Los argumentos de quienes se oponen a una asignación de curules a las Farc tienen mucha fuerza y sentido. Se dice, en primer lugar, que sería torcerle el cuello a la democracia, que las reglas deben ser iguales para todos y las Farc, una vez incorporadas a la vida civil, deben ganarse el favor popular si quieren acceder a los órganos de representación del Estado.
Se insiste que es una mala señal para la sociedad que a un grupo que ha causado tanto daño se le premie con ventajas políticas, y más puntualmente se rechaza que a jefes guerrilleros acusados de graves delitos se les permita entrar al Congreso o presentarse a otros cargos de elección popular. Se agrega que antes, mucho antes, del ejercicio político, los miembros de las Farc deben comparecer ante los tribunales de justicia acordados y pagar las condenas que se les impongan. Por último, se recurre a las encuestas que muestran un importante rechazo a la presencia de los insurgentes en el Parlamento.
El problema de los dueños de estos argumentos es que saltan por encima de la historia del país y no se detienen a mirar las llagas de nuestra democracia. Volvamos a mirar de dónde viene esta guerra. Empezó cuando varios grupos políticos y sociales fueron excluidos de la vida democrática mediante el acuerdo de Frente Nacional entre liberales y conservadores, y se agrandó y se volvió más cruel después del fracaso del pacto de paz de Belisario Betancur y del genocidio de la Unión Patriótica.
Quiero recordarles a los lectores que la Unión Patriótica, hija del acuerdo de paz entre Betancur y las Farc, obtuvo en su primera incursión en el escenario electoral 14 parlamentarios, así mismo 23 alcaldías por mano propia y 102 mediante coaliciones. Arrasaron a tiros con estas conquistas legítimas. Precisamente Iván Marquez, jefe de la delegación de las Farc, había llegado a la Cámara de Representantes en ese experimento y decidió volver al monte cuando empezó la matazón.
No se necesita mucha imaginación para concluir que los voceros de la guerrilla piensan en esta tragedia a la hora de solicitar unas curules en medio de este nuevo proceso de paz. Lo hacen además, corrigiendo un grave error de los años ochenta, lo hacen suscribiendo a la vez la decisión de dejar por siempre las armas, no como en aquella oportunidad donde el compromiso era apenas una tregua que podía eventualmente desembocar en el fin del conflicto.
No es la única justificación. Las dificultades que tendrán las guerrillas para hacer política serán mil veces más grandes que hace 30 años. Mientras el país se volcó sobre las ciudades los grupos subversivos se replegaron hacia las zonas de periferia y buscaron cobijo entre campesinos cocaleros y colonos marginados de la vida nacional. Ese será su primer entorno electoral. Reducido, precario. Más allá se la tendrán que ver con avezados políticos con los bolsillos llenos de dinero producto de la contratación estatal, del apoyo privado y de los negocios ilegales.
Se dirá que esa es la suerte que se merecen, que serán víctimas perfectas de su propio invento. Pero esa no puede ser la lógica de la paz y de la ampliación de la democracia. El país necesita abrir espacios, revitalizar la competencia electoral, impulsar el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, superar la exclusión, para que nadie, nunca más, tenga el pretexto de las limitaciones democráticas para alzarse en armas.
La Mesa de La Habana ha trabajado con esa perspectiva de apertura democrática y, por eso, en el segundo punto de los acuerdos se anuncian, además de reformas importantes, unas zonas donde se establecerán circunscripciones especiales de paz que se harán realidad en las elecciones de 2018; allí se ampliará el cupo de parlamentarios y se les dará la oportunidad a las fuerzas que surjan de la paz para que elijan su representación. Pero las curules dadas en forma directa son un complemento necesario para que las Farc y probablemente el ELN hagan la transición de las armas y la ilegalidad a la política.
De manera inteligente el acuerdo sobre justicia suscrito el 23 de septiembre no condiciona la participación política de las Farc. Eso permite que después de la firma de la paz y una vez se realice la dejación de las armas se puedan habilitar las curules que se convertirán en la única forma de representación de la guerrilla hasta 2018. Ahora bien, es probable que las Farc, si es que obtienen las curules, postulen a personas más allá de sus propias filas. Así lo hicieron hace 30 años. Sería una manera de hacer honor a la Unión Patriótica que trascendió la guerrilla y se convirtió en un movimiento independiente en abierta lucha por la paz del país.
Nota. Por fin el gobierno está perfilando un mecanismo idóneo para buscar la refrendación de los acuerdos de paz. Sería bueno que las Farc examinaran el proyecto de plebiscito y se pronunciaran sobre su conveniencia.
Columna publicada en Revista Semana