Por: Katerin Erazo, Periodista
Después del anuncio del presidente Gustavo Petro de descartar cualquier posibilidad de negociar con el Clan del Golfo en busca de una paz duradera, quedan algunas incertidumbres sobre cómo actuará este grupo ilegal en el futuro.
Por esta razón, se consultó a Francisco Daza, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), quien señaló que el presidente no considera al Clan del Golfo como un actor político. Según el investigador, esto podría ser malinterpretado por el grupo ilegal, ya que ellos han presentado al Clan del Golfo como un actor político que tiene influencia y realiza actividades sociales en las zonas donde opera.
Según Francisco Daza, esta postura del presidente podría tener implicaciones graves, como posibles retaliaciones armadas por parte del Clan del Golfo para demostrar su fuerza y control social en las zonas donde operan. Esto podría llevar a situaciones similares a las que se vivieron durante el paro armado del Clan del Golfo en mayo del año pasado.
Entre el 5 y el 10 de mayo de 2022, el Clan del Golfo llevó a cabo un paro armado en respuesta a la extradición de su líder máximo, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", a Estados Unidos. Según un balance hecho por la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, se registraron un total de 145 afectaciones en nueve departamentos y 77 municipios del país, siendo Antioquia, Córdoba y Chocó los departamentos más afectados. (Ver: Balance del paro armado del Clan del Golfo)
Dentro de las consecuencias del paro, se reportaron 22 homicidios, 21 ataques a establecimientos comerciales, 91 ataques a medios de transporte, tres enfrentamientos armados, cuatro bloqueos de vías y la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en al menos 10 municipios.
El paro armado del Clan del Golfo puso en evidencia la extensión de su presencia territorial en el noroeste del país y en la costa atlántica, donde logró consolidarse como el actor armado predominante. Según el investigador nacional de Pares, estas consecuencias podrían repetirse en el futuro para que esta organización criminal muestre su poder en los territorios.
Además de las consecuencias mencionadas, también se podría considerar la situación del paro minero en el Bajo Cauca, donde se sospecha que el Clan del Golfo está involucrado. De acuerdo con Daza, esto podría indicar que la organización criminal quiera retomar este tipo de paros armados de manera más amplia, no solo en Bajo Cauca, sino en otras zonas del país en donde tienen presencia como: Chocó, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar, Nariño, Norte de Santander y Sucre. (Ver: Disturbios en Caucasia: así transcurre el Paro Minero en el Bajo Cauca)
Según Francisco Daza, el presidente Petro tomó una posición acertada al descartar la posibilidad de negociar con el Clan del Golfo, ya que, en su opinión, este grupo no tiene una agenda política ni voceros, a diferencia de otros grupos armados como el ELN y las antiguas FARC que tienen una larga historia y trayectoria en la lucha armada.
El investigador también se refirió a la Ley de Sometimiento y señaló que está siendo objeto de múltiples modificaciones, y una de ellas es que el Clan del Golfo podría quedar excluido, ya que, según Daza, el presidente Gustavo Petro es quien tiene la última palabra sobre con qué grupos se negocia y con cuáles no, puesto que él define quiénes son los grupos políticos y quiénes los grupos de crimen organizado.
Es importante destacar que además del Clan del Golfo, existen otros grupos ilegales que también deben ser considerados en el proceso de Paz Total. En este sentido, el investigador mencionó la importancia de que el Gobierno tenga planes alternativos en caso de que estos grupos armados no quieran someterse a la justicia o no muestren interés en el proceso de paz.
Cabe resaltar que todos los grupos que han expresado su interés en participar en el proceso de paz también buscan evitar el sometimiento, ya que desean negociar y obtener un reconocimiento político que les permita acceder a ciertos beneficios y evitar algunas consecuencias, como la prisión.
El investigador señaló que existen ciertas exigencias que los grupos armados deben cumplir para entrar en la Paz Total, entre ellas: cesar las hostilidades contra las fuerzas públicas, dirigir sus acciones para detener la violencia contra la sociedad civil y realizar gestos humanitarios como la liberación de secuestrados, como ha hecho el ELN.
Francisco Daza señaló que hay varias etapas que deben ser consideradas después de todo lo sucedido. El resultado final dependerá también de lo que ocurra con la ley de sometimiento, los ajustes necesarios que se le haga y los filtros en el Congreso. Asimismo, habrá que esperar hasta junio, cuando finaliza el plazo del cese al fuego, para saber qué sucederá después. Según el investigador, la gran pregunta es qué pasará después de esa fecha límite.
Es por esto que para Daza es fundamental que el Gobierno aclare las dudas que la ciudadanía tiene sobre cómo actuará una vez finalizado el plazo del cese al fuego, ya que es una incógnita importante que necesita ser resuelta.
Según la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, el Clan del Golfo está presente en aproximadamente 241 municipios. Esta estructura ilegal es el sucesor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ha mantenido el control sobre las zonas históricas de la AUC. Actualmente, opera mediante una fuerza de élite conocida como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que está compuesta por hombres fuertemente armados y tiene gran presencia en los departamentos Chocó, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Cesar, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Antioquia.