Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Los servicios públicos domiciliarios –energía eléctrica, saneamiento básico y comunicaciones– en Colombia son uno de los rubros más importantes de la canasta familiar. Es imposible imaginar hoy a un hogar sin electricidad: pues sus moradores no podrían, por ejemplo, recibir clases virtuales o cocinar alimentos. Y mucho menos a una empresa sin su uso, dado que no podría su personal administrativo encender los computadores, ni poner en funcionamiento la maquinaria industrial.
De allí que ante una variación en los precios en las tarifas de estos servicios, por alta que sea, los consumidores reaccionan levemente –es decir, tienen una elasticidad precio de la demanda nula–. Dada la necesidad de su utilización no es posible para los usuarios, ni prescindir de ellos, ni reducir su consumo considerablemente. Lo que ha llevado a que la legislación colombiana considere, a varios de estos servicios, esenciales; y a los que hay que ponerles un especial interés.
A pesar de esta situación, en el país la tarifa de los servicios públicos domiciliarios ha aumentado considerablemente en el último año, afectando el bienestar del consumidor. El comportamiento de sus precios ha aumentado por encima de la inflación promedio. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), para diciembre de 2021, la electricidad había subido 9.92%, el gas 8.43% y el suministro de agua 10,37%. Todos ellos muy por encima de la inflación anual que se ubicó en 5,62%.
Como sabrá el lector, en Colombia el precio de los servicios públicos domiciliarios son regulados por unos organismos especiales, llamados comisiones de regulación –la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)–, estas organizaciones son las encargadas de poner cuidado al buen funcionamiento del mercado, de buscar que los servicios se presten con calidad, y de que primen los principios de justicia y equidad para que los productores no abusen de los consumidores.
Sin embargo, al parecer, el principio de equidad no está operando en los últimos tiempos en el país. El incremento exagerado en las tarifas de la electricidad, por no decir de todos los servicios públicos, muestra que para las comisiones de regulación –que son organismos estatales– está primando el principio de eficiencia, ganancia y búsqueda de lucro de las empresas sobre el bienestar de los consumidores. El incremento en los precios de la electricidad, que está ocurriendo en la actualidad, ilustra muy bien esta situación.
Desde 1994, con las leyes 142 y 143, el precio de la energía eléctrica en Colombia lo determinan las leyes del mercado. Siendo los costos de generación, transmisión, comercialización y distribución uno de los componentes; al igual que los precios del petróleo, del carbón y del gas, las tasas de cambio, los precios de bolsa y los commodities, entre otra serie de componentes. Lo que hace la CREG es coger todas estos factores y tenerlos en cuenta para establecer las tarifas que deben pagar los hogares –residencias e industrias–.
Desde diciembre de 2021, el precio de la energía eléctrica que se cotiza en bolsa se disparó en Colombia: pasó de 151,19 pesos/kWh en noviembre –un promedio que se mantuvo durante casi todo el año– a 335 pesos/kWh para ese mes; es decir, en tan solo treinta días su precio se incrementó más del doble del promedio anual, incluso llegó a pasar en algunos momentos de 80 a 500 pesos. Incremento inusitado y exagerado que se ha mantenido para los primeros dos meses del presente año.
Los Expertos en Mercado (XM), quien es el encargado de recoger los precios, de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM), es uno de los agentes que le suministra a la CREG la información con la que establece el cobro mensual, semestral y anualmente por la electricidad que utilizamos. Pero, como se advirtió, el ente regulador viene tomando, sin muchas críticas, estas variaciones de los precios en bolsa de la energía, del petróleo, gas y carbón, y de las divisas, y lo traduce en un alza del sistema tarifario de los servicios públicos en Colombia.
Incremento que se justifica en el hecho de que los precios internacionales del petróleo han aumentado y, con ello, los costos de las centrales térmicas para producir energía eléctrica. Sabiendo que en Colombia el 83,42% de la energía eléctrica se produce con recursos renovables (agua) y tan solo un 16,58% se genera con recursos no renovables (centrales térmicas). Además, que durante todo el 2021 las condiciones del recurso hídrico fueron muy favorables: en el territorio nacional estamos pasando por un fenómeno meteorológico de lluvias constantes desde abril –fenómeno de La Niña–, y aunque las lluvias bajaron desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero, hoy de nuevo han vuelto las precipitaciones, convirtiendo la falta de agua en un fenómeno pasajero o al menos no tan grave.
Así, se viene presentando un incremento en los precios en las tarifas de electricidad, del que solo gozan las grandes empresas generadoras hidroeléctricas. Pues estas, a pesar de ofrecer energía a bajo costos todos los días, finalmente terminan por ganar mucho, debido a que el precio que se les reconoce es el último precio final despachado, que, como casi siempre ocurre, termina siendo el de las generadoras térmicas que es el más alto. O sea, en el país se está dando una ganancia exagerada de las empresas generadoras a causa de unos factores externos, cuya culpa no la tiene la ciudadanía pero que asume en su totalidad, por el hecho de un diseño institucional que valora más la confiabilidad en el sistema que el bienestar de la población.
La fórmula de la CREG no está pudiendo frenar el costo y el precio de la energía que se cobra a los usuarios en Colombia. Situación que ha sido abusivamente aprovechada por los agentes hídricos, generadores de energía para llevar a un nuevo límite los precios de bolsa; quedándose con la mayor parte del incremento en el pago de los servicios, en detrimento del bienestar del consumidor. Y todo esto se hace guiados por las reglas que se han impuesto bajo el disfraz “pseudo-técnico” establecido por la CREG.
Advirtiendo que este encarecimiento desmedido de las tarifas podrá ser contraproducente para los generadores, pues estimula la desconexión de empresas grandes y medianas, que ya están implementando autogeneración por fuentes renovables –por fuera de la red tradicional–, así como de hogares más pudientes y que, de generalizarse, desfinanciarían los subsidios que reciben los estratos más bajos de la población, abriendo un hueco que deberá ser llenado por un débil erario o por el desmonte de estos subsidios. Finalmente, perjudicando aún más a los sectores menos favorecidos de la población y aumentando la ya grave brecha de inequidad.
En síntesis, estamos ante una destructora inflación que hoy se ubica, con corte a enero, en un 6.94% anual y va rumbo de superar el 8% al cierre del primer trimestre de 2022. Donde, a los exagerados incrementos de precios como la papa (140,16%), los aceites (48.52%) y la carne de res (34.86%), se le suman hoy el incremento en un bien esencial como la electricidad. Un incremento, tarifario no justificado y que solo se explica por el poder oligopólico energético que tienen unos cuantos empresarios generadores, que aprovechando la disminución en la caída del agua en diciembre hoy mantienen elevados los precios. Aportando al más severo deterioro del poder adquisitivo de los asalariados desde el desplome del petróleo en el año 2015.
Una pérdida de bienestar del consumidor que pareciera que a nadie le interesa. Incluso a agentes políticos como el Distrito Capital de Bogotá, que piensa poner en venta un 9.4% adicional de su participación en el Grupo de Energía de Bogotá, pudiéndose separar de estas prácticas abusivas sobre el consumidor final con tan elevadas tarifas como las observadas en el último mes, y más bien toma el camino de sumarle a los oligopolios que cavan su propia tumba maltratando a su demanda. O la misma ISAGEN que también avanzó en la privatización en 2016 y hoy sus accionistas gozan de grandes ganancias.
Pero, sobre todo, preocupa el silencio que predomina entre los políticos que aspiran al Congreso y a la Presidencia de la República. Pareciera que este tema, que afecta a cada hogar y empresa en Colombia, no les importara. En ningún discurso se pronuncian al respecto, evidenciando lo pandito de los programas en materia económica y la miopía para el mediano y largo plazo en el tema energético, dejando como intocable a la CREG que será la responsable del desajuste que se viene cocinando en el tema de tarifas de energía.
Así, con el pasar de los días veremos como las grandes empresas generadoras de energía, que en su mayoría accionaria las posee el capital privado, seguirán aprovechando su posición dominante. Seguirán aumentando los precios de la energía eléctrica que consumimos en los hogares, en detrimento de los consumidores, sin que la CREG haga algo para buscar equidad en el precio de un servicio básico, esencial y sin sustitutos en el corto plazo, pues somos clientes cautivos a una red difícil de abrirse a proveedores diferentes. Confinados a seguir una reglas cuya principal valoración es la confiabilidad y la rentabilidad.