Por: Guillermo Linero
Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda
El 7 de noviembre de 2021, Daniel Ortega fue elegido por quinta vez como presidente de Nicaragua. Producto de un ejercicio en apariencia democrático, o mejor, formalmente democrático, su reelección suscitó el asombro de la comunidad de países de nuestro hemisferio (exceptuando a Bolivia, a Cuba y a Venezuela, que lo respaldaron), pues Ortega les resulta un voraz dictador y, en el más considerado de los casos, un autoritario.
Con todo, a la par del asombro manifestado en el seno de los pasillos políticos gubernamentales, y parejo a lo propagado por sus oficinas de comunicación, los norteamericanos, los centroamericanos y los suramericanos, aunque entienden muy bien lo que hay detrás del apoyo de los países nombrados –como también el dado por China y Rusia– no comprenden por qué los Estados Unidos, la OEA y la ONU no sancionan al Gobierno de Ortega, o por qué no promueven una campaña en pro de las libertades civiles y políticas en Nicaragua. Lo cierto es que tanto unos como otros coinciden en concederle a Daniel Ortega el tiempo de espera de la acostumbrada “paciencia diplomática”, y se pliegan al ritmo de los aletargados organismos internacionales.
Mientras tanto, miran de soslayo cómo a los oponentes políticos del Gobierno les encarcelan y cómo a sus adeptos y simpatizantes les persiguen e intimidan de la peor manera. A ese “silencio y espera” de corte diplomático, a esa sumida tolerancia, no encuentro cómo nombrarla sin pensar en el “autoritarismo[1] consentido[2]”, pues el tiempo pasa y entre tanto los Gobiernos, y con mayor rapacidad muchos empresarios privados, negocian con el autoritario y le empoderan cada vez más sin importarles el talante delincuencial que posea. Una doble moral propia de las altas élites capitalistas, conformada por banqueros, industriales y gente de comercio; por “gente de bien” a quienes la ambición les permite transigir con “gente de mal”.
Con todo, lo más grave del autoritarismo de Ortega es la semejanza que guarda con los Gobiernos del hemisferio; porque en el mapa político centro y suramericano no es una manzana podrida. Excepto las dictaduras de partido (recordemos al PRI en México, que duró en el poder más de 50 años bajo el honorífico título del partido de “la dictadura perfecta”; y en Colombia la alianza entre liberales y conservadores que ya dura más de cien años), apartando estos casos malsanos que implican el poder repartido entre pocos, todos los demás Gobiernos, al concentrar el poder en una sola persona han sido o son autocracias.
De hecho, el totalitarismo, la dictadura y el autoritarismo se caracterizan por el ejercicio unipersonal del poder o, como lo describe la RAE, por ser una “forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema Ley”. Sin duda, algo muy parecido al presidencialismo latinoamericano, cuyas ilimitadas funciones y facultades (como gobernar exclusivamente con decretos-ley) le hacen parejo al “autoritarismo consentido”.
El presidencialismo, al enmascararse de institución democrática, evita y trivializa el desdén con el cual se califica a las formas de la autocracia ¿O acaso alguien conoce un país latinoamericano donde realmente se practiquen elecciones libres? ¿Alguien sabe de un país donde haya elecciones justas? o ¿conocen alguno que tenga respeto por las libertades civiles? Si apreciamos a todos los países teniendo en cuenta su nivel de tolerancia y de equidad demostradas, su grado de democracia, inevitablemente encontraremos en sus gobernantes (en sus modos y maneras) conductas opuestas a la democracia e idénticas a las del autoritarismo consentido. En fin, conductas comunes a Daniel Ortega.
Así como la autoridad se basa en el prestigio, en la fuerza y en el poder, el autoritarismo consentido tiene como pilares a cualquiera de esas tres características o, en el más abominable de los casos, usa la tríada completa. No en vano discriminarlas nos permite saber qué hace a la gente seguir a los autoritarios con fervor o quimera –antes de empoderarlos–, y qué hace que los soporten con tanto estoicismo y miedo luego de haberlos empoderado.
En efecto, el autoritarismo hace de quien lo detenta un ser inevitablemente superior, pues está fundado, al igual que la autoridad, en el prestigio (en las hazañas y proezas del elegido) y en la fuerza (cuando tiene capacidad criminal o, más crudamente, cuando usa el asesinato como medio para mantener el estado de autoridad), y porque está fundado en el poder (es decir en el control absoluto de las ramas del poder público).
Así, entre los autócratas es fácil precisar en qué basaron sus triunfos personales personajes de la traza de Hitler y de Stalin, que lo hicieron fundados en la fuerza militar y en el control del poder. No obstante, valga decir que el término autoritarismo, en el ámbito de los politólogos, es un concepto posterior al totalitarismo de Hitler y de Stalin, y fue acuñado por el sociólogo español Juan Linz, estrictamente para connotar que el franquismo, no siendo una democracia, tampoco era un gobierno totalitario comparable a los de Hitler, Stalin y Mussolini.
En Latinoamérica, los gobernantes que han basado o basan su autoritarismo en la fuerza son numerosos –basta recordar a Pinochet, que no se contuvo a la hora de perseguir a sus oponentes políticos mostrando su fuerza; o a los dictadores de la República de Argentina, que se sintieron hasta con el vigor para confrontar a la flota más poderosa de toda la historia en lides marinas–.
Aquí, en Colombia, hemos tenido gobernantes autoritarios por vía del poder. El mismo presidente Iván Duque es un claro ejemplo del autoritarismo basado en el poder. De hecho, ha concentrado todos los poderes públicos y los ha vuelto partes de su maquinaria autoritaria. Por eso el defensor del Pueblo se esconde en los momentos en que debe salir a proteger a la población de los abusos del Estado; por eso la procuradora se reúne a puertas abiertas con funcionarios públicos y personajes de la política señalados de corruptos; por eso el registrador confiesa indirectamente que va a poner a votar a los muertos; por eso la Fiscalía tiene como misión institucional defender al expresidente Uribe y perseguir a sus oponentes políticos; y por eso los ministros actúan como reyezuelos.
Sin embargo, hay autócratas que se han posesionado gracias a su prestigio, lo cual no los hace menos malos. Gobernantes que hicieron méritos en el corazón de sus paisanos, por ejemplo, en calidad de héroes de una revolución, como Fidel Castro, aunque luego exigiera que le pagaran con sumisión. La población de Corea del Norte, de manera semejante, obedece a Kim Jong-un porque está convencida de que los americanos y el mundo occidental la quiere aplastar, como efectivamente en su historia lo han intentado de manera atroz; y sabe la población norcoreana que así toque pagarle con la sumisión, su líder es capaz de protegerla como hasta ahora lo ha demostrado. La experiencia cubana, como la norcoreana, devela con nitidez la desigual simbiosis entre intereses que dan vida al autoritarismo consentido. Una suerte de trueque malvado: cambiar seguridad por esclavitud.
El caso de Daniel Ortega es de semejante talante: es un autoritario consentido que usa la fuerza y el poder, pero, además, usa el prestigio por ser un héroe de la revolución. Y ni qué decir del sentimiento de gratitud de su pueblo, que le vio agrandar el mapa en más de 180.000 km² de aguas territoriales sobrecargadas de recursos para la subsistencia de toda la población.
Para terminar, aunque no defiendo ningún acto político del señor Ortega, debo reconocer que –en una respetuosa comparación con los fines del movimiento “Me too”– todos los mandatarios latinoamericanos son Daniel Ortega. O, acaso, ¿cuál es la diferencia?
[1]El término autoritarismo se convirtió en un concepto especializado y fundamental de la política comparada desde que en la década de 1960 fuera usado y connotado por Juan Linz para caracterizar al franquismo y diferenciarlo de distintas experiencias políticas europeas y soviéticas nombradas o no como totalitarismos: estalinismo, fascismo, nazismo. En: http://www.scielo.org.mx/scielo. Perfiles latinoamericanos. [2] El adjetivo consentido, inserto en la frase “autoritarismo consentido”, fue usado por el político español Marcelino Lastra para referirse a la aceptación popular que tienen los excepcionales Decretos-Ley, una figura a todas luces rasante con el autoritarismo. En:https://www.miciudadreal.es/2018/08/25/el-peligro-de-un-autoritarismo-consentido/
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