Foto: Colombia Plural
Por: Claudia Carrión y Camilo Andrés Peña, Línea Democracia y Gobernabilidad
Han pasado treinta y dos años desde el inicio del proceso descentralizador en nuestro país y los resultados hasta el momento parecen agridulces, ¿habrá llegado el momento de una gran reforma al proceso?
Antes que nada, debe resaltarse la importancia del proceso de descentralización, reforma que surge en medio de la apertura del Estado de los años 80 y buscaba poner fin a una gran oleada de protestas sociales de las décadas de los 70 y los 80. Además, se pretendía mejorar la provisión en la prestación de servicios sociales básicos: educación primaria y media, salud, alcantarillado y saneamiento. En teoría, la descentralización busca acercar al Estado al ciudadano, es decir, mejorar la democracia desde lo local.
En los últimos años de la década de las 80 e inicios de los 90, el país vivió una verdadera euforia descentralista, en la que se aumentó el flujo de recursos destinados a las entidades territoriales y se proclamó la elección popular de las autoridades locales. La descentralización cobró tanta importancia que quedó plasmada, junto con el principio de autonomía de las entidades territoriales, en la Constitución Política de 1991.
Este espíritu llegó a su fin a finales de los 90 e inicios del Siglo, periodo que coincide con la crisis económica y con la crisis fiscal de las entidades territoriales. A partir de entonces, se inicia un proceso de recentralización, que como primera medida decreta la reducción de los recursos de transferencias a las entidades territoriales destinados a financiar la política social local. El siguiente paso fue el recorte de las facultades de estas entidades para gestionar sus recursos. Es decir, se limitó la autonomía local para decidir sobre la administración de dineros públicos. La imposición de competencias a través de leyes ordinarias y la expedición de una avalancha de regulaciones, son ejemplos de las formas en la que se recortó la autonomía local.
Hoy en día, el proceso ha tomado una forma muy particular: se ha descentralizado el gasto, en la medida en que las entidades territoriales han aumentado ligeramente su participación en el gasto público en general; sin embargo se han centralizado las decisiones y los recursos de transferencias, de forma tal que, aunque las autoridades territoriales manejan más recursos, tienen menor capacidad para incidir en el desarrollo económico y social de sus territorios.
Una de las consecuencias de este proceso es el aumento de las protestas sociales dirigidas directamente al gobierno central. No es una coincidencia que los paros cívicos de Chocó y Buenaventura, por citar un ejemplo, hayan estado destinados al Gobierno Nacional. Las autoridades territoriales ya no tienen la capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos de sus territorios, lo que genera desencanto con lo público y protestas de grandes proporciones.
Esto es una muestra de que el proceso de descentralización no es un tema menor, tampoco es un refrito de décadas pasadas. El proceso de recentralización de las últimas décadas ha tenido graves consecuencias para la provisión de soluciones a los problemas de las poblaciones alejadas de los centros de desarrollo económico y social del país. Esta situación degenera en el aumento de la desconfianza en la institucionalidad pública y en el desencanto con la participación ciudadana.
En este sentido, la descentralización es un tema fundamental para el postconflicto, que requerirá, entre otras, del cierre de brechas entre las ciudades y los territorios periféricos. Para esto, debe darse construcción de Estado y aumento de la inversión productiva y de desarrollo social en dichos territorios, así como la consolidación de la democracia local. En otras palabras, el postconflicto requiere del cumplimiento del primer artículo de la carta magna del 91: una república descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.