¿Curules para las Farc?



Los argumentos de quienes se oponen a una asignación de curules a las Farc tienen mucha fuerza y sentido. Se dice, en primer lugar, que sería torcerle el cuello a la democracia, que las reglas deben ser iguales para todos y las Farc, una vez incorporadas a la vida civil, deben ganarse el favor popular si quieren acceder a los órganos de representación del Estado.

Se insiste que es una mala señal para la sociedad que a un grupo que ha causado tanto daño se le premie con ventajas políticas, y más puntualmente se rechaza que a jefes guerrilleros acusados de graves delitos se les permita entrar al Congreso o presentarse a otros cargos de elección popular. Se agrega que antes, mucho antes, del ejercicio político, los miembros de las Farc deben comparecer ante los tribunales de justicia acordados y pagar las condenas que se les impongan. Por último, se recurre a las encuestas que muestran un importante rechazo a la presencia de los insurgentes en el Parlamento.

El problema de los dueños de estos argumentos es que saltan por encima de la historia del país y no se detienen a mirar las llagas de nuestra democracia. Volvamos a mirar de dónde viene esta guerra. Empezó cuando varios grupos políticos y sociales fueron excluidos de la vida democrática mediante el acuerdo de Frente Nacional entre liberales y conservadores, y se agrandó y se volvió más cruel después del fracaso del pacto de paz de Belisario Betancur y del genocidio de la Unión Patriótica.

Quiero recordarles a los lectores que la Unión Patriótica, hija del acuerdo de paz entre Betancur y las Farc, obtuvo en su primera incursión en el escenario electoral 14 parlamentarios, así mismo 23 alcaldías por mano propia y 102 mediante coaliciones. Arrasaron a tiros con estas conquistas legítimas. Precisamente Iván Marquez, jefe de la delegación de las Farc, había llegado a la Cámara de Representantes en ese experimento y decidió volver al monte cuando empezó la matazón.