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Denuncia penal contra juez que maltrató a víctima en Urabá

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares


A través de redes sociales y algunos medios de comunicación se conoció que el juez segundo civil de restitución de tierras, Alejandro Rincón Gallego, intimidó un mes atrás a una víctima de despojo en el Urabá antioqueño, en medio de la diligencia judicial que la llevaría a empezar con el proceso de restitución de un predio rural. Por lo ocurrido, la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ denunció penal y disciplinariamente al juez.


La frustrada indagatoria se realizó el 30 de septiembre a María René Murillo Rentería, de 65 años, en un juzgado del municipio de Apartadó, Antioquia para determinar su papel en este proceso. Rincón Gallego inició el procedimiento pero lo condujo en un tono amenazante y le advirtió a la víctima que tenía que decir toda la verdad, porque de lo contrario se sometería a una pena de entre 6 a 12 años de prisión.


En el interrogatorio, Murillo pidió sus datos personales y posteriormente le preguntó porqué estaba reclamando por el predio Guatinaja, ubicado en la vereda Veracruz, en el municipio de Chigorodó, Antioquia, si en la actualidad había fincas bananeras en ese predio. La víctima le respondió que llevaba viviendo más de 40 años en ese lugar, y en ese sentido se sentía con derechos para hacer esa petición. Tras la respuesta, el juez se ofuscó y empezó a hostigar a Murillo de forma brusca y ni siquiera escuchó a la defensa, o a la procuradora delegada, quienes le estaban reclamando por su proceder.



“¡No tenía porqué decir eso! ¿Por qué la representan para que restituya un predio que es de fincas bananeras? No es lo que usted quiere. Quiero que vuelva a responder, o sino compulso ya a la Fiscalía lo de ella”, expresó desafiante el juez a la abogada, Lizeth Montero, que hace parte de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).


En medio del tono hostil , Rincón repitió la pregunta de porqué Murillo estaba pidiendo la restitución del predio, y expresó que normalmente las víctimas solicitan predios porque fueron amenazadas y ella no fue amenazada. “Si la señora no es capaz de responderme eso no le hago más preguntas, la saco (…) y le envío a la Fiscalía”, agregó el juez.


¿Inexperiencia o jugada política del juez?


Tras el desafortunado episodio, la CCJ rechazó la actuación del juez, pues ni siquiera la dejó hablar, ni explicar su afirmación; y en ese sentido, sólo se limitó a decir que era mentirosa y la intimidó, hasta que su abogada tuvo que intervenir.


De acuerdo con la fundación Forjando Futuros, Antioquia es el departamento más afectado por el despojo de tierras y, asimismo, en ese territorio están 66 de los 143 municipios que priorizó la Unidad de Restitución, la Fuerza Pública y las alcaldías para resolver la problemática.


A pesar de lo que dicen las cifras y los expertos, el juez Rincón aseguró que hubo zonas donde en realidad sí hubo despojo de tierras y amenazas; y en ese sentido, desconoció lo ocurrido en el Urabá. Según él fue “la situación del orden público” lo que ocasionó que los habitantes vendieran sus predios o empezaran a trabajar en fincas bananeras.


Todo este proceso de reparación a las víctimas está enmarcado en Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pese a sus ocho (8) años de funcionamiento, el panorama desolador.


Forjando Futuros calcula que se ha reparado administrativamente al 15% de las 1.417.166 víctimas registradas oficialmente en ese departamento; y con respecto a la devolución de los predios, tan solo el 6% de los campesinos despojados han recuperado sus tierras.


Esto significa que un proceso puede llegar a resolverse con rapidez, pero el trámite posterior a la sentencia para retornar el predio al demandante muchas veces resulta insatisfactorio por situaciones administrativas o de seguridad.


Cabe destacar que hay tres escenarios en esta disputa por la tierra que también pueden ralentizar o acelerar el proceso. El primer panorama es que el reclamante solicite un predio que está abandonado; el segundo se trata de un predio que esté ocupado por una empresa, y el tercero, que otras personas en la misma condición de despojo hayan ocupado esa tierra.


Denuncia contra el juez


La Fundación Paz & Reconciliación-Pares habló con Gustavo Gallón, director de la CCJ, quien expresó que lo que hizo ese juez es un prevaricato gravísimo. “Nuestra posición es de repudio absoluto. Nosotros recusamos en la audiencia, fuera de eso lo hemos denunciado penal y disciplinariamente”, apuntó.


Gallón explicó que en este caso el juez se negó a darle curso al proceso de conformidad con la ley 1448 que aún está vigente, e invocó un proyecto de ley que no está aprobado (promovido actualmente en el Congreso por María Fernanda Cabal).


“El juez dice que el país cambió, que el mundo también y que aquí no se va a seguir haciendo esto, y tendríamos que probar el derecho de pertenencia, cuando lo que establece la ley es la presunción de credibilidad de quien afirma haber sido desposeído de un predio”, agregó.


Es clave mencionar el proyecto de ley de la congresista del Partido Centro Democrático ya que pretende modificar la ley 1448 con el argumento de que esta afecta al tipo de población en los escenarios dos y tres, mencionados con anterioridad.


“Es verdad que la ley no previó medidas muy completas con esa población, pero la jurisprudencia dice que esas personas tienen derechos a que se les adjudiquen tierra en compensación. Para los que no hay medidas de compensación es para quienes no logren probar la buena fe”, aseguró Gallón.

Este caso prendió las alarmas para revisar cómo se está llevando a cabo el proceso con los reclamantes de tierra. En casi una década no se ha logrado retornar ni siquiera la mitad de la meta a nivel nacional que es de más de seis (6) millones de hectáreas.