por el operador y supervisor, según el Informe de Auditoría de Cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) del municipio de Neiva 2020.
Entre los hallazgos se encuentra que se presentaron variaciones en las entregas realizadas por el operador y las avaladas por el supervisor del contrato, el secretario de educación Giovanny Córdoba, mientras que en Instituciones Educativas se registraron cantidades inferiores o superiores respecto a las establecidas previamente, sin que ningún informe registrara las variaciones. De esta forma, la Contraloría encontró que hubo cerca de 7.828 kits que fueron avalados de más por el supervisor, equivalentes a $391.400.000 pesos.
Así, Asoformando habría recibido un reconocimiento financiero por raciones no entregadas ni ejecutadas, incurriendo en un presunto detrimento público con incidencia fiscal de $391.400.000. Además, pese a que el pago del valor total del contrato fue estipulado en tres cortes de acuerdo a resultados, estos se habrían realizado sin lograr las metas establecidas para recibir la remuneración.
¿Y ahora?
Si bien Gorky Muñoz seguirá ejerciendo su cargo como alcalde de Neiva, por ahora la medida aseguramiento no es privativa de la libertad, sino que la está cumpliendo en su casa, mientras se le impuso una caución de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($8.000.000), aunque el alcalde ha sostenido su inocencia en todo momento.
Además, por irregularidades en el PAE, como recoge La Nación, Muñoz también es investigado por un “contrato de 4.500 mercados para adultos mayores por $2.389.743; el contrato suscrito con el Fondo Mixto de Cultura del Huila por valor de $438.508.629; posibles sobrecostos en el contrato de 10 mil mercados para población vulnerable de los estratos 1 y 2 del Sisben por valor de $1.994.770.100 y extinción de dominio por delitos contra la administración pública”.
De esta forma, el cuestionado alcalde de Neiva está a la espera de la resolución de estas investigaciones, pero las evidencias de la Fiscalía con respecto a las irregularidades del contrato 0698 parecen indicar su culpabilidad.