Por: Daniela Quintero. Redacción Pares.
A un mes del atentado con un carro bomba activado por el ELN en la Escuela de Policía General Santander, se ha cuestionado, no solo la capacidad de inteligencia de este gobierno tras la serie de contradicciones que se fueron descubriendo con el paso de los días, sino también la cada vez más lejana posibilidad de una paz completa.
Todo el proceso de investigación del ataque ha sido lento y esto se debe a dos razones: la primera es que el gobierno no se esperaba un hecho de tal magnitud, que se traduce en la falta de eficacia por parte de las fuerzas de inteligencia del Estado para prevenirlo. Y la segunda, es que siempre se pensó que el atentado se había planeado en Bogotá, pero lo cierto es que el responsable no fue el Frente Urbano del ELN y esto ha demorado mucho más las pesquisas.
“El Frente Domingo Laín pasó por encima el Frente Urbano, es decir, el responsable del atentado fue una fuerza del ELN que vino desde afuera de Bogotá”, indicó Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Esto significaría que cualquier ciudad es vulnerable, y cualquier estructura delictiva bien organizada podría cometer este tipo de ataque.
Un mar de confusiones
El día de la explosión, ocurrida el 17 de enero del presente año y que dejó 22 víctimas mortales, la Fiscalía General en su afán por señalar al responsable indicó que el autor principal del atentado había sido José Aldemar Rojas, integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según el ente investigador, Rojas viajó desde el departamento de Arauca hasta la ciudad de Bogotá con el vehículo con el cual ingresó a la escuela de policía y detonó los explosivos. Primero se habló de un atentado suicida, sin embargo, aquellas versiones fueron desmintiéndose con la información de nuevos testigos y la propia rectificación del gobierno.
El mismo día de los hechos se presentó a la Fiscalía Wilson Arévalo Hernández. Este relató que había sido quien le vendió el campero, con el que se cometió el atentado, a un joven en Saravena, Arauca, pero no tenía responsabilidad en el delito. En su momento fue dejado en libertad.
Al siguiente día del atentado, el fiscal Néstor Humberto Martínez, junto con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijeron que el homicida había ingresado de manera intempestiva a la escuela, pasando por encima de todos los esquemas de seguridad previstos. Sin embargo, varios medios de comunicación consiguieron los videos de las cámaras de seguridad del lugar que comprobaron lo contrario: Rojas tuvo todo el tiempo para recorrer tranquilamente la escuela de policía y posteriormente activar los explosivos.
A partir de estas versiones encontradas, este proceso ha sido un mar de confusión. En cuanto a las investigaciones judiciales todavía se tiene poco conocimiento. Hasta ahora hay sólo un detenido, y lo curioso del asunto es que se trata de Arévalo “alias Chacho”, quien en un comienzo no fue señalado por la Fiscalía, pero en el transcurso del proceso al parecer se pudo constatar su participación en el hecho.
Por ahora, a Arévalo Hernández se le imputarán los cargos como presunto responsable, según la Fiscalía, de los siguientes delitos: terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con Ariel Ávila, “Todo parece indicar que en la operación de inteligencia para cometer el ataque participaron al menos 20 personas y tenían la información de alguien adentro. El carro iba a llegar a la ceremonia de graduación de cadetes y seguramente se iba a activar en el momento que terminara. Esto habría podido causar 80 o 100 muertos”.
Adiós a la mesa de diálogo
Tras el atentado, el gobierno de Iván Duque decidió suspender la mesa de diálogos con esta guerrilla. Esto conllevó a que se rompiera cualquier tipo de expectativa sobre el futuro de un posible acuerdo y a una postura más combativa frente a este grupo armado, y hasta la fecha no se sabe con exactitud cuál será el destino de los comandantes guerrilleros tras su posible regreso al país.
La primera solicitud que realizó este gobierno, fue la de capturar a la cúpula del ELN que se encuentra en La Habana, Cuba, sede de los diálogos. Sin embargo, hay quienes apoyan esta postura y otros que la contradicen, debido a que traiciona los protocolos que se establecieron en una eventual ruptura del proceso de paz, tal y como sucedió.
En ese sentido, si se acordaron y aceptaron unos protocolos, estos se tienen que cumplir de acuerdo con las características que los enmarcan “Es una posición un poco absurda del gobierno colombiano; es tan absurdo como decir que cada cuatro años un presidente tendría que ratificar las decenas de compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano”, indicó Ávila.
El ELN en la mira
En uno de los puntos de la política de defensa y seguridad que lanzó el gobierno, se descartó cualquier tipo de negociación con los Grupos Armados Organizados (GAO) al margen de la ley, el presidente Duque dio a entender que este grupo será considerado de ahora en adelante como tal, quitándole así su estatus de agrupación insurgente.
Esta postura complica mucho más el panorama del postconflicto, pues con los acuerdos de paz firmados con la ex guerilla Farc, más los diálogos que se estaban adelantando desde el 2017 con el ELN, se estaba buscando el fin definitivo del conflicto armado interno.
En definitiva, el atentado a la escuela de cadetes en Bogotá, la serie de más de 80 ataques a oleoductos, en particular al de Caño Limón Coveñas y la práctica de secuestros hacen ver cada vez más lejos la posibilidad de una paz completa.