Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares.
En Colombia, la corrupción pública ha alcanzado tal nivel de sofisticación y afectación de las condiciones económicas, sociales y políticas de la población, que se habla actualmente de la existencia de un proceso de cooptación del Estado por parte de redes de corrupción que han subsistido durante décadas, y han implicado, en algunos casos, la modificación del ordenamiento jurídico y la democracia.
Nuestro país requiere una reforma política que, entre otras cosas, incorpore cambios en las autoridades electorales para dotarlas de las capacidades requeridas para vigilar, perseguir y sancionar.
Para lograrlo, Pares considera que se deben tener en cuenta estas diez recomendaciones:
1. Contemplar un mecanismo de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral – CNE, o quien haga sus veces, que asegure su independencia y probidad para ocupar el cargo. Este podría ser endógeno, es decir, seleccionado por las Cortes, como en el caso del Registrador Nacional.
2. Convertir al CNE en un tribunal electoral, adscrito a la rama judicial. La sección quinta del Consejo de Estado, por su parte, actuaría como segunda instancia del nuevo tribunal.
3. Asegurar un aumento en el presupuesto y personal del CNE, o quien haga sus veces y además, cambiar a un modelo de financiación pública de campañas electorales y asegurar la bancarización de las campañas electorales.
4. Adelantar una reforma administrativa del CNE que permita acortar los tiempos de investigación y decisión a partir del uso de herramientas tecnológicas como sistemas de información expertos.
5. Garantizar la autonomía administrativa y financiera de la Registraduría Nacional.
6. Implementar el pasaporte político para candidatos a puestos de elección popular. Dicho pasaporte funciona como un sistema en línea donde los ciudadanos podrán consultar la hoja de vida del aspirante, sus procesos en la justicia, su declaración de bienes y rentas y sus conflictos de interés. Este debería ser controlado y puesto a disposición del público por la Procuraduría General de la Nación.
7. Hacer obligatoria la publicación y divulgación de la hoja de vida de los aspirantes; la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas de los aspirantes.
8. Hacer obligatoria la publicación y divulgación de conflictos de interés de los aspirantes.
9. Endurecer las sanciones a los partidos políticos y sus dirigentes que avalen candidatos a puestos de elección popular que resulten condenados por hechos en investigación al momento que se le brindó el aval al candidato.
10. Promover la censura ciudadana y el voto castigo frente a candidatos que enfrentan serios cuestionamientos, especialmente aquellos a quienes se acusa de corrupción o vínculos con grupos al margen de la ley.