Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El corresponsal jefe para la región andina del diario estadounidense The New York Times, Nicholas Casey, y el fotógrafo Federico Ríos, decidieron salir intempestivamente de Colombia luego de haber publicado un reportaje en el que contaron la posible reactivación de los llamados “falsos positivos” por parte de las fuerzas militares en el gobierno de Iván Duque.
Durante los años de 2006 y 2009 se conocieron los casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos miembros del Ejército contra la población civil, en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Esta estrategia de defensa y seguridad consistía en presentar resultados de las bajas a combatientes de la entonces guerrilla de las FARC. Por lo tanto, se empezaron a presentar episodios en los que ciudadanos del común fueron asesinados y presentados como guerrilleros.
Luego de la publicación del reportaje investigativo en primera página este sábado, los periodistas estuvieron en el ojo del huracán. En Twitter fueron señalados como colaboradores de la guerrilla por sus trabajos anteriores, señalamientos hechos desde las toldas del partido Centro Democrático.
¿Qué decía el artículo que desató la ira del uribismo?
De acuerdo con la investigación realizada por Casey Las órdenes de lealtad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, esto dijeron oficiales del Ejército: “(…)en largas entrevistas, dos oficiales dijeron que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos”.
“En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los comandantes ‘hacer lo que sea’ para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba ‘aliarse’ con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar”, señaló el reportero.
Asimismo, expresó que, por indicaciones de los superiores, a los soldados que aumentan la cifra de muertes en combate se les ofrecen incentivos. “Un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de los 2000”, destacó el texto.
Aunque las oficiales registran un poco más de 4.000 casos de los “falsos positivos”. Otras investigaciones periodísticas y de organizaciones de Derechos Humanos han dicho que esta es una cifra subestimada y llegaría a 10.000 las víctimas de esta tipología criminal.
Señalamientos del Centro Democrático
La publicación de dicha investigación causó tanto furor en los medios nacionales que incomodó a la bancada del gobierno, debido a que, relacionó directamente la política de seguridad de Uribe con la actual de Duque.
Por lo tanto, el mismo Uribe, la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Juan David Vélez -todos del Centro Democrático- respondieron al artículo de Casey y lo señalaron de hacer mal su labor como periodista. Lo acusaron de colaborador de las guerrillas a lo largo de su trayectoria como corresponsal.
“Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews”, señaló Cabal en su cuenta de Twitter.
La congresista también sentenció la investigación como tendenciosa y politizada, sin rigor periodístico, y que vulnera las garantías judiciales de quienes tienen la responsabilidad de enfrentar la barbarie respetando el DIH. “El Pacto por la libertad de expresión es para todos”, agregó y etiquetó a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Sin embargo, la FLIP condenó lo declarado por Cabal y Vélez, y en ese sentido, hizo énfasis en el riesgo que causan las estigmatizaciones provenientes de funcionarios públicos y líderes políticos a la libertad de prensa.
“Esta clase de señalamientos en los que sin prueba que lo acredite se vincula a los periodistas con acciones u organizaciones ilegales son muy peligrosos ya que pueden ser entendidas como señal de permisividad para que terceros comentan agresiones en contra de la prensa”, reza el comunicado.
Tras las acusaciones, el periódico The New York Times expresó que el diario no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo.
“Una manera de desacreditar a las FF.AA (Fuerzas Militares) y de proteger la impunidad al narco terrorismo. Además, ignoraron las respuestas oficiales y las distorsionaron para decir que hay órdenes de asesinar inocentes y de no proteger civiles”, indicó el actual senador Uribe en la misma red social sobre la investigación.
Por su parte la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) manifestó su preocupación ante la salida del país de Casey. Y expresó que “los choques entre el poder y el periodismo son naturales en cualquier sociedad”.
“La estigmatización de los periodistas en razón de su trabajo no solo pone en peligro la vida de los colegas Casey y Ríos, sino de todos los periodistas que, en cumplimiento de su labor, presentan la versión de las diferentes perspectivas dentro de una historia” agregó la APIC.
También pidió a los congresistas rectificarse por las declaraciones dadas, debido a tienen mayor responsabilidad por el impacto que alcanza cualquier pronunciamiento. Y le solicitaron a la Procuraduría que se manifieste sobre la conducta de estos funcionarios en contra del trabajo del equipo periodístico.
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