Por: Camilo Díaz Suárez
Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad
En los primeros días del mes de noviembre fue radicado, nuevamente, el proyecto de ley “por medio del cual se aprueba el ‘Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018” ante el Congreso de la República.
Durante la celebración de la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), realizada en Glasgow, Escocia, Carlos Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, anunció la radicación del proyecto de ley. Sin embargo, esta radicación se hizo sin mensaje de urgencia.
Cabe recordar que de acuerdo al artículo 163 de la Constitución Política, el mensaje de urgencia es una solicitud que puede realizar el presidente de la República ante el Congreso, para que un proyecto de ley sea tramitado de forma priorizada y más rápida. De esta forma, de los cuatro debates que se necesitan para aprobar un proyecto de ley ordinario, se realizarían solo tres: un debate conjunto de las comisiones encargadas, uno en plenaria de Senado y otro en la Cámara de Representantes. Sin este mensaje de urgencia, existe la posibilidad en que se demore su trámite y se complique su aprobación.
El Acuerdo
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, tiene por objetivo la implementación de los derechos una serie de derechos en materia de acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones de carácter ambiental, junto con la creación y fortalecimiento de capacidades para proteger los derechos de cada persona.
El 27 de septiembre de 2018 fue suscrito por 27 de los 33 países de América Latina, de los cuales solo 12 lo han ratificado. En Colombia ha sido difícil su ratificación, a pesar de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, ya ha hecho el llamado a avanzar en el tema por la realidad que enfrenta el país.
Este acuerdo es importante, por ser el primero regional en materia ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo que contiene elementos específicos sobre la protección de derechos humanos de defensores del medio ambiente. Se busca que se puedan garantizar entornos seguros y libres de violencia para las personas u organizaciones que promueven la protección del ambiente.
Colombia, haciéndole conejo al Acuerdo
Desde el 12 de diciembre de 2019 el Gobierno Colombia se había comprometido a ratificar el Acuerdo de Escazú, pero fue presentado 7 meses después ante las comisiones segundas de Senado y Cámara. El 20 de julio de 2020 fue radicado con mensaje de urgencia, sin que esto lograra un avance en su aprobación.
Así, la pasada legislatura terminó sin que fuera votado el proyecto radicado por el gobierno. Principalmente, porque estuvo parada la discusión del proyecto por 11 meses fruto de una petición de un grupo de congresistas que exigía archivarlo. Hubo especial oposición por parte de congresistas del Centro Democrático, quienes no lo consideraban importante y que no contribuía a la defensa del medio ambiente.
Así, el 20 de junio de 2021, último día de la pasada legislatura, el Acuerdo de Escazú se presentó en las discusiones de las comisiones segundas del Congreso con una dilación por parte de partidos de gobierno. Eso llevó a que ese día se denunciara una presunta artimaña de Paola Holguín y Juan David Vélez, congresistas del Centro Democrático, que extendieron sus intervenciones en el debate, para que la sesión terminara sin alcanzar a llegar a la votación y, así, terminara el periodo legislativo 2020-2021 sin ratificar el Acuerdo.
De las comisiones segundas, aparte de Paola Holguín y Juan David Vélez, Ernesto Macías y Gustavo Londoño, del Centro Democrático; José Luis Pérez, de Cambio Radical; Jhon Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libre y Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, se mostraron en contra y no apoyaron la ratificación del Acuerdo.
Eso llevó a que un grupo de 41 congresistas de los partidos Liberal, Conservador, Alianza Verde, Polo Democrático, Mais, Colombia Humana, Decentes, Comunes, Dignidad y Cambio Radical presentaran una solicitud a Iván Duque para que se volviera a radicar ante el Congreso la solicitud de ratificación del Acuerdo de Escazú en esta última legislatura. De igual forma, los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Antonio Sanguino y Abel David Jaramillo presentaron una acción de cumplimiento, para impulsar la radicación del proyecto de ley, ante el temor de posibles dilaciones por parte de Iván Duque.
Incluso, 157 organizaciones de la sociedad civil le habían pedido al presidente de la República que se radicara el proyecto de ley antes del 31 de agosto, para que pudiera quedar aprobado el presente año. También le solicitaban que fuera radicado con mensaje de urgencia. Pese a ello, y aunque pudo haberlo radicado desde el 20 de julio, tres meses después de iniciar la última legislatura de este Congreso, fue radicado el proyecto y sin mensaje de urgencia.
El desafío persiste
Pese al nuevo intento de ratificar el Acuerdo de Escazú, en el Congreso, de nuevo, hay oposición a este, liderada especialmente por congresistas del Centro Democrático. Se oponen por diversas cuestiones como que si se ratifica el Acuerdo, organizaciones internacionales podrían decidir en temas ambientales en Colombia. Bajo esa lógica, el precandidato presidencial del Centro Democrático, Rafael Nieto hizo un llamado a que se hunda el Acuerdo en el Congreso.
Cabe mencionar que el Acuerdo de Escazú no otorga facultades especiales a cortes, órganos u organismos para que intervengan en decisiones en materia ambiental de los países que lo ratifiquen. De igual forma, la práctica internacional de los Acuerdos Multilaterales Ambientales para solucionar controversias se mantiene. Solo se le insta a los Estados que se esfuercen por la solución como consideren aceptable. Tampoco existe una modificación a las reglas del derecho internacional.
Al igual que Rafael Nieto, la senadora María del Rosario Guerra considera que no se debe insistir en el proyecto por atentar en contra de la soberanía del país. De igual forma, el senador José Obdulio Gaviria, considera que ratificarlo afectaría los proyectos de minería adelantados en el país. Con esa lógica, el Centro Democrático no apoyará la ratificación del Acuerdo de Escazú, porque para ellos traería inseguridad jurídica al país y se frenarían proyectos nacionales.
Esa oposición a la ratificación del Acuerdo lleva al mismo desafío de la pasada legislatura y deja presenta la posibilidad de que el Acuerdo se vuelva a hundir en el Congreso. Eso se suma a que su radicación sin mensaje de urgencia deja en vilo el inicio de su discusión.
Esto genera preocupación, especialmente en materia de protección de defensores del medio ambiente, en un país como Colombia, en el que desde la firma del Acuerdo de Paz, 611 personas líderes y lideresas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas. Un país que ocupa el primer lugar en cuanto a líderes ambientales asesinados, según la ONG Global Witness, que identificó solo en 2020 a 65 defensores del medio ambiente asesinados, un 28,6% de los registrados en todo el mundo.