Por: Katerin Erazo, Periodista
La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia que sanciona al excandidato presidencial Rodolfo Hernández con destitución e inhabilidad general por 14 años. La decisión se basa en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que demostraron el interés indebido del exalcalde de Bucaramanga en el proceso de selección de un contrato para el aprovechamiento y disposición de residuos sólidos.
Según la investigación, Rodolfo Hernández tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar en el contrato, proporcionándoles información privilegiada para obtener ventaja sobre otros competidores en el proceso de selección. Además, se comprobó que el exalcalde sostuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía involucrada, en la cual se acordó la designación de una persona para elaborar los términos que favorecerían a dicha firma contratista.
El caso en el que se ve involucrado Hernández se remonta a la crisis por el manejo de basuras en Bucaramanga, por la cual la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) realizó una invitación pública para seleccionar una nueva tecnología de disposición de residuos, que finalmente acabó en un proceso de contratación directo que Hernández adelantó con la Unión Temporal Vitalogic RSU. Aunque la adjudicación no se llevó a cabo, se radicó una queja disciplinaria en la que se señalaba que el hijo de Rodolfo, Luis Carlos Hernández, había suscrito un acuerdo de corretaje en la firma del contrato entre la EMAB y Vitalogic, para otro contrato inicial de consultoría por $344 millones (Ver: Los cuestionamientos de Rodolfo Hernández).
Según la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Vitalogic es una empresa dedicada a “alcanzar una solución ambiental y eficiente para la disposición final alternativa de los residuos sólidos urbanos” (Ver: En la tierra de Rodolfo, ¿logrará ser rey?: empiezan a moverse fichas por la Gobernación de Santander).
Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Pares, resalta que la reciente decisión vuelve a plantear el debate sobre la capacidad de la Procuraduría para privar a las personas de sus derechos políticos sin que exista una sentencia judicial. La investigadora destaca que esta situación genera interrogantes en torno a los límites y facultades de la Procuraduría en cuanto a la imposición de sanciones que afectan la participación política de los individuos.
Cabe mencionar que en 2019 la Procuraduría le formuló a Rodolfo Hernández pliego de cargos por celebración indebida de contratos y en 2020 la Fiscalía lo imputó por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por haber intervenido en la dirección del contrato que se esperaba suscribir entre la EMAB y alguien que tendría relación con Vitalogic, Jorge Alarcón Ayala.
Tras el anuncio de la Procuraduría, la defensa de Rodolfo Hernández, líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, anunció que apelará la decisión de la Procuraduría. El abogado del exalcalde de Bucaramanga, Julio César Ortiz, argumenta que no existen fundamentos probados que respalden la sanción impuesta, alegando que no se ha demostrado la injerencia de Hernández en el caso.
El defensor también destacó que el fallo no debería frenar la aspiración de Hernández a la gobernación de Santander y manifestó la disposición de recurrir a instancias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si fuera necesario. La decisión de la Procuraduría ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y social de Bucaramanga. Muchos ciudadanos expresaron su descontento ante los actos de corrupción en los procesos de contratación, destacando la importancia de combatir la impunidad y promover la transparencia en la gestión pública.
La destitución e inhabilidad de Rodolfo Hernández plantea interrogantes sobre el futuro político del excandidato presidencial. Con su aspiración a la gobernación de Santander en juego, la apelación de la decisión buscará demostrar la inocencia del político y restablecer su imagen ante la opinión pública.
Daniela Garzón plantea la necesidad de realizar ajustes en relación con los poderes de la Procuraduría para imponer sanciones que afecten los derechos políticos de las personas, especialmente cuando no existe una sentencia judicial firme, como es el caso del juicio en curso contra Rodolfo.
En esta situación, Garzón argumenta que Rodolfo podría apelar la decisión y mantener su postulación como aspirante a la gobernación hasta que se confirme una sentencia definitiva. Sin embargo, reconoce que esto implicaría un desgaste considerable, ya que el fallo de la Procuraduría arroja una sombra sobre todo el proceso judicial en curso.
En el marco de este caso, se espera que las autoridades profundicen las investigaciones. El caso de Rodolfo Hernández es un recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la contratación pública, así como de promover una cultura de integridad en el ejercicio de la función pública.
Conforme el caso avance y se desarrollen nuevas etapas legales, resultará esencial mantener un seguimiento cercano de su evolución y las decisiones que se adopten en relación con la apelación. No obstante, será necesario aguardar para determinar si la apelación presentada por Rodolfo es la opción adecuada. Quedan todavía numerosas incógnitas por resolver, las cuales solo podrán ser elucidadas a través de investigaciones y pruebas que se divulguen en el transcurso del proceso.