Por: Carol Sánchez.
Clara María González es uribista de pura cepa. Desde la década pasada acompaña al expresidente Álvaro Uribe e, incluso, hizo parte de la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga en 2014. González es abogada de la Universidad del Rosario y su experticia está en en derecho electoral, administrativo y civil, mas no en el penal, como lo requeriría la investigación de Odebrecht.
Actualmente, González es la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, por lo que su nombramiento como Fiscal ad hoc sería, al menos, inconveniente, teniendo en cuenta que en el caso a investigar está involucrado el mismo presidente, pues en el 2014 Iván Duque acompañó a Óscar Iván Zuluaga a un viaje a Brasil para encontrarse con Duda Mendoza, publicista pagado por Odebrecht. Además, Gónzalez es la representante del Gobierno Nacional en la Junta Directiva del Banco Agrario y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Ahora, su historia no está exenta de cuestionamientos. En 2008, fue una de las abogadas de Yidis Medina en el proceso por cohecho propio, cometido durante la aprobación del proyecto de Acto Legislativo que permitió la reelección de Uribe. En el fallo emitido por la Corte Constitucional contra Medina se lee que González fue contratada directamente por el Gobierno Nacional, en ese momento en cabeza de Álvaro Uribe:
“(Yidis Medina) Añadió que a causa de la votación favorable para el proyecto de reelección presidencial se vio avocada a investigaciones de carácter penal y disciplinario e incluso a declarar ante el Consejo de Estado, diligencias en las cuales fue asesorada por los abogados CLARA MARÍA GONZÁLEZ Y ÁLVARO MONTOYA, quienes fueron contratados por el Gobierno Nacional a través de HÉCTOR ECHEVERRI, hermano de FABIO ECHEVERRI (…) CÉSAR GUZMÁN acompañó a YIDIS MEDINA PADILLA al Hotel DANN Norte (…) Allí se encontraba un señor HÉCTOR ECHEVERRI, hermano de FABIO ECHEVERRI, y aunque él (CÉSAR GUZMÁN) no ingresó, desde afuera logró escuchar lo que sucedió en la reunión. Luego, al salir de la misma, la procesada le presentó un par de abogados (ÁLVARO MONTOYA y CLARA MARÍA GONZÁLEZ), quienes por encargo del Gobierno Nacional asumirían su defensa en las demandas instauradas en su contra por el Representante GERMÁN NAVAS TALERO”.
Por el caso, la Corte Constitucional envió copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigara a Álvaro Montoya y Clara María González. La abogada, además, fue apoderada de Uribe y de Fabio Echeverri para reclamar la reposición de gastos electorales de la campaña reeleccionista de 2006.
Pero eso no es todo. Entre su trayectoria laboral, se encuentra el cargo como Conjuez de la Corte Constitucional, entre marzo de 2014 y febrero de 2015. Cargo que también ocupó, en la misma época, el actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien se declaró impedido para investigar el caso Odebrecht por sus relaciones con el Grupo Aval.
Además, la abogada ha firmado dos contratos de prestación de servicios con Transmilenio S.A por concepto de «representación y defensa judicial, integral, especializada y técnica», uno de ellos entre junio de 2017 y junio de 2018, el otro empezó en febrero de este año y terminaría en febrero del 2019. Sin embargo, la empresa Transmilenio S.A le aclaró a PARES que el 17 de agosto de 2018 se dio la liquidación de dicho contrato por mutuo acuerdo.
Finalmente, hay que decir que, según el artículo 128 del capítulo 2 del título 5 de la Constitución Política de Colombia, “nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley”. En ese sentido, González tendría que renunciar a su cargo como Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño si fuera, finalmente, elegida como Fiscal ad hoc, lo que implicaría un nuevo nombramiento por parte de Iván Duque.