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Educación superior pública para la ruralidad

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia


A partir del 20 de julio de 2023 se iniciará en el Congreso de la República el proceso deliberativo sobre varias de las reformas sociales que propone el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Entre ellas, las ya conocidas propuestas sobre el sistema laboral, pensional y de salud; pero habrá otras nuevas, muy necesarias y urgentes, como la reforma a la educación superior pública.

El Gobierno Nacional buscará en esta segunda legislatura incorporar cambios estructurales a la Ley 30 de 1992, la cual cumple tres décadas de vigencia y el mismo tiempo de continuas presiones y movilizaciones de la sociedad, en especial de la población joven –como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE)– y del personal que labora en este sector –como el Sistema Universitario de Estatal (SUE)– que buscan introducir transformaciones necesarias y convenientes a la ley.

Entre los cambios propuestos más importantes están el de modificar los artículos 86 y 87, relativos a la metodología del crecimiento del financiamiento al sistema de educación superior pública. Con el cual se buscará atender el acumulado del déficit financiero del sector universitario –que hoy supera los 16 billones– y con ello avanzar en el aseguramiento de la cobertura y calidad en el ofrecimiento de este bien meritorio.

Pero tal vez el cambio más importante es un giro en la concepción de la educación superior pública, pasando de entenderla como un servicio que se presta a comprenderla como un derecho fundamental al que puedan acceder todas y todos los colombianos. Según el documento que se discutirá, el Gobierno buscará dar el gigante paso de pensarse como un actor que, junto al sector privado, ofrece el servicio de educación, y pasar a un Estado que se responsabiliza con la ciudadanía, y que pretenderá ofrecer a toda persona educación superior pública.

Esta propuesta lleva a repensar muchos asuntos, en especial la educación pública superior que se ofrece en los territorios rurales; un sector y una población que ha estado abandonado en Colombia. El continuo conflicto armado interno y el desdén del Estado ha provocado que las instituciones de educación terciaria lleguen poco a la ruralidad, generando brechas educativas alarmantes de desigualdad entre lo urbano y lo rural; contribuyendo, finalmente, a que las tasas de pobreza en este territorio se multipliquen.

En este sentido, el Estado debe priorizar el sector rural en todos los asuntos. Trabajar en crear las capacidades para que la ciudadanía rural pueda avanzar en las transformaciones de sus territorios. El gobierno Petro y los venideros deben preguntarse por cómo hacer las inversiones que se requieren en infraestructura, formación docente y condiciones para una educación pertinente y de calidad; de cómo llevar educación pública de calidad a todos los territorios, para que la educación superior llegue a las poblaciones más remotas, pobres y desfavorecidas.

Un giro en la intervención Estatal en la educación superior pública que obliga necesariamente a repensar los temas de cobertura, calidad, pertinencia y equidad; además de los clásicos asuntos de financiación, investigación y extensión social y solidaria. En un contexto muy distinto al que hace treinta años se forjó y pensó la educación superior, y que hoy exige otras transformaciones.

En materia de cobertura, que es el tema más urgente, es necesario que el Estado diseñe una estrategia financiera y de inversión en infraestructura que permita el acceso a la educación superior a toda la población –universalización de la matrícula–, independientemente de las características territoriales. Un sistema que permita que cualquier persona que desee estudiar pueda cumplir su sueño, y que no sea discriminada o tenga barreras, como el no tener recursos –gratuidad–.

Recordemos que existe una enorme brecha en materia de acceso a la educación superior en el país, cuya tasa de cobertura es del 53,9% en promedio. Pues mientras existen regiones donde la tasa de cobertura de la educación superior es cercana al 100% –como en el Valle de Aburrá en Antioquia, donde para 2018 tenía una del 95%–, existen otras donde esta no llega al 5% –como pasa en los territorios de frontera o en Antioquia en lugares del Nordeste donde esta tasa se sitúa en este nivel para ese año–.

Un esfuerzo similar se encuentra en el tópico de la calidad. Aunque es cierto que la prioridad del Estado debe concentrarse primero en la cobertura, el tener acceso a una educación de calidad es un derecho en el que debe trabajarse. De nuevo la desigualdad en este tema en el país es evidente. Cuando se revisan las cifras sobre las instituciones que han buscado y obtenido la acreditación de alta calidad, estas se concentran en Bogotá, Medellín y Cali.

Son muy pocas las universidades que hoy buscan la acreditación de calidad de sus sedes regionales. Casos excepcionales como el de la Universidad de Antioquia –que acaba de obtener, por tercera vez, la acreditación institucional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, esta vez en la modalidad multicampus, en la que se reconocen sus esfuerzos en regionalización y todas sus sedes y seccionales–, pero esta debe ser la regla para el país.

Finalmente, debe pensarse en este momento especial que vive el país en la pertinencia. Este tema es un factor fundamental para lograr el desarrollo productivo y laboral de la educación superior en los territorios. Se requiere formar ciudadanos y profesionales que sepan responder a las necesidades del medio, que estén al servicio de las comunidades y que logren aportar a las transformaciones del contexto –para erradicar la pobreza, el hambre, la violencia y el analfabetismo, entre otros males–.

En síntesis, a partir de esta semana el país se encontrará con una propuesta de cambios para la educación superior pública. Una que buscará convertir este servicio estatal en un derecho fundamental, al que tenga acceso cualquier ciudadano. En especial, una propuesta que nos invita a pensar los temas de cobertura, calidad y pertinencia en aquellos espacios territoriales en los que la educación superior ha sido marginal.

Esperemos que esta propuesta que nos hace el gobierno Petro y su ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, sea escuchada y debatida como debe ser. También que sirva como un momento para que la democracia deliberativa se fortalezca y se dé una participación de los múltiples actores interesados para que continúe la lucha por los avances en los derechos sociales en el país.

 

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

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