Por: Redacción Pares
Fotos Tomadas de: América Economía y Control Ciudadano
Hasta el 12 de marzo del 2004 Rocío San Miguel trabajó para el gobierno de Hugo Chávez. El haber firmado, un año antes, el referendo revocatorio contra Hugo Chávez, le costó su salida del Consejo Nacional de Fronteras. En ese momento el chavismo apretaba clavijas después de lo que se conocería como el golpe petrolero, el paro de abril del 2002 en donde Hugo Chávez salió por 48 horas de la presidencia, siendo reemplazado por la cabeza de Fedecamaras Pedro Carmona. En el 2003 se realizó un referendo revocatorio contra Chávez. Luis Tascón, diputado chavista, hizo pública una lista donde aparecían lo funcionarios que habían votado a favor de la salida de Chávez. El castigo fue despedirlos inmediatamente de sus cargos. San Miguel fue una de ellas.
Desde entonces se ha dedicado a luchar contra el régimen a través de Control Ciudadano, la ONG que fundó. Le ha ganado varios pulsos a Maduro, algo que él no olvida. En el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en la demanda que interpuso por su despido injustificado. El Estado venezolano tenía hasta el 6 de mayo del 2024 para presentar el informe donde constatara que le había cumplido a San Miguel su reparación.
A sus 57 años Rocío San Miguel ya sentía el cerco. Por eso, el pasado 9 de febrero, decidió irse al extranjero. Estaba lista para partir en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas cuando fue apresada. Se le acusaba de pertenecer a la operación Brazalete Blanco. Según la narrativa del gobierno bolivariano, el plan era organizar un ataque a una base militar en Táchira, estado limítrofe con Colombia, tomar armas y asesinar a dirigentes chavistas. Su objetivo principal era asesinar a Nicolás Maduro. En las últimas horas el gobierno de Maduro ya ha detenido a 36 personas, implicadas en su magnicidio, 12 de ellas supuestamente implicadas en dicha operación que lideraría San Miguel. La paranoia es una de las características del régimen.
Ella es experta en temas militares y de seguridad nacional por eso el régimen le colgó el letrero de conspiradora sin tener pruebas. Desde ese día no se sabe nada de la activista. Su paradero es desconocido, lo que ha causado la denuncia de Amnistía Internacional.
El panorama se agrava con el correr de las horas. Su abogado, Juan González, ha hecho un recorrido por centros carcelarios intentando encontrarla, pero ha sido imposible. Lo único que se sabe es que fue llevada por funcionarios del SEBIN a una cárcel. Ya se refieren a su caso como de “desaparición forzada”. El mismo abogado confirmó que Miranda Díaz, la hija de Rocío, también está desaparecida. “Ella es quien informa, aparentemente habló del Sebin que se acercaban, ella nos ratifica la situación; hace más de 48 horas que no sabemos nada de ella, aquí detienen a una persona y a su entorno, tenemos más de 48 horas que no sabemos nada, sabemos que le llegan los mensajes, pero no contestan”.
Además de su hija cuatro de sus hermanos también han desaparecido. Los ojos del mundo están preocupados por la situación de Roció San Miguel y su familia.
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