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El Catatumbo bajo la acción ilegal

Por: Línea de migración, región y frontera


Hay que decirlo claramente: hemos vivido en guerra. No hemos conocido la paz.


Como es de común conocimiento, el periodo de “Violencia” entre conservadores y liberales, el Bogotazo, la conformación del Frente Nacional, y el surgimiento de grupos armados, fueron hechos de violencia estructural, cultural y directa que han marcado el país. Así mismo, el conflicto interno impuso normas de convivencia y costumbres sociales en comunidades o zonas en las que se desarrollaba.


Con esto, las Estructuras Armadas Ilegales (EAI) se convirtieron, o, mejor dicho, asumieron un rol de Estado, en el que se permitían controlar a la población con sus reglas e imposiciones. Fue así como, poco a poco, acapararon poder económico, político y social, en departamentos como como Arauca, Chocó, Cauca, y en regiones como el Catatumbo. Esta última, golpeada fuertemente por la desidia del Gobierno Nacional, y su falta de voluntad política que, durante las últimas dos décadas, ha optado por minimizar, simplificar e ignorar la crisis humanitaria que padece la región.

Cabe mencionar que, a finales del 2021, 21 miembros del ejército (entre los que se encontraban un general, 11 oficiales, seis suboficiales, y tres soldados) reconocieron su responsabilidad ante la Justicia Especial para la Paz, JEP, del asesinato y desaparición forzada de, al menos, 120 personas que fueron presentadas como “bajas en combate”. No obstante, el panorama que dejó el 2021 en la región del Catatumbo no fue alentador: 437 víctimas del desplazamiento forzado, 35 ataques a la infraestructura militar, tres masacres con un saldo de 16 víctimas, y 215 homicidios. Sí, una región sumida en la violencia.


Infortunadamente, la víspera navideña, y el anhelo de un año nuevo, no fueron motivos suficientes para que las EAI bajaran su ofensiva: el 31 de diciembre se registró el último homicidio del 2021 en Tibú, y el municipio cerró el año con la tasa más alta de homicidio en el Catatumbo (151 por cien mil habitantes).


Además, el año nuevo no trajo un descenso del conflicto, por el contrario, el 02 de enero las disidencias del Frente 33 de las Farc, interceptaron un bus de transporte público (en la vía Tibú - El Tarra), y aparentaron cargarlo con explosivos. El vehículo, presuntamente cargado con material de guerra, fue atravesado en la vía, y duró, aproximadamente, 24 horas.


El 03 de enero técnicos antiexplosivos verificaron que el bus se encontraba sin carga detonante. Al día siguiente, funcionarios de la funeraria San Miguel se desplazaron al corregimiento de Petrólea, y realizaron el levantamiento de un occiso que, al parecer, fue impactado con, al menos, tres disparos. También, se desplazaron hasta la Vereda Bertrania, de Tibú, y recogieron el cadáver de Miguel Ángel Guerrero, quien fue ultimado con dos disparos, y en su humanidad colocaron un cartón que decía: “Por paraco”. Pero, como se mencionó, el año nuevo no trajo un descenso del conflicto; ese mismo 04 de enero se presentó un desplazamiento forzado y masivo en Teorama.


Aproximadamente, 286 personas abandonaron sus viviendas debido a fuertes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la guerrilla del ELN en la Vereda Llana Alta del Corregimiento de San Pablo. Del 05 al 09 de enero se realizaron tres hostigamientos a la Fuerza Pública en los municipios de El Tarra y Tibú; y hallaron el cadáver de un hombre con un cartel que decía: “Por sapo – Sijin”.


De manera análoga, al mediodía del miércoles 12 de enero, fue atacado un retén militar en la entrada a Tibú, en el sector conocido como “La Cuatro”. Según se conoció, los victimarios iban en moto y arrojaron una granada contra los uniformados. En el hecho, resultaron heridos tres militares. Al otro día, el casco urbano de Tibú se estremeció con la reyerta armada que ocasionó la captura de dos hombres, quienes serían integrantes de las disidencias del Frente 33 de las Farc, pues, una hora después de detenidos los sujetos en mención, 12 motorizados llegaron a la estación de Policía y la atacaron incesantemente. El hostigamiento se prolongó hasta la noche, y no dejó uniformados heridos. Esa misma noche, miembros de esa estructura armada ilegal, secuestraron al ingeniero Diego Fernando Lozano, contratista de Ecopetrol, quien se encontraba en la Vereda M14 “desarrollando labores propias al proceso de abandono del pozo T 888K”, según informó Ecopetrol. A su vez, esta misma empresa denunció el robo de un camión contra incendios el 15 de enero en la Vereda Buenos Aires, del mismo municipio. A la fecha, no se tiene conocimiento del paradero del contratista, ni del automotor.


De forma semejante se vienen repitiendo los hechos violentos en el Catatumbo: homicidios, hostigamientos, desplazamientos, amenazas e imposiciones sociales. El 16 de enero, 11 personas que residen en cercanías a la estación de Policía de Tibú, abandonaron sus hogares y se dirigieron a Cúcuta, pues las disidencias del Frente 33 de las Farc difundieron por panfletos y cadenas de Whatsapp, que no se hacían responsables “de lo que pueda ocurrir”. Además, este mismo actor armado instaló una valla en la entrada del municipio, en la que ordenaban la prohibición de: i. vidrios polarizados (para los vehículos); y ii. conductores o parrilleros con casco (para las motocicletas). Todo aquel que incumpliese esas medidas, recibiría como consecuencia: “plomo”.


Así, a través de sus demostraciones de poder, volvieron a atacar la estación de Policía de Tibú la noche del 20 de enero. El hostigamiento duró unos minutos y no dejó actores heridos. Pero, como si fuera rutina, el 22 de enero integrantes de esta EAI arrojaron dos granadas contra la estación de Policía de Hacarí. En el hecho, los artefactos explosivos no detonaron, y la fuerza pública pudo controlar la situación. Adicional, la noche del 25 de enero se presentó una detonación en el casco urbano de Tibú, al parecer, se trató de la explosión de un cilindro bomba que dejaron ubicado a unos metros de la estación de Policía. Por último, en la madrugada del jueves 27 de enero fueron atacadas guarniciones del Ejercito Nacional en Ocaña y San Calixto.


El panorama sigue turbio, el ambiente es hostil en la región, y las soluciones integrales que clama el territorio no se ven venir.