Día de los Derechos Humanos ¿Cómo vamos?

Por: Laura Cano. Periodista Pares.

El 09 de septiembre, cada año desde 1985, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Esto luego que se aprobara, el 18 de noviembre de dicho año, en el Congreso la Ley 95, la cual, además de promover este reconocimiento, también promovía que Cartagena fuera la ciudad de los Derechos Humanos, pues en esta, como lo decía el documento “nació la preocupación por aliviar la situación de los oprimidos en el siglo XVII, en especial la de los esclavos, por quienes clamaron por el buen trato y la libertad”. Adicionalmente, esta conmemoración también se hizo bajo el reconocimiento a “San Pedro Claver, el sacerdote Alonso de Sandoval y el Hermano Nicolás González, como precursores del alivio y defensa de los oprimidos en América”.

Por otra parte, hay que decir que decir que durante décadas la protección y promoción de los Derechos Humanos se ha vuelto una bandera en la lucha social, pues incluso con un día declarado el Día de los Derechos Humanos, y con avances que se han dado desde distintas instancias, la vulneración y la falta de democratización de éstos ha sido una problemática constante, en un país donde el conflicto armado y la violencia parece no irse, y en donde las crisis sociales, económicas y políticas nos siguen recordando por qué la defensa de los Derechos Humanos debe ser una preocupación diaria.

Hay un escenario de violencia en el país en el que, solo en este año se han reportado 55 masacres, 44 asesinatos a firmantes de paz, mientras que estos hechos contra líderes sociales, sindicales, campesinos, indígenas, comunales, afrodescendientes, LGBTI ha cobrado la vida de, al menos, 205 personas. Foto: Pares.

Hoy, 09 de septiembre de 2020, en este contexto de vulneraciones se conoce que en la noche del 08 de agosto fue asesinado por miembros de la Policía Nacional, Javier Ordoñez, tras un procedimiento policial en la localidad de Engativá, en donde los uniformados le realizaron, por lo menos, nueve descargas eléctricas con una pistola Teaser. Javier Ordoñez, de 44 años, era padre de dos hijos, uno de 15 años y otro de 11, además estaba a poco de recibir su diploma como abogado.

Por otra parte, en La Viga, en Pance, Cali, Valle del Cauca, y como un panorama que se ha repetido una y otra vez en cuarentena, fueron desalojadas por medio del abuso de la fuerza por parte del ESMAD la comunidad que habitaba en esta zona. Además, siendo cerca de las dos de la tarde, se reportó que había 6 guardias indígenas detenidos, y, asimismo, se alertó sobre varias personas que habían sido golpeadas y afectadas físicamente por el accionar del Escuadrón.

A todo esto se suma un escenario de violencia, en el que, solo en este año se han reportado 55 masacres, 44 asesinatos a firmantes de paz, mientras que estos hechos contra líderes sociales, sindicales, campesinos, indígenas, comunales, afrodescendientes, LGBTI ha cobrado la vida de, al menos, 205 personas. Adicionalmente, se han cometido, al menos, 291 feminicidios, y según datos del Sipares, han sido ejecutadas extrajudicialmente, por lo menos, 09 personas, y, se han registrado alrededor de 46 desplazamientos forzados.

Ante este panorama y como parte de la reflexión que propone la conmemoración de este día, desde Pares hablamos con algunas organizaciones, las cuales analizaron desde el sector en el que tienen injerencia, cuál es la situación actual de Derechos Humanos:

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Óscar Ramírez

Hoy en día eso se ve en múltiples dificultades como el hacinamiento, que a pesar que en el marco de la pandemia se ha registrado por el INPEC una disminución, lo que podemos ver es que este no se ha reducido de manera focalizada en las cárceles que más lo necesitaban, sino de manera general, que se da porque este fenómeno se mide de manera bastante difusa sobre cupos y personas privadas de la libertad, pero sin entender que un cupo no es solo una cama donde dormir sino también la capacidad y calidad de otros espacios.

Esta situación provoca, además, que sea común que escaseen los alimentos, los elementos de aseo, se generen problemas de convivencia, y en el marco de la pandemia la propagación del virus ha expuesto a las y los PPL, habiendo picos de contagios de más de 1000 en menos de tres semanas, como fue el caso de La Picota.

Este hacinamiento ha tenido palpables consecuencias en la garantía de salud de los reclusos. Solamente por poner un ejemplo, entre los meses de febrero y marzo solo se permitieron el 43% de las citas médicas requeridas en todas las cárceles, la cual es una cifra bastante baja teniendo en cuenta que en solo tres meses se habían solicitado cerca de 24.786 citas. Muchas personas con esto ven entorpecidos sus procesos médicos. Están condenando a la gente a pagar una pena diferente a la privación de la libertad, que en este caso sería la degradación de las condiciones de vida.

Otra problemática muy grave, que tuvo su punto más alto el 21 de marzo de 2020, son los tratos crueles, inhumanos y degradantes a través del uso abusivo de la fuerza. Esto se sigue presentando en las cárceles y no tiene la importancia y atención suficiente. En investigaciones periodísticas se ha dicho que varias de las 24 personas asesinadas en marzo en la cárcel La Modelo recibieron impactos de arma de fuego de largo alcance y otros fueron torturados y maltratados luego que se acabó el motín. Escenarios similares se vivieron en casi 15 cárceles del país.

Por otro lado, hay que nombrar que aqueja mucho el tema de la alimentación. Últimamente se han recibido múltiples quejas de que los contratos de alimentación en las cárceles no están siendo cumplidos. Esto se manifiesta en la no entrega del gramaje y la entrega de alimentos en condición de descomposición.

Actualmente en la cárcel de Valledupar algunos internos están en huelga de hambre exigiendo unas mejoras en el servicio de alimentación y lo mismo ocurrió en el Buen Pastor de Bogotá. A esto se suma la falta garantías para el suministro de agua, incluso en cárceles nuevas.

Adicionalmente, desde el 13 de marzo las y los PPL están sin visitas, con dificultades en la comunicación con sus familiares, sin planes de resocialización claros, y hay bastante oscuridad en las cifras que presenta el INPEC y el Ministerio de Justicia respecto al tratamiento de la pandemia. Hoy, por ejemplo, desconocemos la cantidad de fallecidos.

Hay una profundización del estado de cosas inconstitucional y de las lógicas que la generan, tenemos toda una política criminal punitiva, que sigue impulsándose desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia, hasta bancadas en el legislativo, esto está acentuando una situación que no tiene solución a corto plazo.

Temblores ONG – Alejandro Rodríguez

Desde Temblores ONG este año iniciamos un proyecto que tiene como antecedente el informe Silencio Oficial realizado el año pasado en el que identificamos que en los 20 años del ESMAD habían asesinadas, por lo menos, 34 personas que estaban ejerciendo su derecho a la protesta. Es decir, hay un antecedente muy fuerte de cómo la Policía constantemente está violando los Derechos Humanos de la ciudadanía.

A partir de un ejercicio de registro de abusos de la Policía que estamos haciendo a través de una plataforma llamada Grita, hemos identificado que hay tendencias en las que la Policía está constantemente afectando y violentando, que además con las medidas de la cuarentena se le ha dado un gran poder a esta institución, pues además se volvieron en quienes deciden quién puede y quién no habitar el espacio público.

Hay que decir que tenemos varios tipos de violencia, entre las que está la violencia sexual; a la Fuerza Pública se le ha señalado en casos de abuso y acoso sexual. Hay también violencia psicológica, y es que algo que ocurre mucho es que la misma Policía empieza a amenazar y a intimidar a la ciudadanía, y la gente al verse abordada de esta forma reaccionan con miedo. Fotografía: Pares.

Lo anterior ha permitido que aumenten los casos de violencia en las calles y lastimosamente las ciudadanías más afectadas son las que históricamente han sido vulneradas. El 18% de los casos que tenemos son personas que están en un rango etario de la juventud, esto responde a un fenómeno de la criminalización de las personas jóvenes, donde se les viola sus derechos y se les mata. Hay que decir que esto además es contra las personas pobres, la mayoría de las personas que tienen más posibilidades de ser victimas de violencia policial son las personas pobres.

Por otra parte, el 14% de los casos son contra gente que está ejerciendo su derecho a la protesta social. Eso es muy preocupante porque se sabe que en la democracia la protesta es un mecanismo de la ciudadanía para dar a conocer sus necesidades, molestias, y regular a los gobernantes. Ha habido una gran represión ahí.

También hay persecución contra vendedores ambulantes, personas LGBTI, migrantes, habitantes de calle, indígenas, afrodescendientes. Toda esta población es víctima de la constante violencia de la Fuerza Pública.

Hay también violencia homicida, donde solo en la noche de ayer se reportó un caso y con este son 10 los casos de asesinatos en este año por parte de la Policía, donde las víctimas en promedio tienen 25 años. La Policía está haciendo lo que quiera en el espacio público, en este año se registran, por lo menos 170 casos de violencia policial, y la crisis les está permitiendo ese poder, aun cuando tienen este historial de violencia y de vulneración de derechos tan fuerte.

ASCAMCAT – Juan Carlos Quintero

La situación de Derechos Humanos para los/as campesinos/as del Catatumbo, y en general del Norte de Santander no es ajena a la situación de Derechos Humanos del resto del país. Hay un claro deterioro en la garantía de protección de las personas que defienden los Derechos Humanos, de sus organizaciones y de los líderes sociales, en el caso nuestro esta situación se ha agudizado entre 2018 y 2020.

Hemos expuesto en diferentes espacios que en esta región han sido asesinados más o menos unos 50 líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz hasta julio de este año, mientras que unas 150 personas han sido afectadas por minas antipersonal. Y, unas 60.000 personas han sufrido desplazamiento forzado interveredales e intermunicipales; de esos 60.000 casi 4.000 se han dado en el 2020. Además, la desaparición forzada sigue siendo una de las prácticas terribles en el departamento. Cada cuatro días se calcula que desaparecen a una persona en toda la zona de frontera.

Hoy es un día para recordar que las masacres siguen creciendo, en Norte de Santander tenemos cinco (5) de las más de 50 que han ocurrido este año. Todo esto es una situación que por la posición negacionista del Gobierno Nacional va a seguir ocurriendo desafortunadamente. Imagen: Pares.

Como organización campesina, lamentablemente, de esa cantidad de muertes tenemos cerca de nueve (9) compañeros. Hemos recibido unos ataques sistemáticos muy fuertes como robos por parte de grupos armados, violencia sexual contra nuestros familiares o integrantes, secuestros de dirigentes, y, además, reclutamiento de menores.

A eso se suma el tratamiento a la protesta social que le ha dado la institucionalidad en el marco de las erradicaciones forzadas. También, un claro patrón de retorno de las ejecuciones extrajudiciales. En lo que va corrido del año cuatro (4) civiles han sido asesinados directamente por miembros de la Fuerza Pública, adscritos a la Segunda División del Ejército.

De esos cuatro casos tenemos el caso famoso de Salvador Jaimes, que fue el 27 de julio en zona rural de Teorama y que el Ejército trató de desvirtuar y de confundir a la opinión pública diciendo que era un tal alias ‘Copete’, integrante del EPL. Como comunidad sabíamos que él era un civil que había sido ejecutado extrajudicialmente.

Organización Femenina Popular – Laura Serrano Vecino

Desde la OFP en el Magdalena Medio hemos evidenciado que las mujeres de la región sufren las ausencias de garantías para tener procesos de reparación efectivos cuando han sido víctimas de violencia, y tampoco hay una construcción de garantías de no repetición en el territorio. Esta es una región en donde existe todavía conflictividad social y política muy alta y eso se refleja en las acciones de intimidación económica, sexual, física y emocional que afectan de forma desproporcionada y diferencial a las mujeres.

Hay unos discursos estigmatizantes que pretenden eliminar el carácter político de estas violencias en contra de las mujeres y negar el carácter de las mujeres como sujetas de derechos también, como decimos en la OFP: los derechos humanos sin las mujeres no son humanos. Foto: Pares.

Frente a eso hay que anotar que las formas más directas de vulneración de Derechos Humanos en contra de la población y particularmente en contra de las mujeres, son resultado de un escenario de violencias estructurales y culturales que han configurado un panorama de ausencia de instancias de denuncia, investigación y de sanción efectiva. Esto abona a la impunidad de los hechos violentos contra las mujeres y su perpetración.

Adicionalmente, en un escenario de discriminación estructural en contra de las mujeres es muy preocupante la situación de derechos de las mujeres y sobre todo la manera en la que se ha recrudecido y se ha evidenciado durante el tiempo de la cuarentena. Hablo de situaciones como la violencia física, emocional, económica en contra de las mujeres en sus entornos familiares, pero también las violencias sociopolíticas; amenazas y asesinatos de lideresas sociales. Vale la pena recordar que en el mes de marzo fue asesinada la compañera Carlota Salina, lideresa de la OFP en San Pablo, Bolívar, y todavía allí persisten las acciones intimidatorias de los actores armados.

Esto, además, permeado por unos discursos estigmatizantes que pretenden eliminar el carácter político de estas violencias en contra de las mujeres y negar el carácter de las mujeres como sujetas de derechos también, como decimos en la OFP: los derechos humanos sin las mujeres no son humanos.

Red Popular de Derechos Humanos – Mauricio Esguerra

Desde la Red Popular de Derechos Humanos hemos analizado que la situación de Derechos Humanos en Bogotá es muy complicada, principalmente en los últimos 2 años. El 2020 comenzó con lo que fueron las secuelas del Paro iniciado el 21 N y con una política de Derechos Humanos que aparentemente iba a ser aplicada por Claudia López.

Lo que vimos fue que esto se quedó únicamente en el discurso político y no trascendió en la construcción de protocolos y decretos concertados por las organizaciones de Derechos Humanos. Esto fue muy evidente cuando se hicieron las primeras intervenciones del ESMAD en las universidades públicas a propósito de la continuidad del paro estudiantil, donde se mostró la persistencia del patrón de persecución y de señalar como delincuentes y vándalos o terroristas a los/as estudiantes.

Ha habido intervenciones del ESMAD en las universidades públicas a propósito de la continuidad del paro estudiantil, donde se mostró la persistencia del patrón de persecución y de señalar como delincuentes y vándalos o terroristas a los/as estudiantes. Foto: Pares.

Con la pandemia el panorama de Derechos Humanos cambió hacia otros elementos. Sin embargo, ante la aparición de nuevas formas de protesta que protagonizaban principalmente los barrios del sur de Bogotá, pues lo que vimos fue una constante represión, y una política basada principalmente en darle toda la autoridad posible a la Fuerza Pública.

Tenemos la necesidad urgente de que se reconozca a las organizaciones defensoras Derechos Humanos como organizaciones que están para prestar una atención integral a la población, y que por tanto deben ser partícipes en la construcción de las políticas públicas en torno al tema Derechos Humanos en la ciudad de Bogotá y en todo el territorio nacional.