La Fundación Paz y Reconciliación y La Iniciativa Unión por la Paz presentan el sexto informe de seguimientos al postconflicto en Colombia. Este informe se presenta cuando se cumplen dos años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón y 100 días del gobierno del Presidente Iván Duque. El documento es un riguroso balance de los aspectos fundamentales de la materialización de la paz, especialmente en los territorios, para contribuir a la comprensión de la realidad nacional desde un visión crítica e independiente.
Al poner la lupa en lo que ha ocurrido a dos años de firmado el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, hecho que cerró el ciclo de negociaciones de La Habana, podemos decir que se ha producido una reestructuración unilateral por parte del Estado de lo acordado con las FARC-EP. Algunas de las reformas convenidas por las partes no se han hecho y ya no se harán, dos ejemplos claros de esto son la modificación de la estructura agraria y la puesta en marcha de una nueva visión de la lucha contra el narcotráfico; otras se están haciendo a medias y el ejemplo aquí es la reforma política, de la cual hay logros parciales como el llamado “Estatuto de la Oposición”; algunas aún se discuten en las distintas instancias del Estado, como el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que sigue adelante en medio de una división enorme de la opinión al respecto y soportando no pocas arremetidas y controversias; finalmente, algunas están arrancando y pueden salir adelante, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Lo que tiene que ver con la Desmovilización, el Desarme y la Reintegración, que tuvo el éxito mayor en el momento de entrega de las armas por parte de las FARC a mediados de 2017, también ha sufrido cambios importantes: primero, se generaron y crecieron estructuras armadas disidentes o desertoras de las FARC; segundo, se ha producido una grave división al interior del partido político surgido de la negociación y hay un riesgo de rearme de algunos dirigentes históricos de las FARC; y tercero, el Estado ha sido lento e ineficiente en el desarrollo de los programas de reincorporación y ha puesto el énfasis en la reintegración individual dejando en vilo el proceso colectivo acordado.
La reestructuración empezó en el gobierno de Santos. Al someter el tratado de paz, laboriosamente construido en seis años de difíciles negociaciones, al Congreso, a las Cortes y al dominio de los ministros, se empezaron a hacer modificaciones, se aplazaron las decisiones o simplemente se engavetaron. El gobierno de Duque proclamó abiertamente la decisión de promover algunas modificaciones fundamentales, especialmente en los campos de la justicia transicional, de la transformación de la estructura agraria y de la representación política de la guerrilla desmovilizada y desarmada. Desde esa visión ha continuado en la reestructuración, intentando ir más fondo en ella y ha sometido a revisión toda la institucionalidad y todo el lenguaje que había puesto en marcha Santos. Ahora, es claro que no quiere ni puede hacer trizas el Acuerdo de Paz, pero sí quiere y puede continuar con las modificaciones y ahondarlas sin acudir a una renegociación con la FARC. El calado de los cambios que hará Duque depende de qué tanto se lo permitan partidos como el Liberal, de la U y sectores conservadores que fueron claves en las negociaciones de paz. También depende del grado de presión de la comunidad internacional que ha estado tan comprometida a lo largo del proceso. La capacidad de la FARC para contener la reestructuración y hacer valer lo originalmente acordado se ha menguado por sus derrotas políticas y su división, pero aún puede acudir a vías legales y a instancias internacionales para reclamar el cumplimiento cabal del texto firmado en el Teatro Colón.
Este informe de los dos años se hace después del triunfo de Iván Duque, del Centro Democrático y del expresidente Uribe en las elecciones presidenciales y hace eco de una realidad indiscutible: hay una variación del péndulo político. Durante el gobierno de Santos el péndulo había estado en la idea de paz negociada, de la paz sin vencedores ni vencidos. Las palabras asociadas a este propósito eran conflicto, negociación, concertación, postconflicto, justicia transicional, reconciliación y convivencia. Duque ha regresado a la idea de seguridad como eje articulador de la política y las palabras asociadas a esta idea son violencia, legalidad, autoridad, justicia ordinaria y estabilidad. Este balance describe paso a paso lo que está haciendo Duque para darle un nuevo sentido al acuerdo de paz con las FARC. Sabe que no puede negar el pacto, no sólo porque recoge la voluntad de la mitad del país, sino porque ha quedado reflejado en compromisos constitucionales y legales, nacionales e internacionales, que no son fáciles de deshacer. Pero está determinado a subordinar este Acuerdo a su proyecto político anclado en la seguridad y en el relanzamiento de un proyecto económico y social de derechas.
La manera como el presidente Duque ha manejado la negociación con el ELN muestra la prevalencia de la seguridad sobre las iniciativas de paz. El Presidente ha desatado una dura presión sobre el ELN para obligarlo a abandonar el secuestro y a disminuir o cesar la mayoría de sus acciones antes de sentarse a la mesa de conversaciones, a pesar de que sabe que no será muy difícil llegar a un cese bilateral al fuego una vez se reinicien las conversaciones. Quiere hacer notar su autoridad, su negativa a hacer concesiones, su determinación de someter a las fuerzas que están en la ilegalidad, así esto conlleve el riesgo de echar por la borda los acuerdos de agenda, metodología de la negociación y protocolos del cese bilateral y la declaración expresa de que esas conversaciones se orientan claramente hacia la dejación de las armas por parte de esta guerrilla.
La visión de Duque ha sido reforzada, además, por las tendencias políticas en el entorno regional. El ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil, la profundización de la crisis venezolana con su trasunto de violencias y la disparatada agenda de Trump en Estados Unidos no generan un ambiente muy propicio para un proceso de paz frágil como el colombiano. De hecho, una perturbación nada despreciable de los últimos meses para las negociaciones de paz con el ELN y para la propia reintegración de las FARC ha sido la ruptura diplomática con el gobierno de Maduro y las acusaciones de refugio de terroristas que Duque le hace a Venezuela.
El documento abarca 17 ítems del postconflicto. Allí se encuentra desde la radiografía de los grupos postfarc o llamadas disidencias, hasta el balance de los PDETS, pasando por la Justicia Transicional, los asesinatos de líderes sociales, el balance de los cultivos ilícitos, unas puntadas sobre el narcotráfico en las regiones colombianas, el diagnóstico de la reincorporación y las afectaciones ambientales. Este sexto informe le hace una mirada trasversal al postconflicto y en su elaboración participaron 57 personas, la mayoría de ellas pertenecientes a Pares, pero la contribución de investigadores de la Universidad Católica de Cali, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y de organizaciones no gubernamentales de Norte de Santander fue decisiva. Aquí se podrá encontrar un análisis territorializado, municipio a municipio y región a región, así como un análisis de los dos años del postconflicto. No es solo una fotografía del momento.