Por: Redacción Pares
La Contraloría General de la República realizó 28 hallazgos que configuran un presunto detrimento patrimonial por $3.740.794.997,39 relacionados con contratos del Ejército Nacional. Las evidencias fueron producto de una Actuación Especial de Fiscalización realizada por equipos de auditoría del nivel central y de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.
Uno de los casos más relevantes se relaciona con un contrato que tenía por objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo, en el que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna. A juicio de los auditores, se habría configurado entonces un daño fiscal estimado en $465.516.590.
El contrato, con número de radicación 407-CENACAVIACIÓN, se vio además afectado porque los responsables de su ejecución fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de US$32.600 (cerca de $100 millones a la tasa de cambio actual).
Posible beneficio irregular a contratistas
La Contraloría General de la República encontró, paralelamente, que el contratista encargado del suministro de combustibles se habría visto favorecido irregularmente al utilizar bienes fiscales en beneficio propio.
En efecto, consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo. El presunto detrimento patrimonial asciende en este caso a los $453.713.616.12.
Otro contrato que atrajo la atención de los investigadores fue celebrado por la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén, del Comando de Logística, para la realización de obras de infraestructura. Al comparar lo ejecutado contra lo cancelado, no fue posible evidenciar las cantidades descritas en las respectivas Actas. Las diferencias en cantidades llegaron a $160.349.266.
Viáticos y seguros sin sustento
La Actuación Especial de Fiscalización determinó también que, durante las vigencias 2016-2017 el oficial a cargo del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) recibió viáticos sin la debida legalización. De hecho, no existen Informes Ejecutivos sobre las actividades desarrolladas, requisito indispensable de conformidad con la Directiva 006 de 2015 y Plan 1037 del 9 de marzo de 2017, para acreditar el gasto.
Los equipos de la Contraloría General de la República encontraron debilidades en la labor de supervisión de los contratos No. 004, 006, 016, 030, 055 de 2016, suscritos por la IV Brigada, que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades, lo que genera un presunto daño por $251.999.932.
También hallaron evidencia del pago injustificado de la prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, que no pertenecía al Ejército. Con esta conducta se generar un presunto daño fiscal por $54.000.000.
En la ejecución de los contratos No. 008, 028, 049 de 2016 y CO1_253281, C_141 y 080 de 2017, para la adquisición de productos de cafetería y restaurante para las diferentes Unidades de la Cuarta Brigada, no hay evidencia del uso y destino final dado a las compras realizadas. Estos hechos han sido atribuidos a debilidades en los controles, que han conllevado un posible detrimento al patrimonio público por $98.960.129.
Una situación similar se ha presentado en una Orden de Compra de la Séptima División para contratar al operador logístico de sus actividades de bienestar social. No hay soportes de la ejecución física de este programa que permitan determinar y evaluar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos a los proponentes y cuantificar las cantidades ejecutadas de cada actividad contemplada en la propuesta del contratista, acorde a los estudios previos. El detrimento aquí sería del $70.000.000.
No aparecen excedentes de kit para soldados
Al revisar con detenimiento el contrato Nro.309-BASPC4-2016, por $471.481.040 (incluido IVA), celebrado por la Cuarta Brigada del Ejército, los auditores se encontraron con un mayor gasto al requerido para la dotación a 4.402 soldados incorporados en la vigencia 2016.
En este caso no existen soportes que permitan tener certeza sobre el destino final, justificación, utilización y beneficiarios de los elementos adicionales por valor de $140.659.200, monto del presunto detrimento patrimonial.
Otras posibles irregularidades incluyen la débil supervisión a los trabajos de mantenimiento de inmuebles incluidos en el Contrato No. 298 de 2016, para las unidades centralizadas del BASPC4.
Entre los documentos ligados a la operación contractual no aparece el registro fotográfico específico que permita comprobar que los trabajos fueron recibidos a satisfacción. Aquí se presume un detrimento al patrimonio por $275.659.120.
¿Mantenimiento a vehículos particulares?
El ejercicio de fiscalización sirvió, adicionalmente, para verificar que en la facturación de pagos por mantenimiento de vehículos de la Cuarta Brigada aparecen relacionados varios vehículos que al parecer no pertenecen a esa unidad militar.
Las dudas se acentúan por el hecho de que el contratista no incluyó la placa civil o militar de los vehículos en las facturas. Sumados a la incertidumbre sobre el cumplimiento del objeto contractual, los documentos y evaluaciones disponibles sugieren un presunto detrimento en cuantía de $607.795.230.
En otros casos los informes de los supervisores de los contratos indicaron que los contratistas cumplieron con el objeto, pese a que en los expedientes fueron anexadas fotografías de la entrega de repuestos y mantenimiento para vehículos que no estaban contemplados en los contratos.
“Los vehículos relacionados –advierten los investigadores en su informe- presentan inconsistencias en cuanto a su inclusión en la flota de vehículos de la Cuarta Brigada, su registro en el aplicativo SAP (almacén) y su inclusión en la póliza de seguros todo riesgo. Situaciones generadas por deficiencias en la supervisión del contrato, que ocasiona incertidumbre sobre la real ejecución del contrato y un presunto detrimento constituido por la sumatoria de las facturas sobre las que no hay registro fotográfico por valor de $940.754.488”.
Chatarrización rezagada
Las comisiones de la Contraloría hallaron también una relación de vehículos que a la fecha no han sido sometidos al proceso de chatarrización, pese a que se encuentran fuera de servicio. En estas condiciones, la institución se ha visto obligada a adquirir el SOAT respectivo y a incluirlos en la póliza de seguros para su flota vehicular.
Dobles pagos en el mantenimiento de vehículos y la omisión del reintegro de elementos dañados o de entrega de los soportes respectivos fueron comunes en la Cuarta Brigada durante las vigencias examinadas. Los casos documentados hasta hoy sugieren un presunto detrimento por $47.980.214,64.
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