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El plazo inicial para la dejación de armas de las FARC ha finalizado. Según los acuerdos de La Habana, en seis meses, las FARC dejarían las armas y comenzarían la formación de su partido político, además arrancaría la reincorporación de los miembros de esta guerrilla. El día D fue el 1 de diciembre y desde ese momento comenzó la cuenta regresiva. Pero las fechas no se cumplieron y hoy existen al menos tres puntos claves.

Lo primero es que más allá de la fecha, la guerra terminó. Efectivamente, las FARC desocuparon más del 98% del territorio donde operaban para concentrarse en 26 puntos rurales. Los resultados se ven: los afectados por minas antipersonal han descendido de forma dramática, al igual que los reclutamientos, entre otros. La guerra con las FARC terminó, pero los retos en seguridad siguen siendo altos, derivados de la expansión de grupos criminales en las antiguas zonas que controlaban esta guerrilla.

Lo segundo, la dejación de armas resultó ser más complicada de lo que se pensaba. Por ejemplo, las zonas veredales deberían estar listas desde el 31 de diciembre de 2016. Hoy, después de los seis meses de plazo, ni una sola está terminada. Hay zonas como la de Caño Indio en Tibú que ni siquiera estaría lista para el mes de junio. Igualmente, en los temas de amnistía los retrasos son impresionantes, aunque en las últimas dos semanas se ha acelerado el proceso. En cuanto a reincorporación no hay prácticamente nada; ningún guerrillero sabe qué pasará con él después de que dejen de funcionar estas zonas veredales. Los decretos del presidente de la república dejan claro la arquitectura institucional, pero nada más que eso. Y por si fuera poco, el “bombazo” de la Corte Constitucional a la implementación de los acuerdos vía modificación del fast track sólo dejó un ambiente de inseguridad jurídica.

Sobre la Corte Constitucional ya están claros los argumentos jurídicos y políticos que muestran sus contradicciones y lo débil de sus argumentos. Pero hay un tema que quisiera resaltar: los acuerdos de La Habana crean más de 100 programas, proyectos, instituciones, mecanismos y acciones. El 10% de estos se direccionan para el beneficio directo de los actores de la guerra como la Jurisdicción Especial para la Paz, ley de amnistía y garantías para la reincorporación, entre otras. Pero el restante 90% son acciones para beneficiar a la sociedad, para solucionar eso que se denominan causas estructurales del conflicto armado; una intervención al territorio que se haría a través del plan nacional de vías terciarías, el plan nacional de electrificación rural, el Fondo de Tierras, la Reforma Rural, la auditoría al censo electoral y la reforma política, entre otras.