Por: Redacción Pares
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, denunció que existe alto riesgo de trashumancia electoral en el país, y solicitó al Consejo Nacional Electoral – CNE – dejar sin efecto la inscripción de más de 773.000 cédulas, correspondientes al 24,27% del total de las inscritas en el país.
Esos registros están relacionados con personas cuya última inscripción electoral no coincide con la información sobre su residencia que se deriva de su inclusión en distintas bases de datos, como los de seguridad social, riesgos profesionales, o programas de beneficios adelantados por las administraciones territoriales o Prosperidad Social, entre otros.
El jefe del Ministerio Público indicó que de los municipios priorizados por el alto riesgo de trashumancia electoral, 60 están ubicados en Boyacá, 40 en Cundinamarca, 35 en Antioquia, 27 en Santander y 12 en Norte de Santander.
Los cinco municipios con mayor porcentaje de inscritos a invalidar son Puerto Colombia, Atlántico (1418), Sabaneta, Antioquia (5846), Puerto Gaitán, Meta (3569), Cota, Cundinamarca (2448) y El Colegio, Cundinamarca (2336).
El jefe del Ministerio Público le solicitó al Consejo Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas por la presunta trasgresión del artículo 316 de la Constitución Política, que establece que “(…)en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.
La trashumancia electoral
El trasteo de votos o trashumancia electoral es un fenómeno irregular que ocurre especialmente en época electoral en todo el país. Por lo tanto, organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han comenzado a lanzar alertas sobre las situaciones en los territorios con miras a los comicios regionales que se llevarán a cabo en octubre.
En febrero de este año, la MOE llamó la atención de que 46.901 ciudadanos y ciudadanas de las 162.725 que habían inscrito su cédula desde octubre de 2018 hasta enero de 2019 no vivían en los municipios en los que se inscribieron.
En ese sentido, la organización expresó que el 29% de las inscripciones realizadas durante tres meses, podrían tratarse de posibles casos de trashumancia electoral. Dicho concepto hace referencia a una persona que vive en un territorio distinto al lugar en el que inscribió su cédula para votar, y por lo general está asociado con actos de corrupción. Sin embargo, este año se sumaron otras posibles causas a este fenómeno.
La principal causa en la fuga de votos recae especialmente en los episodios de corrupción. Sin embargo, este año se ha disparado el registro de las cédulas en territorios aledaños donde se han incrementado los niveles de violencia.
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