Por: Katerin Erazo, Periodista
En un movimiento político sin precedentes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado la denominada "muerte cruzada", disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a elecciones generales anticipadas. Este anuncio llega en medio del juicio político en su contra y marca un cambio significativo en el panorama político ecuatoriano.
En su mensaje a la nación, Lasso justificó esta medida como una respuesta a la "grave conmoción interna y política" que enfrenta el país. Después de presentar su defensa ante la Asamblea Nacional por las acusaciones de peculado formuladas por la oposición, el mandatario decidió recurrir a esta opción constitucional antes de que el juicio político avanzara hacia la moción de censura.
Esteban Ron, decano de ciencias jurídicas en la UISEK de Ecuador, afirmó a Pares que la disolución del legislativo a través de dictamen ejecutivo es uno de los mecanismos de compensación de poder más complicados y complejos dentro del contexto constitucional latinoamericano. Esteban explicó que el presidente Lasso ha empleado la figura de la disolución absoluta de la Asamblea Nacional, que involucra a todo el cuerpo legislativo, basándose en una grave crisis política y un estado de conmoción interna. Según Esteban, esto se justifica debido a dos razones principales: la obstaculización de la gobernanza por parte de la Asamblea Nacional en contra del presidente y la falta de mecanismos efectivos para la implementación de políticas públicas. Esteban Ron enfatizó que la figura utilizada por el presidente es plenamente constitucional y se ha utilizado tres causales, siendo la causal número dos la grave crisis política y conmoción interna, respaldada por un dictamen unilateral del presidente.
El presidente ecuatoriano expresó también la necesidad de un nuevo pacto político y social que permita a Ecuador superar la profunda crisis política en la que se encuentra sumergido. Argumentó que la confrontación irracional e inútil en la Asamblea Nacional ha obstaculizado los esfuerzos para enfrentar los desafíos de la inseguridad y el terrorismo que amenazan al país. Según el presidente, un sector de la política nacional ha intentado derrocar a su gobierno democráticamente elegido durante los últimos dos años.
Guillermo Lasso denunció que el proyecto desestabilizador se intensificó con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo y con la promoción de un juicio político infundado en su contra. Lasso afirmó que este proceso carece de pruebas y contradicciones, calificándolo como confuso, ilegal e ilegítimo. Afirmó que sus acusadores han sido impulsados por un sobrehumano rencor y han sido incapaces de encontrar cualquier evidencia en su contra.
El gobernante ecuatoriano señaló que ha intentado promover el diálogo político como una herramienta para garantizar la gobernabilidad, pero la obstrucción constante por parte de la oposición ha generado una grave crisis política y una conmoción interna, erosionando la confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Lasso destacó que la oposición ha activado numerosos juicios políticos contra ministros con el objetivo de generar inestabilidad en el gabinete y obstaculizar el trabajo del Gobierno.
Según Esteban Ron, se ha iniciado un juicio político al presidente de la República de Ecuador basado en la acusación de infracción de peculado, es decir, la disposición arbitraria de fondos públicos en beneficio personal o de terceros, los cuales incluso han sido calificados por la Corte Constitucional. Esteban señaló que el juicio político se encuentra en la etapa del juicio propiamente dicho, es decir, en la fase de interpelación del presidente Lasso. Además, explicó que se ha completado la primera parte del proceso, que implica la presentación de cargos, las respuestas correspondientes y sus respectivas réplicas, y que actualmente están en la fase de intervención de los asambleístas.
Según Esteban Ron, hoy debían intervenir 31 asambleístas, después de lo cual se cerraría el debate y se procedería a la votación sobre la destitución en el juicio político. Sin embargo, debido a la falta de una Asamblea, dicho juicio político pierde todo efecto jurídico. Esteban mencionó que no existe ninguna delegación a otro órgano estatal para continuar con el proceso.
Además, Esteban Ron explicó que existe una crisis política que no es reciente, sino que se arrastra desde hace más de un año, a partir del paro indígena. Esta crisis se fundamenta en tres premisas: en primer lugar, la falta de atención por parte del gobierno a los compromisos derivados del paro; en segundo lugar, el incumplimiento de compromisos políticos por parte del ejecutivo en relación con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, dado que la Asamblea no ha aprobado ninguna de las leyes propuestas por el presidente de Ecuador; y en tercer lugar, una falta de gobernanza específica por parte del presidente.
Frente al anuncio de Guillermo Lasso, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas, Hilario Beltrán, convocó a una movilización pacífica en el parque Centenario este miércoles 17 de mayo en rechazo a la “muerte cruzada” anunciada por el presidente Lasso. Beltrán informó que a las 4:00 P.M. se concentrarán junto con otras organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular. En Quito, estas mismas agrupaciones ya están organizadas para llevar a cabo una movilización. Según el dirigente sindical, estas acciones representan el inicio de una serie de medidas y advirtió que si los sectores educativos y de salud se ven afectados, continuarán protestando en las calles. Una de las preocupaciones expresadas por Beltrán es que, al no contar con una legislatura, no existirá una fiscalización de las decisiones gubernamentales, ya que se tomarán mediante decretos.
Según Esteban Ron, las protestas se dividen en dos tendencias. La primera se centra en el decreto ejecutivo de "muerte cruzada", que exige la renuncia del presidente Lasso, argumentando que ya no es capaz de gobernar. La segunda tendencia, proveniente del sector indígena ecuatoriano, también se opone a la "muerte cruzada". Sin embargo, según Ron, esta postura está motivada principalmente por intereses políticos, debido a la representación significativa que los indígenas tienen en la Asamblea, una representación que difícilmente se repetiría en las próximas elecciones. Ron señala que estas protestas pueden considerarse una crítica al mecanismo que podría generar posibles arbitrariedades cuando el presidente está gobernando solo.
Es importante destacar que las fuerzas de seguridad deben respetar estas protestas, las cuales seguramente se llevarán a cabo de manera pacífica por parte de la ciudadanía y las organizaciones sociales. Además, es fundamental que se proteja la integridad de los manifestantes y se respete su derecho a protestar.
Según Esteban Ron, en el momento actual y mientras el decreto ejecutivo de “muerte cruzada” esté plenamente vigente, el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo responsable de las elecciones en Ecuador, tiene la obligación de convocar a elecciones en un plazo máximo de siete días y llevar a cabo las mismas en un plazo de 90 días. Esteban mencionó que durante estas elecciones se elegirá un binomio presidencial y 137 asambleístas, tanto a nivel nacional como provincial, que serán elegidos para terminar el periodo presidencial, es decir, hasta 2025. El proceso electoral en sí puede durar entre cinco y seis meses, siempre y cuando el decreto ejecutivo esté en vigor y no se presente ninguna demanda de inconstitucionalidad.