Del engranaje al cortocircuito: el papel de Laura Sarabia en el gobierno Petro

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad

Tras haber estado cinco meses y algo más que una semana en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia terminó saliendo por segunda vez del gobierno de Gustavo Petro. A diferencia de aquella primera vez, donde el presidente lamentó la salida de la que consideraba su “funcionaria más importante”, en este segundo caso el presidente, en una despedida en un tono pasivo-agresivo, aceptó su renuncia, que se dio luego de que el jefe de Gabinete, Alfredo Saade, desautorizara una orden de la exministra para extender el contrato para la impresión de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons, mientras entraba en vigencia el nuevo contrato con la Imprenta Nacional y Portugal.

La salida ya estaba cantada. Tras varias desautorizaciones en su gestión en la Cancillería y tras perder la mayor parte de sus funciones, que la llevaron a ser en su momento la figura más poderosa dentro del gabinete del presidente desde mediados de 2024, Sarabia decidió abandonar finalmente al gobierno, en medio del agotamiento de pasar por varios de los principales cargos de la rama ejecutiva en tan solo tres años y bajo la lupa por presuntas irregularidades en sus funciones que la tienen bajo investigación.

De la trayectoria de Sarabia podemos observar cómo el gobierno Petro pasó de la construcción de un bloque histórico que le permitiera servir como puente entre las demandas populares y los intereses de las élites políticas y económicas del país, a un modelo de administración defensiva basada en la lealtad, a menos de un año que termine su presidencia.

—La operadora política

Fuente: Presidencia de la República de Colombia

Para entender la primera fase de Laura Sarabia en el gobierno Petro, hay que comprender que su rol estuvo centrado en sostener y organizar el consenso político que comenzaba a girar alrededor del proyecto político del progresismo recién llegado al poder. Su llegada a la Jefatura del Despacho en octubre de 2022 respondió a la necesidad de que aquella operatividad política no girara alrededor de un político (como lo era Mauricio Lizcano, el otro candidato para ocupar ese cargo) sino de una figura mucho más administrativa.

No es para menos, Sarabia, antes de llegar a la Jefatura de Despacho, había sido asesora de la campaña Petro presidente durante 2022, gestionando la agenda pública de Petro en eventos, reuniones de campaña y concentraciones públicas. Su capacidad para manejar la agenda del entonces candidato, la hizo visible para ocupar aquel rol y centralizar los intercambios entre el presidente y su gabinete, congresistas, los gremios los partidos políticos.

Esto la llevó, eventualmente, a convertirse en un elemento fundamental para tratar de articular la voluntad de un presidente impaciente por cumplir su agenda de cambios sociales, y la necesidad pragmática de negociación para consolidar un margen de gobernabilidad.

Sin embargo, las acusaciones de abuso de poder tras haber sometido a su niñera a una prueba irregular de polígrafo y al uso de sus poderes reservados para investigar un robo del que fue víctima, junto con las revelaciones de varios audios en donde discute y riñe con Armando Benedetti, y en el que se revelaban presuntas irregularidades en la campaña Petro presidente 2022, llevaron a que el presidente la apartara del gabinete, provisionalmente, en junio de 2023.

—El canal de mediación con los gremios y las élites económicas

Fuente: Canal 1

Luego del escándalo, regresó al gabinete como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en septiembre de 2023, donde fue fundamental para tratar de articular y hacer realidad el llamado “Acuerdo Nacional” con el que el gobierno Petro se había lanzado a recomponer sus relaciones con los gremios económicos y los partidos políticos, tras la crisis que llevó a la ruptura de la coalición de gobierno en abril de 2023.

Allí Sarabia fue el cerebro fundamental para establecer los lazos con los llamados “cacaos” y generar la famosa reunión en la Casa de Huéspedes, en noviembre de 2023, que terminó por comprometer a varios de los grandes empresarios del país en la implementación de varios proyectos para aliviar las altas tasas de interés para acceder a créditos, así como alianzas público-privadas con inversión de los grandes gremios para la ejecución de proyectos relacionados con transición energética, el aumento de la productividad agrícola y ganadera, infraestructura y otros proyectos sociales de iniciativa privada.

Sin embargo, la incapacidad de coordinar con otros ministerios para poder consolidar las mesas técnicas y otras necesidades del sector privado para ejecutar estos proyectos, junto con los choques entre Petro y los empresarios por la agenda de reformas sociales —que eventualmente llevaron al hundimiento de la reforma a la salud en abril de 2024 y la aprobación de la reforma pensional en junio de ese mismo año— rompieron poco a poco los intentos de Sarabia por generar esa articulación.

Aunque hubo anuncios de inversión conjunta, la falta de institucionalización y el desgaste de la disputa con los gremios impidieron consolidar una hoja de ruta compartida.

Del mismo modo, la relación estrecha que Sarabia empezó a desarrollar con varios actores del sector privado comenzó a generar suspicacias al interior del gabinete de gobierno, quienes comenzaron a señalarla por estas relaciones.

Aun así, Sarabia se había vuelto un engranaje importante en el gobierno, en tanto se había consolidado como el canal principal de comunicación e intercambio con las élites políticas y económicas con las que el gobierno pretendía negociar y pactar en el marco de la construcción de su proyecto político. Esto se consolidó con la llegada de Sarabia al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) en febrero de 2024, donde Sarabia concentró gran parte del capital político que había adquirido como intermediaria para profundizar la consolidación de los puentes entre los gremios económicos y el gobierno nacional.

Con la idea de un nuevo “Acuerdo Nacional” bajo las alas del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Sarabia llegó al DAPRE con la finalidad de materializar este nuevo intento de acuerdo bajo su propia receta de soluciones a los problemas del país: microgerencia, ejecución eficiente y eficaz de proyectos, articulación con el sector privado y descentralización, según sus propias palabras en su cuenta de Threads, enunciadas en el Festival de las Ideas de Prisa Media, en octubre de 2024.

También Sarabia fue indispensable para abrirle las puertas a la mayoría de mandatarios y funcionarios regionales y locales, con los que el gobierno había tenido poca comunicación, caracterizada en su mayoría por la fricción y la oposición ideológica.

—De las acusaciones de enriquecimiento ilícito y de cooptación burocrática a la caída en desgracia

Fuente: RPTV Noticias

No obstante, la materialización de este proyecto se fundió con dos tendencias que llevaron eventualmente al choque con el resto del gabinete Petro. Principalmente, porque Sarabia comenzó a contrarrestar la influencia de otros grupos de funcionarios cercanos al presidente tanto en la incidencia en algunos nombramientos, como cerrándoles las puertas de la comunicación con la presidencia, así como también comenzó a consolidar una red de funcionarios afines en posiciones estratégicas dentro de la burocracia estatal, lo que generó recelos en otros sectores del gabinete.

Esto se manifestó, por ejemplo, en los choques que tuvo en mayo de 2024 con Hollman Morris, director de RTVC en aquel momento, tras la llegada de Sarabia al DAPRE y su orden de recomponer la relación con los medios de comunicación tradicionales y de nombrar a una figura cercana, Juan David Moreno, a cargo de las comunicaciones de presidencia.

También se manifestó en la acusación contra Sarabia y su hermano, Andrés, de presunto enriquecimiento ilícito, por parte de Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, luego de que el medio digital Desigual señalara que Juan Ramírez Cobo, asesor de Sarabia, estuviera involucrado en un presunto caso de favorecimiento irregular de negocios de varias empresas con el Estado, especialmente una consultora, ALA Consulting S.A.S., propiedad del hermano de Sarabia y de su esposo, Andrés Fernando Parra.

Al mismo tiempo, Ramírez Cobo también había resultado salpicado por el escándalo de corrupción de la UNGRD, habiendo sido ficha clave en los intercambios entre funcionarios del ejecutivo y congresistas en el marco de la manipulación de contratos de esa entidad a cambio de recibir votos favorables tanto en la Comisión de Crédito Público de la Cámara de Representantes, como en las negociaciones de la agenda legislativa del gobierno en el Congreso.

Por ello, un bloque de funcionarios dentro del gabinete, encabezados por Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), abrió un escenario de guerra fría con Sarabia, acusándola de aprovecharse de su posición para acumular capital político y poder, pero también de cerrar los canales de comunicación con el presidente y aislarla de su bloque político más militante e ideológico.

A esa denuncia de Rodríguez se sumaron posteriormente figuras de los grupos que componen el círculo de confianza más cercano del presidente, entre ellos Gustavo Bolívar (en ese momento director del DPS), Francia Márquez (vicepresidenta), y Carlos Ramón González, en ese momento director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y quien, en ese momento, ya estaba siendo investigado por su rol en la trama de corrupción de la UNGRD.

Luego, las acusaciones contra Sarabia giraron en el presunto favorecimiento de varios amigos y cercanos suyos en el nombramiento de algunas notarías, lo que comenzó a horadar la relación que el presidente tenía con ella. Finalmente, esos choques comenzaron a emerger desde finales de 2024, cuando Petro delegó gran parte de las funciones de seguridad que le había entregado en Augusto Rodríguez, y, posteriormente, en el primer Consejo de Ministros televisado, el 4 de febrero de 2025, donde un bloque de funcionarios expresó su inconformidad por su presencia en el gabinete con las acusaciones e investigaciones que pesan en su contra.

Con la llegada de Armando Benedetti como jefe de Gabinete y posteriormente como ministro del Interior, la relación entre Sarabia y Petro se agravó, luego de que el presidente pusiera las funciones de operatividad política y relacionamiento con los gremios en manos del nuevo ministro, apartándola de su círculo de poder más cercano.

De allí, el presidente decidió designarla en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde Sarabia fungió como operadora con empresarios y grupos económicos en el exterior y como facilitadora de las relaciones comerciales y políticas con Estados Unidos, poco después del triunfo de Donald Trump como presidente.

Allí la ruptura se agravó, en tanto el presidente tendió a desautorizarla en la mayoría de sus decisiones como ministra, tanto en la crisis arancelaria de enero de 2025, como en el manejo de la citación a la Comisión de Asuntos Exteriores tras la declaración del presidente de adherirse a la Nueva Ruta de la Seda con China, la desconexión tras el reconocimiento de la Cancillería del triunfo de Daniel Noboa en Ecuador, así como la prórroga del contrato para la producción de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons, en la que finalmente el gobierno terminó metiendo mano a través de Alfredo Saade, jefe de Gabinete.

—La crisis de autoridad y la fragmentación de los bloques que componen al progresismo

Fuente: Cuenta de X del presidente Gustavo Petro

La salida de Sarabia de la Cancillería se da en un mismo escenario coyuntural donde una investigación del diario El País, de España, reveló un complot por parte del excanciller Álvaro Leyva para derrocar por la vía institucional al presidente Petro, y tras el nombramiento de Alfredo Saade como nuevo jefe de Gabinete. Todos estos tres acontecimientos están enmarcados en un mismo fenómeno, relacionado con la primacía de la lealtad política como manifestación de una estrategia mucho más reactiva, defensiva y replegada de un gobierno que se siente amenazado y en el que ya no ha sido posible mantener el consenso.

De hecho, la degradación de la relación entre Sarabia y el presidente puede rastrearse en el momento donde la acumulación de capital político que Sarabia tuvo luego de su paso por la Jefatura de Gabinete y las direcciones del DPS y el DAPRE superó el marco de las funciones que cumplía en el rol de operadora política y de consenso con otros bloques externos al gobierno, llevándola a convertirse en una anomalía y una posible amenaza en la construcción del Acuerdo Nacional que el gobierno proponía.

No por nada el presidente acusó, de manera soterrada, su “codicia” en su mensaje de despedida, donde señala que aquel deseo va en contra del sentido revolucionario de su gobierno, y no es para menos.  Las acusaciones de algunos funcionarios contra Sarabia fueron que no tenía mucho compromiso con el programa de gobierno del presidente y sus posturas ideológicas, lo que comenzó a traducirse en “deslealtad” y “traición” tras el primer Consejo de Ministros televisado en febrero.

Además, también manifiestan una disputa interna por la dirección del proyecto progresista a futuro entre diferentes bloques con interpretaciones diversas del progresismo de Petro, especialmente entre aquellos funcionarios que conciben que el problema de la implementación del programa político del gobierno depende más de la capacidad operativa para negociar su implementación con otros actores (como lo sostienen figuras como Roy Barreras, la misma Sarabia y Armando Benedetti), frente a otros funcionarios que parten de la idea de que el problema de la implementación está en la misma arquitectura institucional y como responde a los mismos intereses de las élites políticas y económicas que son antagonistas del presidente.

Frente a ese debate, el presidente decidió responder con acciones mucho más contundentes para reafirmar su jerarquía como jefe de Estado y de Gobierno, así como contener cualquier intento de disenso o crítica en el interior de su propio gabinete.

La salida de Sarabia, entonces, no hay que leerla solo como el fin de un ciclo personal, sino como un síntoma de un modelo de gobierno que ha optado por cerrarse sobre sí mismo, aferrándose a la lealtad como último recurso frente a la pérdida de consensos, la reducción de su capacidad técnica y la desconfianza, que le impide mantener sus coaliciones políticas.