Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Como es costumbre, en este diciembre los colombianas y colombianos estamos muy atentos a los resultados que tendrán las negociaciones entre sindicatos, gremios y Gobierno para el establecimiento del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para 2023. Los medios de comunicación nos tienen habituados, año a año, a hacer seguimiento sobre las movidas que se hacen en el juego del establecimiento de esta importante variable de la economía.
El interés general por la fijación del salario se explica, en parte, por dos razones: primero, a que estamos en un país donde, a pesar de que solo 3.42 millones de trabajadores reciben este ingreso –el 15.7% de los ocupados–, cerca del 80% de los hogares dependen de un salario mínimo. Y segundo, a que esta variable se ha convertido en una especie de unidad de medida para fijar y establecer los precios de muchos bienes y servicios de la economía –entre ellos, las multas, cobros y tarifas–.
De allí que estemos, a final de año, expectantes de cuál será la cifra que se tendrá para 2023. Una cultura económica que comenzó a construirse en el país a mediados del siglo XX, cuando el Gobierno Nacional determinó, mediante la Ley 6 de 1945, que era responsabilidad del sector público y no del mercado la fijación del salario mínimo, y que lo llevó a autoasignarse la labor de decretar periódicamente el valor mínimo que le correspondía pagar a las empresas a sus empleados.
Una actuación que comenzó a operar en 1950, cuando se fijó en sesenta pesos (60$) el SMMLV, y que para aquel entonces dependía de muchos factores, como el sector económico –manufacturas, comercio, transporte, etc. –, la zona territorial de ubicación del asalariado –urbano o rural–, el tamaño de la empresa y de las condiciones del trabajador –edad y género–, entre otros factores.
Pero hoy –y desde 1979 cuando comenzó el sistema actual–, el salario mínimo se establece, básicamente, debido a dos factores: al nivel de la inflación causada del año inmediatamente anterior –que para este año corresponde al mes de noviembre con 12,53%– y al esfuerzo de los trabajadores en el crecimiento de la producción –el índice de productividad, que para 2022 se estableció en un 1,24 %–. En este sentido, si se siguieran estas dos consideraciones, el SMMLV para 2023 crecería un 13,77 %, que dejaría el salario mínimo en 1.137.700 pesos, sin contar el auxilio de transporte.
Sin embargo, la fijación del salario en Colombia obedece también a un asunto político, así es en la actualidad y así ha sido desde que comenzó a establecerse, desde la década de 1950, por el Gobierno Nacional, cuando las variaciones de los salarios eran irregulares –habían años en que permanecían constantes por largos períodos, pero en otros momento cambiaban, incluso, varias veces en el mismo año–.
Así, el establecimiento del SMMLV en Colombia puede verse como el resultado de la concurrencia de múltiples actores –sindicatos, gremios y Gobierno– e intereses. Son ellos los que determinan anualmente la cifra. Al punto que quedó plasmado en la Constitución Política de 1991. Allí se dice, en el artículo 56, que de la fijación del SMMLV se encargaría “una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores”, quienes buscarán fomentar “las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales”.
En la actualidad dicha organización es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por los representantes de los sindicatos, mediante las centrales obreras –Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)–; por los representantes de los empresarios, mediante la delegación de los principales gremios –la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)–; y por el Estado, quien coordina la mesa con el Ministerio del Trabajo y es acompañado por el Ministerio de Hacienda.
A esta comisión tripartita la podemos ver como un espacio de diálogo, negociación y concertación donde aparecen múltiples actores y con ellos diferentes intereses. El primero de ellos son los trabajadores, representados por los sindicatos de las centrales obreras que, en esta ocasión, propusieron un incremento del 20%, es decir, unos 200 mil pesos, además del subsidio de transporte que quedaría en $140.607. Lo que hace que el salario esperado se sitúe exactamente en $1.340.607.
Los acompañan en la mesa los empresarios, quienes buscan que sus costos laborales no suban mucho anualmente. A pesar de que, como se dijo, sólo el 15,7% de los ocupados devengan en la actualidad $1 millón, los empresarios quieren que el incremento del salario mínimo no sobre pase más allá de lo que subió la inflación. Advierten que la coyuntura que vivirá el país en 2023 será muy difícil en lo económico y amenazan con la posibilidad de un cierre de puestos de trabajo y, con ello, un aumento del desempleo y la informalidad, si no se supera el límite inflacionario.
También hacen parte de los empresarios en la Comisión, los que representan los fondos de pensiones y las EPS. Estos agentes, igualmente, tienen interés en el aumento de los salarios, pues estos moldean los copago o cuotas moderadoras de sus empresas, además los incrementos en los seguros obligatorios contra accidentes de tránsito y los aportes al sistema de pensiones, los cuales subirán conforme se ajuste el pago de miles de trabajadores en el país.
Finalmente, está el Gobierno Nacional, que aparece en la Comisión, como se dijo, con la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda y Crédito Público, e, indirectamente, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Banco de la República, quienes se encargan de informar sobre la inflación pasada y hacer proyecciones sobre la esperada y otras variables económicas y sociales.
Una especial condición tiene el Gobierno en esta mesa, pues, por un lado, debe actuar como regulador, como un actor que busca la estabilidad de la economía y al mismo tiempo un maximizador del bienestar general. Y, por el otro, como un empleador, como un agente que también tiene objetivos propios: unos gastos y que estos pueden empeorar su desempeño fiscal –déficit público–.
Además, como se ha dicho, también el Gobierno puede actuar como un actor político que tiene intereses y usa su poder en estos escenarios para aumentar la gobernabilidad o para incentivar las decisiones políticas en las coyunturas electorales. Así sucedió el año anterior, cuando el gobierno Duque decidió, de manera unilateral, incrementar el salario a un millón de pesos –un incremento nunca antes visto en las cinco décadas que lleva operando el nuevo sistema–, con el objetivo de capitalizar políticamente.
Y para completar los tipos de actores que inciden en este debate, está la presencia de organismos internacionales como la OCDE o internos, como Fedesarrollo o la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que presionan para uno u otro lado en esta discusión. Así, mientras la organización internacional dice que es necesario aumentar el salario mínimo en mayor medida, debido a los golpes de la inflación en el ingreso de la mayoría de la población; las organizaciones privadas presionan con sus cálculos a incrementos más bajos –del 13,5%–, colocando como argumento los estimados en productividad e inflación y señalando la importancia de considerar los factores externos e internos de la economía.
En síntesis, estamos asistiendo en Colombia en estas semanas a una lucha de intereses en torno a la fijación del SMMLV. Una conflictividad de economía política que se ha vuelto normal en las dinámicas del país. Una confrontación que podemos considerar es típica en el sistema económico mixto, donde, además de los actores de la economía, como son los trabajadores y los empresarios, interviene el actor político del Estado.
Este es un momento importante para nosotros, pues esta decisión tiene consecuencias muy sustanciales para la vida económica y social de todos los habitantes del país, en especial, para la población más vulnerable y desfavorecida. Una decisión en la que aparentemente priman criterios técnicos y del resorte de expertos, pero donde definitivamente hay grandes intereses políticos. En este sentido es necesario que estemos atentos a su evaluación y resultados, pues de ello depende de los bienestar de los hogares e incide en nuestra esperanza de un mejoramiento en las condiciones de vida.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.